Nueva ley de Evaluación Ambiental para reducir expedientes y plazos de tramitación y permitir el Fracking

FUENTE

El Gobierno incluye el control ambiental del’fracking’ en la Ley de Evaluación Ambiental

  • Deberá hacerse un control ambiental del impacto de la fractura hidráulica
  • Propone crear bancos de la naturaleza, un instrumento de compensación
  • Incorpora el estudio de los efectos de los proyectos sobre el cambio climático

Efe 19.04.2013

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que establece que los proyectos de extracción de hidrocarburos mediante la técnica de la fractura hidráulica o fracking, deberán someterse al control ambiental de sus impactos.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Miguel Arias Cañete, ha justificado la reforma de la ley de 2010, en la necesidad de reducir expedientes y plazos de tramitación “en un momento de recesión”.

Control ambiental de la fractura hidráulica

El Anteproyecto contempla que la todos los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica o fracking para extraer hidrocarburos tengan que someterse a una evaluación ambiental. Aunque el fracking aún no se ha implantado en España, como recoge el especial de RTVE.es sobre fracking, las peticiones de usar esta técnica se han multiplicado: de 15 solicitudes de media al año, en 2011 hubo 45.

La Ley de Hidrocarburos dice que si la zona que se quiere explorar está situada en más de una comunidad autónoma o limita con el mar, es competencia del Gobierno central. Si está en un mismo territorio, es responsabilidad de la Comunidad Autónoma.

Así, moratorias como la aprobada por Cantabria, hace que solo sean aplicables a los permisos activos en la región. En toda España se han concedido más de 100 permisos de investigación (entre el Ejecutivo central y los autonómicos), a pesar de la oposición social que genera esta técnica, que de momento no se lleva a cabo en ningún lugar de Europa, por sus controvertidos impactos.

Cambio climático y bancos de naturaleza

Otra de las novedades introducidas en el Anteproyecto es que incorpora el estudio de los efectos de los proyectos sobre el cambio climático. También crea los bancos de conservación de la naturaleza, un nuevo instrumento de mercado para compensar, reparar o restaurar las posibles pérdidas netas de los valores naturales.

Impacto económico de la nueva ley

Según ha observado el ministro Arias Cañete, el Anteproyecto “garantiza un alto nivel de protección medioambiental” y tendrá, a su juicio, efectos positivos sobre el crecimiento y el empleo, ya que las tramitaciones ajustadas a los nuevos plazos “incentivarán la inversión”, y la simplificación de los procedimientos “promoverá la generación de puestos de trabajo”.

En concreto, el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estima que tendrá un impacto sobre la actividad económica de 1.000 millones de euros y que generará unos 80.000 empleos.

La ley planteada, que unifica dos leyes -la de Evaluación Ambiental Estratégica y de Evaluación de Impacto Ambiental- especifica que la falta de pronunciamiento del órgano ambiental en los plazos legalmente establecidos en ningún caso podrá entenderse como una evaluación ambiental favorable.

Asimismo la ley exige, y según el ministerio, una “mayor calidad” en los estudios y documentos sobre los que deben pronunciarse los órganos ambientales.
Respecto a la coordinación con las comunidades autónomas, establece que los Gobiernos regionales que decidan establecer su propia normativa deberán respetar los principios básicos contenidos en la nueva Ley.

Con esta finalidad, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente asumirá el papel de foro para la propuesta y el debate de las reformas legislativas necesarias para la adaptación de la normativa autonómica a la futura Ley de Evaluación Ambiental.

El Magrama incide también en la que norma promueve las nuevas tecnologías y el acceso de los ciudadanos a la Administración electrónica y, en el ámbito de la participación, favorece el trámite de información pública al ciudadano.

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