Proyecto Castor y prospecciones en Canarias; paralelismos

FUENTE
 

La naturaleza no se elige ni puede cambiar de lugar.

Conviene trazar un breve paralelismo entre lo que está ocurriendo con el Proyecto Castor frente al Delta del Ebro y lo que ha ocurrido o podría ocurrir con las prospecciones petrolíferas en Canarias. Un ejercicio interesante y esclarecedor, realizado a partir de las últimas informaciones aparecidas en prensa, que revela algunas reglas de comportamiento que se repiten con cierta recurrencia cada vez que están en liza proyectos de gran impacto ambiental.

El Proyecto Castor persigue aprovechar como almacén de gas un antiguo pozo petrolífero vacío. El pozo está situado a unos 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar, a unos 22 Km de la costa de Vinarós, en Castellón. El objetivo de la empresa que ejecuta el proyecto, Escal UGS, es rellenar con gas dicho espacio para atender, en caso de desabastecimiento, un tercio de la demanda nacional de gas durante 50 días. El gas se inyecta directamente en las cavernas de la roca porosa que albergaba el crudo, de modo que donde antes había petróleo ahora estará el gas almacenado. Recaredo del Potro, presidente de la compañía declaró en su momento que no había otro emplazamiento que reuniera las condiciones óptimas para el proyecto.

Plataforma del Proyecto Castor frente al Delta del Ebro

El proyecto ha sido posible gracias a una inversión de 1.300 millones de € aportados por un consorcio de 19 bancos, entre los que hay 5 españoles. También contempla una planta de operaciones terrestres y la construcción de un gasoducto que conecte el almacén submarino con la costa. Las obras han generado alrededor de 1.000 empleos y se espera que mantenga una plantilla de unos 100 empleados cuando el almacén esté a pleno rendimiento.

El proyecto comenzó a concebirse durante la década de los 90 y generó una creciente oposición hace unos años. Una de los colectivos contra el proyecto, la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Senia, denunció su viabilidad social, económica y los riesgos de intensa contaminación de un entorno natural libre de grandes industrias. Asimismo, numerosos colectivos de pescadores temen en la actualidad que la industria pesquera de la zona se vea afectada. Estas protestas fueron ignoradas sistemáticamente o, al menos, escasamente consideradas por la empresa promotora y las administraciones públicas que avalan y supervisan el proyecto. A lo sumo la compañía llegó a un acuerdo con el ayuntamiento de Vinaròs para comprar 30 hectáreas donde se ubicaría la planta de tierra, la contratación de trabajadores de la zona y el cultivo de naranjos por parte de una organización de minusválidos en el área no ocupada por las instalaciones de la compañía.

El día 24 de septiembre se detecta un seísmo de magnitud 3,6 en la escala de Richter y el 26 el ministerio de Industria ordena la paralización de la actividad del Proyecto Castor. La empresa argumenta que la inyección de gas se detuvo el pasado día 16 de septiembre y en un primer momento trata de desvincular los seísmos de la transfusión de gas en las profundidades marinas. Sin embargo, los temblores en la zona han persistido durante los últimos días. Con una intensidad máxima alcanzada de 4,2 grados han sido perceptibles desde la costa que va desde Tarragona hasta Castellón. En la terminología eufemística del ministro de Industria se trata de una serie de microseísmos, como si lo de micro restara importancia al fenómeno sísmico.

Algunos expertos geólogos afirman que los temblores percibidos tienen por causa una sismicidad inducida por el propio proyecto. Según ellos, el proceso de encaje del gas puede haber provocado un cambio en las condiciones de elasticidad del subsuelo marino, dando como resultado desprendimientos de los techos de las cavernas submarinas donde se alojaría el gas. Estos derrumbamientos son los que habrían liberado presión y producido los temblores.

Como suele ser habitual, el ministro del ramo, José Manuel Soria, aseguró en su momento que poseía constancia de que el proyecto tenía todos los estudios necesarios que garantizaban su seguridad y su viabilidad. La empresa promotora del proyecto también dejó claro que cumplió con todos los estudios previos antes de la construcción del complejo. Es más, fue el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, entonces en manos del PSOE, el encargado de evaluar toda la instalación en 2009, otorgando una declaración de impacto ambiental positiva. Sin embargo, según ha podido trascender, la evaluación de impacto ambiental no tuvo en consideración los riesgos sísmicos que traen aparejados estos proyectos. De hecho, uno de los tramos del gasoducto contemplado en el proyecto no presentó la evaluación de impacto ambiental pertinente. En consecuencia, la recurrente actividad sísmica en la zona ha obligado al ministro de Industria no solo a paralizar las actividades del proyecto Castor, tal como hemos indicado, sino a reconocer la relación directa entre la filtración de gas en la roca y los temblores sísmicos.

De la sucesión de hechos descrita, llegamos a la siguiente cartografía de la irresponsabilidad medioambiental y democrática. Unas particularidades que se repiten con demasiada frecuencia en muchos proyectos, también con las prospecciones en Canarias:

  • A priori se cuenta con estudios que aseguran la viabilidad y seguridad del proyecto. Estudios divulgados por los medios con el marchamo de inapelables o irrefutables que le otorga la empresa responsable del proyecto y las administraciones públicas encargadas de su vigilancia.
  • Declaraciones de Impacto Ambiental favorables al proyecto, independientemente del color político del gobierno de turno. Un análisis crítico de esas declaraciones revela importantes irregularidades y deficiencias en su gestación, lo que demostraría su fraudulencia.
  • Actuación negligente de los organismos públicos encargados de supervisar el proyecto así como de velar para que no se produzcan afecciones medioambientales sobre el territorio.
  • Escasa o nula asunción de responsabilidades por parte de los cargos públicos encargados de valorar la idoneidad o supervisar el desarrollo de estos proyectos.
  • Caso omiso a las manifestaciones organizadas por plataformas ciudadanas contra el proyecto. Voces ciudadanas que se ignoran completamente, que se estigmatizan y de las que no se tiene en cuenta ni su opinión, ni sus argumentos, ni sus alternativas.
  • Arbitraje de medidas compensatorias al proyecto que solo persiguen ocultar esas críticas y contentar con simples migajas a una población que en caso de catástrofe será la principal damnificada. Unas medidas compensatorias que en muchas ocasiones se imponen, sin debate público previo con los damnificados.
  • Infravaloración de potenciales riesgos ambientales de consecuencias imprevisibles, bien porque se ignoran deliberadamente en virtud de la buena consecución del proyecto, bien porque se desconoce el comportamiento biológico o geológico del entorno donde se ubica el proyecto. En consecuencia se socializan los riesgos.
  • No aplicación del principio de precaución, lo que sería aconsejable en virtud del desconocimiento de los potenciales riesgos inducidos y sus consecuencias.
  • Proyectos de dimensiones colosales, que requieren de una inversión enorme que, sin embargo, no generan gran volumen de empleo. Además, se trata de proyectos que por exigir un gran esfuerzo económico y en un clima de profunda crisis no son sometidos por los poderes públicos a una reconsideración colectiva de su necesidad social, lo que resulta sorprendente en un contexto de recortes en otras áreas vitales para la sociedad.
  • Se traslada a la opinión pública la idea de que no hay otra opción ni respecto a la envergadura de estos proyectos, ni en cuanto a su diseño, ni en cuanto a su emplazamiento. Ideas insuficientemente justificadas.

Muchas de estas características son fácilmente identificables en la problemática de las prospecciones petrolíferas frente a Canarias. Esperemos que no tengamos que lamentar ninguna catástrofe medioambiental.

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