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Desmantelar el Castor: 143 millones

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RAMON OLIVARES RUIPÉREZ 29/06/2014

La renuncia de Escal UGS a gestionar el almacén de gas subterráneo Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs, abre la puerta a una posibilidad hasta ahora prácticamente insospechada, aunque largamente demandada por muchos sectores sociales: el desmantelamiento de la instalación. Esto tendría un coste de al menos 143 millones de euros, según se recoge en el Real Decreto 855/2008, aprobado el 16 de mayo de aquel año y firmado por el anterior ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.

Esta provisión podría ser insuficiente para llevar a cabo el desmantelamiento, habida cuenta del incremento de costes que registró la construcción de la infraestructura. Esta es una hipótesis en medio de un proceso de renuncia que todavía está dando sus primeros pasos, pero en el cual el actual ministro de Energía, José Manuel Soria, ya ha reconocido que el Estado deberá pagar la indemnización.

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Indústria inclourà el cost del Castor en la nova reforma del gas

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El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme dissenyarà la reforma del sistema gasista a partir d’un escenari de costos en el qual s’incloga el relacionat amb el magatzem subterrani de gas de Castor, segons ha indicat el secretari d’Estat d’Energia, Alberto Nadal, en una trobada amb la premsa.

L’activitat d’ompliment de gas en este magatzem va quedar suspesa l’any passat a causa dels més de 500 sismes detectats a la zona. Malgrat això, la repercussió del seu cost sobre la tarifa és previsible, ja siga per la seua hipotètica entrada en operació o per la possibilitat que els promotors revertisquen la instal·lació a l’Estat.

Nadal ha indicat que Indústria vol tenir “la màxima informació” sobre “què fer amb els mil i escaig milions” de cost de la infraestructura. “Hem de ser molt prudents” i trobar una solució que reconega la inversió al “mínim cost” per als consumidors, ha dit.

Conforme a la clàusula de l’acord de concessió del Castor el 2008, l’empresa Escal UGS, participada per ACS i la canadenca CLP, té l’opció de renunciar per escrit a la infraestructura. “És aquí quan el Govern haurà de decidir com es paga”, ha apuntat Nadal.

El secretari d’Estat d’Energia no ha precisat si el Castor podrà entrar en operació. “La pregunta del milió no és saber què ha passat, sinó saber què passarà en cas que funcione”, i de moment “ningú” ha estat capaç d’oferir una resposta, ha dit. “Hem d’estar molt segurs” i recaptar la informació “comportarà molt temps”, ha afegit.

També ha reconegut que “avui dia” el sistema gasista “no té necessitat” d’este magatzem, que es va construir amb unes previsions de demanda molt superiors a les actuals. “Si comencéssem des de zero, diríem que no a la seua construcció”, si bé, ha afegit, “això no vol dir que d’aquí a deu anys no es necessite”.

El Govern pretén que la reforma del sistema gasista entre en vigor l’1 de gener de 2015. Per acabar amb el dèficit de tarifa de “700 o 800 milions d’euros” el Govern fixarà un “escenari raonable d’evolució de demanda fins a 2020” i condicionarà la revisió de la retribució a les variacions de demanda.

La reforma de la ley de impacto ambiental hará más probables sucesos como el de la plataforma Castor

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Ecologistas en Acción valora la evaluación de impacto ambiental en España al hilo de lo acaecido en el proyecto “Castor”. Para la organización ecologista el riesgo ambiental o no se evalúa o no se considera por las administraciones responsables. Además, la nueva Ley estatal de Evaluación Ambiental que se tramita estos días en el Parlamento da un peligroso paso atrás en esta materia.

El caso de la Plataforma Castor ha puesto sobre la mesa las notables deficiencias en la evaluación de los riesgos ambientales, en este caso de carácter sísmico, asociados al proyecto. Cada día que pasa está más claro que el nivel de impacto que podía generar la inyección de gas en la plataforma continental del entorno del Delta del Ebro no se evaluó correctamente, ni se consideró como debiera a la hora de aprobar el proyecto.

A día de hoy, predecibles movimientos sísmicos afectan a una población de decenas de miles de personas de las provincias de Castellón y Tarragona. Y eso a pesar de que la empresa impulsora del Proyecto Castor, Escal UGS, realizó numerosos estudios geológicos supuestamente supervisados por el Gobierno que, sin embargo, fueron incapaces de predecir los terremotos que se han producido.

Una revisión de casos concretos de proyectos generadores de riesgos ambientales en España pone de manifiesto que este no es un suceso aislado, sino ejemplo de una casuística mucho más generalizada de lo que se piensa. Situaciones como el terremoto de Lorca, la desecación e incendios de las Tablas de Daimiel, inundaciones, incidentes en las centrales nucleares o los incendios forestales son ejemplos que Ecologistas en Acción recoge en un informe para ilustrar las deficiencias en los procesos de evaluación ambiental previos de esos proyectos. También las nuevas amenazas que representan la fractura hidráulica (fracking), el cementerio de residuos nucleares de Villar de Cañas o las prospecciones petrolíferas en Canarias y el Mediterráneo.

En ellos se revela que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas actúan con ligereza, cuando no con manifiesta negligencia a la hora de abordar los riesgos ambientales. La presión de intereses económicos y políticos se deja sentir en todo el proceso de evaluación ambiental y condiciona muchos estudios técnicos, que, a veces, incluso se obvian en la tramitación, determinando el sentido de las declaraciones de impacto ambiental y de las resoluciones aprobatorias, especialmente de los proyectos más conflictivos.

Por su parte, la normativa de impacto ambiental pasa de puntillas sobre la valoración de los riesgos ambientales, sean naturales o de origen antrópico. El contenido de los estudios queda a discreción del órgano ambiental, sin que sea preceptivo por Ley que se evalúen tales riesgos y su posible incidencia en la seguridad y salud públicas o en las condiciones medioambientales.

La nueva Ley estatal de Evaluación Ambiental que se tramita ahora en el Parlamento da incluso un paso atrás en esta materia. Además de mantener este tema en el olvido, se da la potestad a los promotores de tramitar directamente los proyectos sin pasar por un proceso de consulta previa en el que determine el contenido y alcance de los estudios de impacto. Bajo la demagógica justificación de ahorrar tiempo de tramitación, se coarta la posibilidad de que los organismos científicos y el público en general aporten sus inquietudes en este sentido para que todos los riesgos sean debidamente analizados a lo largo de la tramitación y se obtengan declaraciones de impacto bien fundamentadas. La situación actual es que a menudo se ignoran las advertencias de científicos o las controversias que pueda haber en estos ámbitos sobre la evaluación de un determinado riesgo, y con la nueva ley que se tramita esta situación empeorará.

Ecologistas en Acción pide medidas concretas que se incorporen a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, así como un cambio de actitud en los Gobiernos y en las Administraciones para actuar con el rigor y ecuanimidad necesarios en la toma de decisiones sobre proyectos con riesgos ambientales.

Entre otras medidas plantea que se incorpore como un elemento preceptivo en el contenido de los estudios de impacto ambiental la evaluación de los riesgos ambientales y para la seguridad y salud de las personas, sean de origen natural o antrópico. También que sea preceptiva la consulta previa a las distintas Administraciones y personas físicas o jurídicas interesadas o afectadas por un proyecto en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, tal y como ocurría hasta ahora.

Ecologistas en Acción va a trasladar a los grupos parlamentarios y al Gobierno estas propuestas para su incorporación a la nueva Ley de Evaluación Ambiental, así como la petición de que se cree un grupo de trabajo para abordar con mayor amplitud esta cuestión en otras normativas asociadas, como la de responsabilidad ambiental

Diputación del Castellón pedirá el cierre definitivo de Castor y responsabilidades al anterior Gobierno y empresa

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CASTELLÓN, 16 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y portavoz de la Diputación de Castellón, Miguel Barrachina, ha anunciado este viernes que la institución provincial aprobará una moción, propuesta por el grupo ‘popular’, para pedir el cierre “definitivo” del almacén de gas subterráneo Castor y exigir responsabilidades legales tanto a la empresa concesionaria como “a los representantes políticos que tramitaron y autorizaron la infraestructura”, en referencia al anterior Gobierno socialista.

Según ha informado la corporación en un comunicado, de esta forma, la Diputación “reafirma así su postura, que ya hizo pública en acuerdos plenarios de 29 de octubre y 17 de diciembre, tras conocer el estudio detallado del Instituto Geográfico Nacional (IGN)”, que concluye que la sismicidad inducida en la zona “es resultado de la actividad de inyección de gas” y revela además la existencia de una falla hasta ahora no identificada.

La Diputación ha recalcado que, de esta forma, “se confirma la relación directa entre los más de 500 seísmos que se registraron en el entorno del proyecto Castor y la inyección de gas en este almacén submarino, lo que deja en evidencia el informe de impacto ambiental”.

SIN LAS GARANTÍAS “SUFICIENTES”

“Estos resultados avalan que la autorización concedida por el Gobierno en 2010 no se llevó a cabo ni con las condiciones ni con las garantías suficientes”, ha apuntado Barrachina.

El documento que se defenderá en la próxima sesión plenaria de la institución provincial añade que, a falta de saber las conclusiones del informe elaborado por el Instituto Geológico y Minero Español (IGME), “se puede determinar la existencia de una conducta negligente por parte de los exministros que tramitaron y adjudicaron la concesión de almacenamiento subterráneo del proyecto Castor”.

A juicio del vicepresidente provincial, ha sostenido que “Rubalcaba y Zapatero dieron luz verde a un esperpéntico estudio de impacto ambiental que no tuvo en cuenta la sismicidad”. “El socialismo todo lo hace igual, una chapuza de 1.800 millones de euros que estamos ya pagando todos en el recibo de la luz”, ha criticado.

En esta línea, ha recalcado que la tramitación administrativa por parte del Gobierno del almacén subterráneo de gas se aprobó en el Consejo de Ministros de mayo de 2008, “a propuesta del ministro Miguel Sebastián” y que en noviembre de 2009 el Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Elena Espinosa, “publicó la resolución de la declaración de Impacto Ambiental favorable”.

Posteriormente, el Ministerio concedió en abril de 2010 la Ocupación de Dominio Público Marítimo Terrestre para las instalaciones y en junio de 2010 Industria publicó la autorización administrativa.

La moción se trasladará al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Ministerio de Industria, a la Generalitat Valenciana así como a los ayuntamientos de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola.

(EuropaPress)

ACS y Escal evitaron que se analizara el riesgo de terremotos en el Castor

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Cambiaron el proyecto del almacén después del informe realizado por el Instituto Geológico. Cataluña pidió en varias ocasiones que se le informara de los riesgos ambientales.

ACS y su socia, la constructora canadiense Escal, eludieron en el primer estudio de impacto ambiental del almacén de gas Castor analizar la repercusión del mismo en la actividad sísmica de Castellón. En apenas un mes, la provincia ha sufrido un total de 220 terremotos, el más alto de 3,6 en la escala de Richter, lo que ha provocado la alarma de las instituciones y la alerta de la población.

Prueba de ello es que el Ministerio de Industria decidió el jueves por la noche suspender con efecto inmediato la actividad de este almacén hasta que tenga un informe completo del Instituto Geológico.

Industria, así como los ayuntamiento de la zona, han reclamado información clara al respecto. Aunque Castellón siempre ha tenido una leve actividad sísmica, el Instituto Geológico tiene obligación de seguir con detalle cuando se producen 10 movimientos seguidos.

Según ha podido saber elEconomista, el Ministerio de Industria emitió el 14 de julio de 2004 una orden para obligar a ACS y Escal a presentar un estudio de impacto ambiental del Castor en un plazo de tres años con la advertencia de que si esta condición se incumplía llevaría aparejada la caducidad del permiso.

En un oficio del 12 de enero de 2006, la dirección general de calidad y evaluación ambiental de la Generalitat -una vez analizado el informe de Castor- dispuso que “se detallarán los efectos del proyecto sobre todos los elementos anteriormente inventariados y cartografiados (…) Entre otros, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: se estudiará la frecuencia de la actividad sísmica en comparación con las tendencias anteriores para revelar posibles cambios introducidos por las operaciones de inyección”, pero el promotor de la instalación no incluyó ningún análisis sobre el asunto hasta casi finalizar el año, según indicaron a este diario expertos conocedores de aquel proceso.

El 2 de octubre de 2006, el Ministerio de Industria pidió un informe al por entonces Instituto Geológico y Minero de España en el que adjuntaban la documentación presentada finalmente por Escal junto a su solicitud de concesión.

El 24 de enero de 2007, el Instituto envió su informe, en el que según fuentes conocedoras del mismo, apenas se limitó a dar por válidos los argumentos de Escal sin realizar pruebas prácticas o una visita de confrontación para examinar los datos.

Cambio del proyecto

Lo curioso del asunto es que después de haberse emitido dicho informe positivo, Escal decidió cambiar el proyecto final y el 25 de mayo de 2007 presentó un escrito para modificar su solicitud de concesión en el que, además de incrementar de nuevo el coste de la instalación -que finalmente casi triplicó el montante presupuestado- revisó las bases de diseño de los pozos e instalaciones del almacenamiento.

Es decir, que el informe que se realizó por el Insituto Geológico no se corresponde con el proyecto finalmente construido en la costa de Castellón.

En julio de 2007, la compañía promotora presentó un documento calificado de insuficiente, tal y como se encargó de destacar la Dirección General de Políticas Ambientales de la Generalitat de Cataluña mediante un informe del 21 de septiembre de 2007, en el que mostró la necesidad de una evalución detallada sobre los impactos de esta instalación que no habían sido tenidos en consideración.

Según indicaron fuentes consultadas por este diario, dicho estudio no contenía una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos sobre la población o el patrimonio artístico y arqueológico.

Este extremo fue incluso denunciado por un empresario de la zona ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo.

Un coste de escándalo

El almacén de gas tenía en un primer momento un presupuesto de 500 millones de euros, hecho por el cual se incluyó en la planificación energética pero finalmente su coste ascendió a 1.300 millones.

Tras haber desvelado este hecho elEconomista, el departamento de José Manuel Soria se comprometió a auditarlo, aunque nada se conoce de los avances de este proceso desde hace más de un año. Según fuentes del sector, esta revisión tiene que producirse antes de que se decida la retribución definitiva de este almacén y que servirá para definir el coste real de la misma. Previsiblemente, los pliegos del concurso, que Industria puede encargar, facilitarán que esta supervisión se realice por una de las empresas especializadas en el sector petrolero, ya que este tipo de plataformas tiene un mayor parecido a los pozos de petróleo que a instalaciones gasistas corrientes.

El Ministerio de Industria preparó una orden ministerial para que fuera la CNE o el propio departamente de Soria quienes decidieran el nombre del auditor.

En 2012, ACS se negó a presentar avales para comprar el gas colchón, lo que supuso que la instalación retrasase su puesta en funcionamiento. Industria, de acuerdo con Enagás, presentaron un año después esos avales, reconociendo y soportando costes y riesgos, para poder comprar el gas colchón en la subasta de 2013. No obstante, la cantidad de gas que se logró no era suficiente y hubo grandes dudas sobre la entrada en pruebas.

Enagás tiene un acuerdo por el que comprará el 33 por ciento del proyecto cuando esté en servicio en una operación que se pretende cerrar el año próximo.

Financiación pública

Por otra parte, ACS ha sido el primer proyecto de infraestructuras español financiado con los llamados bonos de proyecto o “project bonds” y el primero apoyado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), lo que propició que hubiese demanda de inversores institucionales como fondos de pensiones y compañías de seguros en una operación de 1.400 millones de euros, según señaló este verano la agencia de calificación Fitch.

Esta operación supone que parte del riesgo financiero de la instalación pasa a asumirla este organismo europeo y eventualmente una parte del fracaso, lo que ha despertado una profunda preocupación.

Escal, por su parte, indicó ayer que espera poder volver a poner en operación el almacén. En estos momentos, aunque la compañía viene anunciando la puesta en marcha, únicamente se realiza la prueba del correcto funcionamiento de la instalación con el gas colchón.

Zapatero adjudicó el Castor a ACS sin valorar los riesgos sísmicos de inyectar y almacenar gas

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El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adjudicó a Escal UGS, la compañía controlada por ACS, la construcción y explotación del almacén subterráneo de El Castor en 2009 sin valorar los riesgos sísmicos ni de la zona ni de la actividad de inyección y almacenaje de gas.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente que entonces dirigía Elena Espinosa fue “favorable” al proyecto y no contenía ni condicionamientos ni alertas sobre riesgos sísmicos, pese a las advertencias del Observatorio del Ebro, que en su día pidió al Gobierno de Zapatero que se estudiara “la frecuencia y magnitud de la actividad sísmica incluyendo pruebas que aseguren que las presiones debidas a la inyección no causen fracturas en las rocas”.

Tanto la DIA de Medio Ambiente como las autorizaciones dadas por el Ministerio de Industria para que ACS pusiera en marcha El Castor se acogieron a la legislación vigente.

“Parece que todo fue legal y se respetó la normativa vigente, pero quizá se pecó de imprudencia al hacer caso omiso a voces expertas como las del Observatorio del Ebro y del Colegio de Geólogos”, señala una fuente experta en temas sísmicos.

El actual ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, también ha confirmado que la DIA aprobada en 2009 “no tenía ningún condicionamiento relativo a problemas sísmicos”.

La normativa europea es muy laxa y genérica en cuanto a la prevención de riesgos sísmicos en los países miembros y, por ende, la legislación española también. De hecho, el Colegio de Geólogos lleva años reclamando un plan integral de prevención del riesgo sísmico.

La última vez que lo pidió públicamente fue en mayo pasado, cuando denunció que dos años después del terrible terremoto de Lorca (Murcia), no se haya implantado en España un plan de prevención de riesgos y que los poderes públicos lo que hacen es “tomar medidas curativas de remediación (sic) de los daños causados”.

El decálogo elaborado por el Colegio para minimizar los riesgos sísmicos tras el terremoto de Lorca fue enviado a las Administraciones públicas y cayó en saco roto, recuerdan. También ayer la Generalitat catalana afirmó, a través del consejero de Territorio, Santiago Vila, que en su día advirtió al anterior Gobierno de que era necesario analizar las consecuencias sísmicas del Castor, aunque éste las desoyó.

“Seguramente no era preceptivo, pero no se hizo”, dijo el consejero, en línea con lo que la Generalitat ha venido señalando estos días, después de que se hayan producido ya más de 300 terremotos, varios de ellos en los últimos cuatro días con una magnitud de entre 4,1 y 4,2 en la escala Richter, lo que ha provocado temblores y alarma social en el sur de Tarragona y el norte de Castellón. A última hora de ayer, la web del IGN había registrado más de 20 seímos en las últimas 20 horas.

La Generalitat ha acusado a ACS, compañía presidida por Florentino Pérez, de falta de transparencia y negligencia, al no facilitar información detallada y no prever los terremotos.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner (PP), fue más allá al acusar a los ex ministros socialistas Cristina Narbona, Elena Espinosa, Miguel Sebastián y Joan Clos de ser los responsables de dar las autorizaciones a ACS y les “exigirá responsabilidades legales” si se demuestra que actuaron con negligencia, además de no hacer caso a las advertencias de los geólogos.

Desde la filial de ACS, Escal UGS, se recuerda que la compañía avisó de que se podrían provocar microseísmos por las inyecciones de gas colchón para poner a punto el reservorio, de cara a su entrada en actividad comercial, pero que nunca imaginaron que habría tantos terremotos y de tanta intensidad. Máxime cuando los más preocupantes, los que ha sentido la población, se han producido esta semana, pese a que la empresa confirma que no se inyecta gas desde el 16 de septiembre.

Vozpópuli ha venido informando desde el principio (el 11 de septiembre Escal comenzó a inyectar gas) de la creciente avalancha de terremotos registrados desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Entre las 23:00 horas y las 23:30 de este miércoles se produjeron sendos terremotos de una magnitud de 4,1 grados.

El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, que bajo el paraguas de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, está supervisando la situación provocada por El Castor, cree que hay “una probabilidad alta” de que la causa de los terremotos sea la inyección de gas colchón, según el estudio preliminar de los datos que manejan los técnicos del IGN y del Instituto Geológico Minero.

Industria decretó el cierre temporal de El Castor y la suspensión de las inyecciones de gas el 25 de septiembre. Este cierre podría tornarse en definitivo, como exige la Generalitat catalana, si se constatan riesgos serios para la estabilidad sísmica de la zona provocados por el almacén subterráneo.

En caso de cierre, ¿quién pagaría los 1.300 millones de euros (sin gastos financieros) que ha destinado el grupo de Florentino Pérez para desarrollar el proyecto, frente a los 500 millones presupuestados inicialmente. Industria tiene en marcha una auditoría sobre los costes del proyecto, cuyas conclusiones no se conocen, y también tendrá que emitir un informe sobre las causas de los terremotos, por lo que el nerviosismo se ha instalado en la sede de ACS en Madrid.

Fue Industria la que cambió la normativa vigente para elevar a 20 años el periodo de amortización de la inversión y fijar una retribución más favorable para ACS. Ahora todo está en el aire.

La petrolera que explotó el pozo del Castor ya advirtió del riesgo sísmico

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La petrolera Shell, que explotó el pozo entre 1973 y 1989 donde actualmente se ha inyectado el gas del Castor, ya advirtió de la peligrosidad por movimientos sísmicos en el aprovechamiento de la cavidad submarina. Según datos del Observatorio del Ebro se registraron 30 terremotos desde el inicio de la explotación hasta el año 1998, muy lejos de los más de 400 de la última semana. La Plataforma en Defensa del Sènia ha denunciado en la asamblea de este viernes que Escal UGS, gestora del Castor, y el gobierno español no tuvieran en cuenta estas advertencias. Para el domingo han convocado una gran movilización en las Casas de Alcanar para promover el desmantelamiento de la planta.

 

Los informes sobre beneficios y perjuicios que elaboró la petrolera Shell después de explotar el pozo donde actualmente se ha inyectado el gas del almacén Castor, y que está en disposición del Instituto Geológico y Minero de España, desmienten los argumentos de Escal UGS que negaban cualquier peligro en la explotación del depósito submarino, entienden que la cavidad que había dejado libre el petróleo extraído había sido rellenado con el agua del mar y no se podían producir modificaciones en el yacimiento Amposta y las fallas marinas de la zona.

 

Los informes de Shell y los datos recogidos por el Observatorio del Ebro entre los años 1973, cuando se empezó la extracción de petróleo, hasta el año 1998, confirman que había habido movimientos sísmicos a la zona y advertían que una explotación futura del depósito podría, no sólo despertar de nuevo la actividad sísmica, sino aumentar la frecuencia y la intensidad. Durante estos 25 años se registraron un total de 30 seísmos, la mayoría de baja intensidad y con algunos episodios, sobre todo en 1995, con terremotos de magnitudes entre 4 y 5 a la escalera de Richter, que también entonces fueron percibidos por la población. Los más de 400 terremotos registrados durante la última semana confirmarían las advertencias que se hacían entonces.

 

Durante la redacción del estudio de impacto ambiental del proyecto Castor, además, el Ministerio de Medio ambiente consultó al Observatorio del Ebro sobre la necesidad de hacer controles sísmicos. La entidad recomendó la monitorización de la actividad sísmica durante la inyección “para poder tomar decisiones sobre la actividad en el futuro”, pedía “pruebas” que aseguraran “que las presiones de la inyección no fracturarían las rocas” y reconocía que esta actividad industrial era potencialmente inductora de terremotos.

 

La Plataforma en Defensa de las Tierras del Sènia (PDTS) aportaron esta información an la asamblea celebrada el viernes por la noche al Centro Cívico de Alcanar a donde acudieron unas 1.500 personas. Desde la asociación han cuestionado por qué Escal UGS no tuvo en cuenta toda esta información, por qué la habrían “escondido” al gobierno español, y por qué la administración del Estado consideró “apto” el depósito submarino para la inyección de gas sin que en el estudio de impacto ambiental se mencione la posibilidad de riesgo sísmico.

 

La plataforma cuenta con otros documentos, como la tesis del geólogo Hector Perea o un diagénesis del pozo Amposta de la empresa Geofluids donde también se habla de la actividad sísmica de la zona. A pesar de que el terremoto más importante habría provocado un gran desprendimiento marino en la fosa de Amposta hace 11.000 años, la PDTS ha alertado de los efectos que puede tener la intervención de la actividad humana en el desarrollo natural geológico de las fallas de la zona.

 

Denuncias a la justicia europea y española

 

En la asamblea de este viernes también se acordó presentar una denuncia ante la fiscalía de Castellón, que se empezará a preparar los próximos días, sobre el malestar y los daños que ya han causado los terremotos a los vecinos y los perjuicios que los pueda causar la actividad sísmica si continúa. Entre los asistentes a la asamblea se repartieron modelos de alegaciones que se harán llegar al gobierno español donde se pide la paralización definitiva del almacén de gas y el desmantelamiento de las instalaciones marítimas y terrestres. También se facilitó a los vecinos un tríptico con información y consejos sobre cómo actuar en caso de terremotos