ACS y Escal evitaron que se analizara el riesgo de terremotos en el Castor

FUENTE

Cambiaron el proyecto del almacén después del informe realizado por el Instituto Geológico. Cataluña pidió en varias ocasiones que se le informara de los riesgos ambientales.

ACS y su socia, la constructora canadiense Escal, eludieron en el primer estudio de impacto ambiental del almacén de gas Castor analizar la repercusión del mismo en la actividad sísmica de Castellón. En apenas un mes, la provincia ha sufrido un total de 220 terremotos, el más alto de 3,6 en la escala de Richter, lo que ha provocado la alarma de las instituciones y la alerta de la población.

Prueba de ello es que el Ministerio de Industria decidió el jueves por la noche suspender con efecto inmediato la actividad de este almacén hasta que tenga un informe completo del Instituto Geológico.

Industria, así como los ayuntamiento de la zona, han reclamado información clara al respecto. Aunque Castellón siempre ha tenido una leve actividad sísmica, el Instituto Geológico tiene obligación de seguir con detalle cuando se producen 10 movimientos seguidos.

Según ha podido saber elEconomista, el Ministerio de Industria emitió el 14 de julio de 2004 una orden para obligar a ACS y Escal a presentar un estudio de impacto ambiental del Castor en un plazo de tres años con la advertencia de que si esta condición se incumplía llevaría aparejada la caducidad del permiso.

En un oficio del 12 de enero de 2006, la dirección general de calidad y evaluación ambiental de la Generalitat -una vez analizado el informe de Castor- dispuso que “se detallarán los efectos del proyecto sobre todos los elementos anteriormente inventariados y cartografiados (…) Entre otros, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: se estudiará la frecuencia de la actividad sísmica en comparación con las tendencias anteriores para revelar posibles cambios introducidos por las operaciones de inyección”, pero el promotor de la instalación no incluyó ningún análisis sobre el asunto hasta casi finalizar el año, según indicaron a este diario expertos conocedores de aquel proceso.

El 2 de octubre de 2006, el Ministerio de Industria pidió un informe al por entonces Instituto Geológico y Minero de España en el que adjuntaban la documentación presentada finalmente por Escal junto a su solicitud de concesión.

El 24 de enero de 2007, el Instituto envió su informe, en el que según fuentes conocedoras del mismo, apenas se limitó a dar por válidos los argumentos de Escal sin realizar pruebas prácticas o una visita de confrontación para examinar los datos.

Cambio del proyecto

Lo curioso del asunto es que después de haberse emitido dicho informe positivo, Escal decidió cambiar el proyecto final y el 25 de mayo de 2007 presentó un escrito para modificar su solicitud de concesión en el que, además de incrementar de nuevo el coste de la instalación -que finalmente casi triplicó el montante presupuestado- revisó las bases de diseño de los pozos e instalaciones del almacenamiento.

Es decir, que el informe que se realizó por el Insituto Geológico no se corresponde con el proyecto finalmente construido en la costa de Castellón.

En julio de 2007, la compañía promotora presentó un documento calificado de insuficiente, tal y como se encargó de destacar la Dirección General de Políticas Ambientales de la Generalitat de Cataluña mediante un informe del 21 de septiembre de 2007, en el que mostró la necesidad de una evalución detallada sobre los impactos de esta instalación que no habían sido tenidos en consideración.

Según indicaron fuentes consultadas por este diario, dicho estudio no contenía una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos sobre la población o el patrimonio artístico y arqueológico.

Este extremo fue incluso denunciado por un empresario de la zona ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo.

Un coste de escándalo

El almacén de gas tenía en un primer momento un presupuesto de 500 millones de euros, hecho por el cual se incluyó en la planificación energética pero finalmente su coste ascendió a 1.300 millones.

Tras haber desvelado este hecho elEconomista, el departamento de José Manuel Soria se comprometió a auditarlo, aunque nada se conoce de los avances de este proceso desde hace más de un año. Según fuentes del sector, esta revisión tiene que producirse antes de que se decida la retribución definitiva de este almacén y que servirá para definir el coste real de la misma. Previsiblemente, los pliegos del concurso, que Industria puede encargar, facilitarán que esta supervisión se realice por una de las empresas especializadas en el sector petrolero, ya que este tipo de plataformas tiene un mayor parecido a los pozos de petróleo que a instalaciones gasistas corrientes.

El Ministerio de Industria preparó una orden ministerial para que fuera la CNE o el propio departamente de Soria quienes decidieran el nombre del auditor.

En 2012, ACS se negó a presentar avales para comprar el gas colchón, lo que supuso que la instalación retrasase su puesta en funcionamiento. Industria, de acuerdo con Enagás, presentaron un año después esos avales, reconociendo y soportando costes y riesgos, para poder comprar el gas colchón en la subasta de 2013. No obstante, la cantidad de gas que se logró no era suficiente y hubo grandes dudas sobre la entrada en pruebas.

Enagás tiene un acuerdo por el que comprará el 33 por ciento del proyecto cuando esté en servicio en una operación que se pretende cerrar el año próximo.

Financiación pública

Por otra parte, ACS ha sido el primer proyecto de infraestructuras español financiado con los llamados bonos de proyecto o “project bonds” y el primero apoyado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), lo que propició que hubiese demanda de inversores institucionales como fondos de pensiones y compañías de seguros en una operación de 1.400 millones de euros, según señaló este verano la agencia de calificación Fitch.

Esta operación supone que parte del riesgo financiero de la instalación pasa a asumirla este organismo europeo y eventualmente una parte del fracaso, lo que ha despertado una profunda preocupación.

Escal, por su parte, indicó ayer que espera poder volver a poner en operación el almacén. En estos momentos, aunque la compañía viene anunciando la puesta en marcha, únicamente se realiza la prueba del correcto funcionamiento de la instalación con el gas colchón.

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