La confianza en la UE, los eurobonos y el proyecto Castor

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El Banco Europeo de Inversiones (BEI)  ha elegido un proyecto español como el óptimo para usar, por primera vez, sus «bonos-proyecto», un programa conjunto con la Comisión Europea (CE) que sirve para financiar proyectos de infraestructuras clave en sectores como el transporte y la energía. El BEI invertirá 500 millones de euros en un almacén de gas subterráneo frente a la costa de Castellón.

«Castor» se llama el alumno aventajado que asoma sus torres a unos 22 kilómetros de la costa de Vinarós, un proyecto impulsado por el ministerio de Industria dentro del Plan Estratégico para la Electricidad y el Gas 2008-2016, con la máxima categoría (A Urgente), como proyecto «necesario y prioritario» para el sistema gasista español.

Castor, desarrollado por la constructora ACS y la empresa Dundee Energy, conseguirá almacenar hasta un 30% del consumo diario de gas en España lo que, según sus responsables, «permitirá lograr una clasificación crediticia más atractiva para los inversores» y garantizará el suministro y la estabilidad de precios en el futuro.

Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos y Monetarios se ha mostrado muy satisfecho con esta primera emisión de «bonos-proyecto» como «signo positivo del apoyo en aumento a inversiones esenciales para el crecimiento sostenible en Europa. La iniciativa de los bonos-proyecto es una manera innovadora de abrir las infraestructuras a la inversión privada y un elemento clave a la hora de contribuir al estímulo del crecimiento y el empleo», explicaba su comunicado oficial.

La fase piloto de la iniciativa «Europa 2020 bonos-proyecto» arrancó en el verano de 2012 con 230 millones de euros del presupuesto comunitario. Una inversión económica pero también simbólica porque ofrece al conjunto de la UE como garantía y, en la situación actual de restricción del crédito, las instituciones europeas confían en que esa garantía ofrezca seguridad a los inversores privados para que inviertan su dinero.

Según los cálculos iniciales del BEI, esos 230 millones se podrían multiplicar por 15 en el peor de los casos, es decir, que se podrían transformar en más de 4.000 millones de euros en inversión privada.

«El presupuesto comunitario como motor del crecimiento», lo defendió entonces Rehn con el apoyo del presidente del BEI, Werner Hoyer que aseguró que «la fase piloto añadirá una nueva dimensión a la contribución del BEI en la financiación de infraestructuras en Europa».

En el inicio de la fase piloto, la canciller alemana Angela Merkel defendió que los bonos «se destinen a proyectos y a países que necesitan inversiones con urgencia, como Grecia, Portugal, Italia y España».

Actualmente, hay nueve proyectos que podrían incluirse en la iniciativa, entre ellos, autopistas en Bélgica, Alemania, Eslovaquia y Reino Unido, conexiones a la red eléctrica de parques eólicos marinos en Alemania y el Reino Unido y una instalación de almacenamiento gasístico en Italia.

España, un buen ejemplo de «bonos-proyecto»

El pasado jueves 29 de agosto, Oli Rehn defendía en su discurso en el Foro de Alpbach, en Austria, la confianza en España y en otros países como Francia, Italia y Eslovenia y la prórroga para que cumplan sus objetivos de déficit basándose en «los logros ya conseguidos» siempre que este tiempo adicional se use para «intensificar las reformas estructurales».

Rehn señaló en su discurso que la actual brecha en el crédito al sector privado deben salvarla otros jugadores y mencionó los préstamos del BEI a la financiación de las PYME, la innovación, la infraestructura y el crecimiento verde.

«El mes pasado, un proyecto de almacenamiento subterráneo de gas en España fue el primero para el que se emitieron los bonos para proyectos en la etapa experimental», señaló el Vicepresidente de la CE, «y esto es un signo alentador de la confianza en el país», destacó después.

El Proyecto Castor es la joya de la corona de los bonos-proyecto. Una instalación de almacenamiento de gas natural submarino capaz de contener 1,3 millones de metros cúbicos de gas.

El proceso consiste en tomar el gas de la red general y almacenarlo en el subsuelo submarino. Para ello, el gas se transfiere a través de un gasoducto de aproximadamente 30 km de longitud, en su mayoría bajo el mar, que conecta la Planta de Operaciones Terrestres Ignacio Pérez con una plataforma en alta mar situada a 22 km de la costa de Vinarós, en Castellón.

Cuando el sistema de gas lo requiera, estas instalaciones podrán devolver gas del almacenado en las mismas condiciones en las que fue recibido por el mismo gasoducto submarino.

El proyecto Castor cuenta con una capacidad de almacenamiento útil de 1.300 millones de Nm3 de gas operativo y de 600 MNm3 de gas colchón ( el «gas colchón» es el volumen mínimo de gas natural que debe haber en un almacén subterráneo para que se pueda extraer gas útil a la presión adecuada e introducirlo en la red). Con esta capacidad, podrían atender un tercio de la demanda de gas natural de España durante aproximadamente 50 días.

La estrategia «Europa 2020»

Desbloquear el crédito a inversores institucionales para que puedan efectuar inversiones a largo plazo en infraestructuras europeas es crucial para estimular el crecimiento económico y crear empleo. El Banco Europeo de Inversiones, la entidad acreedora a largo plazo de la Unión Europea, se ha convertido en agente esencial del crecimiento europeo y se ha comprometido a apoyar las inversiones esenciales para el futuro de Europa.

En este marco, los bonos los emiten las propias empresas que desarrollan el proyecto, y no el BEI o los Estados miembros. El papel del Banco Europeo de Inversiones consiste en facilitar la mejora crediticia a través de otros instrumentos dependientes, ya sea un préstamo o una facilidad crediticia, para apoyar la deuda senior emitida por la empresa encargada del proyecto.

Esta ayuda al crédito es uno de los pilares de la estrategia «Europa 2020», lanzada por la CE en 2011 para que las empresas privadas, como aseguradoras o fondos de pensiones, inviertan en proyectos de infraestructuras.

La Comisión ha estimado que para cumplir con los objetivos de «Europa 2020», la estrategia de crecimiento económico que sustituye a la Estrategia de Lisboa y es menos burocrática, más dirigida a nivel político y con objetivos claros y exigibles, los volúmenes de inversiones necesarias en sectores como el del transporte, la energía o las redes de información y telecomunicaciones, se situarían entre 1,5 y 2 billones de euros.

Como punto de partida de la nueva estrategia, la CE y el BEI plantean que Europa debe aprender de lo ocurrido en la crisis económica y financiera mundial y asumir que ningún Estado miembro puede enfrentarse eficazmente a los desafíos globales en solitario, por lo que el éxito depende de una estrecha coordinación de la política económica.

La Comisión ha identificado en la estrategia 2020 tres motores clave del crecimiento que deberán ponerse en marcha a través de acciones concretas en el ámbito nacional y de la UE :

– Crecimiento inteligente (impulsar el conocimiento, la innovación, la educación y la sociedad digital).

Crecimiento sostenible (fomentar una producción más eficiente en cuanto a los recursos a la vez que impulsar nuestra competitividad).

Crecimiento integrador (aumentar la participación en el mercado de trabajo, la adquisición de cualificaciones y la lucha contra la pobreza).

El progreso hacia estos fines se medirá en función de cinco objetivos principales representativos en el ámbito de la UE y que los Estados miembros deberán traducir en objetivos nacionales. Entre los objetivos se encuentran que el 75% de la población de 20 a 64 años de edad deberá tener empleo, que el 3% del PIB de la UE deberá invertirse en I+D, que se alcanzarán los objetivos 20/20/20 en el ámbito del clima y la energía, que la tasa de abandono escolar deberá ser inferior al 10%, que al menos el 40% de los jóvenes deberá tener una cualificación o un diploma y que habrá 20 millones de personas menos expuestas al riesgo de la pobreza.

La agenda europea para 2020 es más que ambiciosa y para que se cumpla debería convertirse en prioridad para todos los agentes implicados, organizaciones de nivel comunitario, Estados miembros, y autoridades locales y regionales. Quedan apenas 7 años.

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