El sector del gas da por muerto el almacén Castor y augura una moratoria nuclear estilo Lemóniz

FUENTE

Han pasado ya casi seis meses desde que Escal UGS, la empresa controlada por ACS, comenzase a inyectar, el 11 de septiembre, gas en el almacén del Castor, desencadenando así la avalancha de pequeños terremotos que provocó el cierre temporal de la instalación.

Poco a poco, el Ministerio de Industria y Energía ha ido dilatando los plazos para la presentación y valoración de los informes tanto técnicos y geológicos como la auditoría financiera del coste de la instalación. El Departamento que dirige José Manuel Soria ha solicitado nuevos informes ante las grandes dudas que despierta un almacén subterráneo que provocó cerca de 550 seísmos en casi un mes.

Son tantas las posibilidades de que la reapertura del Castor y la inyección de gas en el reservorio vuelvan a provocar terremotos que el sector del gas asume ya que la instalación cerrará definitivamente. Fuentes de diversas empresas y expertos del sector confirman que Industria no se atreverá a reabrir el almacén que yace bajo las aguas del Mediterráneo, a unos 30 kilómetros frente al Bajo Maestrazgo castellonense, ante el temor de nuevos seísmos y al coste que esto tendría para un Gobierno que encara las elecciones europeas de mayo como un ensayo preparatorio para las generales de 2015.

“Sería muy arriesgado para el PP prestarse a asumir la responsabilidad política de la reapertura de un almacén que provocase nuevos terremotos, cuando además su entrada en funcionamiento no es necesaria para el sistema ni lo será en la próxima década”, señala una fuente del sector consultada.

“En Moncloa no quieren ni oír hablar del Castor ni quieren volver a verlo en televisión, abriendo todos los informativos y con la ciudadanía, las asociaciones ecologistas y la mayoría de los grupos políticos pidiendo su cierre definitivo”, afirma otra fuente, que no duda de que Industria dejará para después de mayo cualquier pronunciamiento o decisión sobre el almacén.

Pero además, otras fuentes consultadas señalan que ya está sobre la mesa una posible solución salomónica, con precedente en España, que permitiría el cierre definitivo de la instalación impulsada por Florentino Pérez, presidente de ACS, sin que el Estado tuviera que asumir el pago de los casi 1.500 millones de euros que ha costado su construcción en concepto de compensación a Escal por el cese de su actividad.

Es lo que algunos ejecutivos del sector gasista han denominado la “vía Lemóniz” y otros llaman simplemente “moratoria nuclear”. Industria y Florentino Pérez podría negociar un acuerdo que estableciese una moratoria por la que el promotor de la instalación desistiría de su explotación a cambio de recibir, diferida en los próximos 25 años, la indemnización acordada una vez asumida la auditoría de cuentas.

El pago se haría a través de un pequeño porcentaje mensual con cargo al recibo del gas, casi imperceptible para el cliente, como ya se hizo en tiempos de Felipe González. El PSOE, nada más llegar al poder en 1982, anunció, en línea con su programa electoral, la paralización de los ambiciosos programas de desarrollo de la energía nuclear puestos en marcha en la dictadura al calor del desarrollismo de la década de los 60. Posteriormente se paralizaron las obras en 7 centrales ya proyectadas, una de ellas, de las más avanzadas, estaba en Lemóniz (Vizcaya).

Fue el cierre más polémico porque el grupo terrorista ETA también hizo bandera de ello y llegó a asesinar al ingeniero jefe de la central, lo que forzó al Gobierno a acelerar su paralización. Tanto la propietaria de Lemóniz, Iberduero (ahora Iberdrola), como del resto de centrales en proyección fueron compensadas con la moratoria nuclear que entró en vigor en 1997. Las grandes eléctricas cobrarían las inversiones realizadas a través del recibo de la luz durante unos 25 años de moratoria, un pago que todavía hoy sigue cargándose cada mes en la factura.

El de una moratoria para el Castor es un tema que ya está sobre la mesa, pero que no ha sido tratado ni negociado por las partes de forma conjunta, señalan las fuentes conocedoras del proceso. Industria insiste en esperar a que lleguen los nuevos informes para valorar concienzudamente los pros y contras de la instalación, mientras Escal UGS comienza a presionar con la presentación de un contrainforme de la consultora DNV, que cifra en 1.461 millones de euros el coste de la instalación y la considera “segura” y “fiable”, en palabras de Recaredo del Potro, presidente de Escal.

Mientras tanto, los expertos del sector gasista consultados reiteran que España no necesita un nuevo almacén estratégico de gas, “que nunca estaría de más en caso de crisis mundial y falta de abastecimiento, una situación que también se podría afrontar con los cuatro almacenes ya existentes“.

Recuerdan también que su entrada en funcionamiento podría provocar subidas de hasta el 6% en el recibo del gas y un aumento del déficit de tarifa de este sector, como también alertó la Comisión Nacional de Energía en un informe antes de integrarse en la CNMC

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