Opacidad y seísmos en el proyecto Castor

FUENTE

Desde hace aproximadamente un mes, la costa de Castellón y Tarragona ha sufrido alrededor de 400 microseísmos. La semana pasada se registró uno de 4,1 grados en la escala Richter, ya perceptible de forma evidente por la población local. Todo ello cerca de la Falla del Camp, donde se encuentran las centrales nucleares de Ascó y Vandellós. La reciente experiencia de Fukushima demuestra las fatídicas consecuencias que la actividad sísmica puede desencadenar en zonas donde se encuentran centrales nucleares, consecuencias que se están sufriendo todavía hoy, aunque el tema ya no esté tan presente en la agenda mediática.

Los especialistas apuntan que estos seísmos tienen una relación directa con la inyección de gas que se ha estado haciendo en la plataforma Castor, que podría haber desestabilizado el sistema de fallas en el que se encuentra. Además, existen precedentes no muy lejanos ni en el tiempo ni en el espacio que deberían haber prevenido a las autoridades competentes, como es el campo de gas de Lacq, en Francia, donde se registraron 800 terremotos de pequeña magnitud durante el proceso de inyección de gas. La naturaleza no hace nada en vano, decía Aristóteles.

El Colegio de Geógrafos de España indica que, aunque no es una zona de especial riesgo sísmico, no sería la más apropiada para un proyecto de estas características. Incluso el Ministro Soria ha admitido públicamente que los terremotos podrían tener una relación directa con el proyecto Castor, y ha dictado una resolución para paralizar temporalmente las actividades.

Algunos pensarán que el gobierno ha reaccionado rápidamente, y que se están tomando las medidas adecuadas para evitar daños mayores. Sin embargo, ante una instalación de tales características, y dadas la delicada coyuntura del lugar (por la presencia de centrales nucleares) y los precedentes observados en Laq, lo que habría que cuestionarse es por qué no se aplicó el principio de precaución en un proyecto que claramente lo requería. Una adecuada gestión del riesgo tiene que servir justamente para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones expuestas a amenazas naturales. En este caso, poblaciones que además están expuestas al riesgo asociado de dos centrales nucleares.

El proyecto Castor es un proyecto de almacenamiento de gas que permitiría cubrir la demanda de gas fósil de España durante 50 días en caso de problemas de abastecimiento. Se diseñó para prevenir la dependencia energética actual que tenemos de Argelia respecto a este recurso. Sin embargo, el proyecto cuenta con múltiples detractores, no solamente críticos del modelo energético basado en energías fósiles que sostiene, sino también otros sectores que alertan de la presión que el elevado coste de sus infraestructuras añadirá a los costes regulados del sistema gasista, que probablemente provocará un aumento en el precio final del gas. Sin olvidar el impacto ambiental que un almacén de tales características supone.

La concesión de la explotación de este almacén subterráneo la tiene un consorcio privado, Escal UGS, formado por la constructora de Florentino Pérez ACS (66,7%) y la canadiense Dundee Energy (24,6%). A pesar de las críticas al proyecto, parece que este consorcio ya se benefició el pasado mayo de una resolución del Ministerio de Industria, en la que se permitía que terceros puedan adquirir para Escal UGS el gas que hasta ahora sólo podía comprar la empresa titular de la concesión, liberándola así de tener que hacer una excesiva inversión inicial. Además, se han observado algunas irregularidades en la gestión de la concesión, como la modificación del proyecto (triplicando sus costes) con posterioridad a la entrega de los informes del Instituto Geológico y Minero (IGME).

Pero más allá de posibles negligencias de las autoridades competentes o intereses privados, el proyecto Castor debería abrir un debate sobre la transparencia en la explotación de los recursos comunitarios. ¿Cómo puede ser que no se informara debidamente a la población sobre sus posibles consecuencias? Es un proyecto que explota unos recursos y un espacio públicos, y sus habitantes tienen derecho a estar informados de las consecuencias que puede tener un determinado uso de ese territorio. Sobre todo porque estas consecuencias, tanto las económicas como las que podría ocasionar sobre la salud y el medio, las pagaremos todos.

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