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El Proyecto Castor se financió a través de los bonos público-privados ‘Europe 2020 Poject Bond’

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La diputada de EU en el Parlamento Europeo Marina Albiol preguntará a la Comisión Europea (CE) por la intervención del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el proyecto Castor, “un auténtico fracaso que puede costar al erario público 1.700 millones de euros, millones que saldrán de los bolsillos de todos nosotros”, ha dicho. La eurodiputada ha recordado en un comunicado que este proyecto “ha sido financiado a través de los bonos público-privados ‘Europe 2020 Poject Bond’, creados para la financiación de infraestructuras. “Tenemos claro que el papel que juega el BEI en todo este asunto será crucial para que finalmente la salida sea en favor de los intereses de los ciudadanos o sea en beneficio del sector privado”, ha añadido.

Albiol ha señalado que su grupo preguntará a la CE si “a la luz de los riesgos medioambientales producidos, esta inversión se adapta a los objetivos ambientales marcados por el propio BEI”. Además, también interpelará en referencia a la supresión de estos bonos “para proteger los intereses de los estados miembros en lugar de los intereses de los inversionistas privados”. Así mismo, “dada la enorme cantidad de terremotos producidos por la inyección de gas en el almacén subterráneo”, Albiol quiere saber si en los estudios de impacto medioambiental de proyectos de inyección de gas en el subsuelo “se considerarán detalladamente los riesgos sísmicos antes de autorizar un proyecto

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Explayarse de la CRISIS SÍSMICA DEL PROYECTO CASTOR DE VINARÒS

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Explayarse es desconectar dels terràtremols

La Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo ha lanzado esta semana una campaña de promoción bajo el nombre ‘Explayarse’ que pretende fomentar el turismo en el norte de la provincia, y especialmente en las ciudades de Vinaròs, Benicarló, Peñíscola y Alcossebre. 

La campaña ‘Explayarse’ busca trasladar una imagen de relax y de playas idílicas, destinos con mucha luz, tranquilos y seguros, idóneos para el turismo familiar y para poder relajarse y disfrutar de unas vacaciones de descanso, como es el caso de Vinaròs. De este modo, además, se persigue contrarrestar la posible imagen negativa que se haya podido generar con motivo de los movimientos sísmicos ocasionados por la plataforma Castor de almacenamiento de gas.

Desde la Generalitat, ya se han puesto en marcha acciones dirigidas al público en las autonomías que mayor número de turistas emiten hacia Vinaròs, como la propia Comunitat Valenciana, Cataluña y Madrid así como también el sur de Francia, con la finalidad de continuar atrayendo a nuestro territorio a un gran número de visitantes durante todo el año. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 205.700€ y permanecerá activa hasta finales del verano de 2015.

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Vinaròs, Elísabet Fernández, ha valorado positivamente esta campaña desarrollada por la Generalitat porque “para Vinaròs es muy importante que la Generalitat apoye a las ciudades del norte de la Comunitat en un aspecto tan fundamental para nuestras economías como es el turismo”.

Además ha destacado que “es necesario continuar promocionando el turismo en el norte de Castellón porque tenemos un enorme potencial” y añadió que “gracias a este tipo de campañas Vinaròs está considerado uno de los principales destinos turísticos de nuestra provincia”.

 El ministro de Industria, José Manuel Soria, se mostró de nuevo evasivo sobre el futuro del proyecto Castor al ser preguntado en el Senado por el cierre de la plataforma gasista.

Y es que Soria todavía no ha aclarado qué decisión tomará al respecto y no contestó de manera directa a las preguntas que le formuló la senadora de Esquerra Republicana Ester Capella al respecto. El ministro se limitó a defender las acciones del Gobierno en esta cuestión y recordó que la actividad “está paralizada desde el 26 de septiembre del 2013, cuando se emitió la resolución estatal”, ya que “cada una de las decisiones que toma el Gobierno están encaminadas a garantizar la seguridad ciudadana y ambiental”. A pesar de ser interpelado sobre la posible indemnización millonaria a la empresa Escal UGS o la opacidad a la hora de “esconder informes sísmicos durante cinco meses”, Soria insistió en poner de relieve la actuación del PP en los dos últimos años y medio con “la reducción de la retribución para la mercantil en el sistema gasista y la modificación de la autorización, que pasó de definitiva a provisional”. LÉALO INTEGRO EN MEDITERRÁNEO.

Desmantelar el Castor: 143 millones

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RAMON OLIVARES RUIPÉREZ 29/06/2014

La renuncia de Escal UGS a gestionar el almacén de gas subterráneo Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs, abre la puerta a una posibilidad hasta ahora prácticamente insospechada, aunque largamente demandada por muchos sectores sociales: el desmantelamiento de la instalación. Esto tendría un coste de al menos 143 millones de euros, según se recoge en el Real Decreto 855/2008, aprobado el 16 de mayo de aquel año y firmado por el anterior ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.

Esta provisión podría ser insuficiente para llevar a cabo el desmantelamiento, habida cuenta del incremento de costes que registró la construcción de la infraestructura. Esta es una hipótesis en medio de un proceso de renuncia que todavía está dando sus primeros pasos, pero en el cual el actual ministro de Energía, José Manuel Soria, ya ha reconocido que el Estado deberá pagar la indemnización.

La reforma de la ley de impacto ambiental hará más probables sucesos como el de la plataforma Castor

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Ecologistas en Acción valora la evaluación de impacto ambiental en España al hilo de lo acaecido en el proyecto “Castor”. Para la organización ecologista el riesgo ambiental o no se evalúa o no se considera por las administraciones responsables. Además, la nueva Ley estatal de Evaluación Ambiental que se tramita estos días en el Parlamento da un peligroso paso atrás en esta materia.

El caso de la Plataforma Castor ha puesto sobre la mesa las notables deficiencias en la evaluación de los riesgos ambientales, en este caso de carácter sísmico, asociados al proyecto. Cada día que pasa está más claro que el nivel de impacto que podía generar la inyección de gas en la plataforma continental del entorno del Delta del Ebro no se evaluó correctamente, ni se consideró como debiera a la hora de aprobar el proyecto.

A día de hoy, predecibles movimientos sísmicos afectan a una población de decenas de miles de personas de las provincias de Castellón y Tarragona. Y eso a pesar de que la empresa impulsora del Proyecto Castor, Escal UGS, realizó numerosos estudios geológicos supuestamente supervisados por el Gobierno que, sin embargo, fueron incapaces de predecir los terremotos que se han producido.

Una revisión de casos concretos de proyectos generadores de riesgos ambientales en España pone de manifiesto que este no es un suceso aislado, sino ejemplo de una casuística mucho más generalizada de lo que se piensa. Situaciones como el terremoto de Lorca, la desecación e incendios de las Tablas de Daimiel, inundaciones, incidentes en las centrales nucleares o los incendios forestales son ejemplos que Ecologistas en Acción recoge en un informe para ilustrar las deficiencias en los procesos de evaluación ambiental previos de esos proyectos. También las nuevas amenazas que representan la fractura hidráulica (fracking), el cementerio de residuos nucleares de Villar de Cañas o las prospecciones petrolíferas en Canarias y el Mediterráneo.

En ellos se revela que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas actúan con ligereza, cuando no con manifiesta negligencia a la hora de abordar los riesgos ambientales. La presión de intereses económicos y políticos se deja sentir en todo el proceso de evaluación ambiental y condiciona muchos estudios técnicos, que, a veces, incluso se obvian en la tramitación, determinando el sentido de las declaraciones de impacto ambiental y de las resoluciones aprobatorias, especialmente de los proyectos más conflictivos.

Por su parte, la normativa de impacto ambiental pasa de puntillas sobre la valoración de los riesgos ambientales, sean naturales o de origen antrópico. El contenido de los estudios queda a discreción del órgano ambiental, sin que sea preceptivo por Ley que se evalúen tales riesgos y su posible incidencia en la seguridad y salud públicas o en las condiciones medioambientales.

La nueva Ley estatal de Evaluación Ambiental que se tramita ahora en el Parlamento da incluso un paso atrás en esta materia. Además de mantener este tema en el olvido, se da la potestad a los promotores de tramitar directamente los proyectos sin pasar por un proceso de consulta previa en el que determine el contenido y alcance de los estudios de impacto. Bajo la demagógica justificación de ahorrar tiempo de tramitación, se coarta la posibilidad de que los organismos científicos y el público en general aporten sus inquietudes en este sentido para que todos los riesgos sean debidamente analizados a lo largo de la tramitación y se obtengan declaraciones de impacto bien fundamentadas. La situación actual es que a menudo se ignoran las advertencias de científicos o las controversias que pueda haber en estos ámbitos sobre la evaluación de un determinado riesgo, y con la nueva ley que se tramita esta situación empeorará.

Ecologistas en Acción pide medidas concretas que se incorporen a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, así como un cambio de actitud en los Gobiernos y en las Administraciones para actuar con el rigor y ecuanimidad necesarios en la toma de decisiones sobre proyectos con riesgos ambientales.

Entre otras medidas plantea que se incorpore como un elemento preceptivo en el contenido de los estudios de impacto ambiental la evaluación de los riesgos ambientales y para la seguridad y salud de las personas, sean de origen natural o antrópico. También que sea preceptiva la consulta previa a las distintas Administraciones y personas físicas o jurídicas interesadas o afectadas por un proyecto en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, tal y como ocurría hasta ahora.

Ecologistas en Acción va a trasladar a los grupos parlamentarios y al Gobierno estas propuestas para su incorporación a la nueva Ley de Evaluación Ambiental, así como la petición de que se cree un grupo de trabajo para abordar con mayor amplitud esta cuestión en otras normativas asociadas, como la de responsabilidad ambiental

El PP admite que los expertos externos también relacionarían los terremotos con la plataforma Castor

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El PP da por hecho que el informe internacional -encargado a expertos de la Universidad de Stanford y del MIT- sobre el almacén de gas Castor presentará unos resultados similares a los de los estudios que han elaborado los institutos geográfico y geológico españoles, según la portavoz de Medio Ambiente en el Congreso, María Teresa Lara.

Estos dos informes relacionan la actividad de la plataforma con los terremotos que afectaron las comarcas del Montsià (Tarragona) y el Baix Maestrat (Castellón).

En declaraciones a Catalunya Ràdio, la portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, María Teresa Lara, ha señalado respecto a la no coincidencia de los expertos foráneos con los técnicos de las instituciones españolas que “esto es un supuesto que yo no imagino que pueda pasar. Creo que nuestros técnicos, nuestros expertos, son buenos, y que en ningún caso se producen en este caso informes contradictorios, y esta posibilidad sinceramente no la contemplo”.

Lara ha reiterado que con los tres informes en la mano se hará lo mejor para garantizar la seguridad de la población: “Son fiables, son solventes, pero el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha considerado la necesidad de un informe adicional por lo que, una vez concluidos los trabajos, se contará con una base técnica sólida sobre la que tomar una solución definitiva, incluido el desmantelamiento, que en todo caso primará de manera determinante la seguridad de las personas y el medio ambiente”.

El Gobierno volvió a rechazar este miércoles el cierre definitivo de Castor en un debate en comisión en el Congreso a la espera de los resultados de un tercer informe encargado a expertos extranjeros.

Sin embargo, solo un día antes, en la provincia de Castellón, el Partido Popular logró la unanimidad de todos los grupos para exigir el cierre definitivo de la planta tras conocer todos los informes así como pedir responsabilidades legales a la empresa y al Gobierno de Zapatero.

Diputación del Castellón pedirá el cierre definitivo de Castor y responsabilidades al anterior Gobierno y empresa

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CASTELLÓN, 16 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y portavoz de la Diputación de Castellón, Miguel Barrachina, ha anunciado este viernes que la institución provincial aprobará una moción, propuesta por el grupo ‘popular’, para pedir el cierre “definitivo” del almacén de gas subterráneo Castor y exigir responsabilidades legales tanto a la empresa concesionaria como “a los representantes políticos que tramitaron y autorizaron la infraestructura”, en referencia al anterior Gobierno socialista.

Según ha informado la corporación en un comunicado, de esta forma, la Diputación “reafirma así su postura, que ya hizo pública en acuerdos plenarios de 29 de octubre y 17 de diciembre, tras conocer el estudio detallado del Instituto Geográfico Nacional (IGN)”, que concluye que la sismicidad inducida en la zona “es resultado de la actividad de inyección de gas” y revela además la existencia de una falla hasta ahora no identificada.

La Diputación ha recalcado que, de esta forma, “se confirma la relación directa entre los más de 500 seísmos que se registraron en el entorno del proyecto Castor y la inyección de gas en este almacén submarino, lo que deja en evidencia el informe de impacto ambiental”.

SIN LAS GARANTÍAS “SUFICIENTES”

“Estos resultados avalan que la autorización concedida por el Gobierno en 2010 no se llevó a cabo ni con las condiciones ni con las garantías suficientes”, ha apuntado Barrachina.

El documento que se defenderá en la próxima sesión plenaria de la institución provincial añade que, a falta de saber las conclusiones del informe elaborado por el Instituto Geológico y Minero Español (IGME), “se puede determinar la existencia de una conducta negligente por parte de los exministros que tramitaron y adjudicaron la concesión de almacenamiento subterráneo del proyecto Castor”.

A juicio del vicepresidente provincial, ha sostenido que “Rubalcaba y Zapatero dieron luz verde a un esperpéntico estudio de impacto ambiental que no tuvo en cuenta la sismicidad”. “El socialismo todo lo hace igual, una chapuza de 1.800 millones de euros que estamos ya pagando todos en el recibo de la luz”, ha criticado.

En esta línea, ha recalcado que la tramitación administrativa por parte del Gobierno del almacén subterráneo de gas se aprobó en el Consejo de Ministros de mayo de 2008, “a propuesta del ministro Miguel Sebastián” y que en noviembre de 2009 el Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Elena Espinosa, “publicó la resolución de la declaración de Impacto Ambiental favorable”.

Posteriormente, el Ministerio concedió en abril de 2010 la Ocupación de Dominio Público Marítimo Terrestre para las instalaciones y en junio de 2010 Industria publicó la autorización administrativa.

La moción se trasladará al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Ministerio de Industria, a la Generalitat Valenciana así como a los ayuntamientos de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola.

(EuropaPress)

ACS y Escal evitaron que se analizara el riesgo de terremotos en el Castor

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Cambiaron el proyecto del almacén después del informe realizado por el Instituto Geológico. Cataluña pidió en varias ocasiones que se le informara de los riesgos ambientales.

ACS y su socia, la constructora canadiense Escal, eludieron en el primer estudio de impacto ambiental del almacén de gas Castor analizar la repercusión del mismo en la actividad sísmica de Castellón. En apenas un mes, la provincia ha sufrido un total de 220 terremotos, el más alto de 3,6 en la escala de Richter, lo que ha provocado la alarma de las instituciones y la alerta de la población.

Prueba de ello es que el Ministerio de Industria decidió el jueves por la noche suspender con efecto inmediato la actividad de este almacén hasta que tenga un informe completo del Instituto Geológico.

Industria, así como los ayuntamiento de la zona, han reclamado información clara al respecto. Aunque Castellón siempre ha tenido una leve actividad sísmica, el Instituto Geológico tiene obligación de seguir con detalle cuando se producen 10 movimientos seguidos.

Según ha podido saber elEconomista, el Ministerio de Industria emitió el 14 de julio de 2004 una orden para obligar a ACS y Escal a presentar un estudio de impacto ambiental del Castor en un plazo de tres años con la advertencia de que si esta condición se incumplía llevaría aparejada la caducidad del permiso.

En un oficio del 12 de enero de 2006, la dirección general de calidad y evaluación ambiental de la Generalitat -una vez analizado el informe de Castor- dispuso que “se detallarán los efectos del proyecto sobre todos los elementos anteriormente inventariados y cartografiados (…) Entre otros, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: se estudiará la frecuencia de la actividad sísmica en comparación con las tendencias anteriores para revelar posibles cambios introducidos por las operaciones de inyección”, pero el promotor de la instalación no incluyó ningún análisis sobre el asunto hasta casi finalizar el año, según indicaron a este diario expertos conocedores de aquel proceso.

El 2 de octubre de 2006, el Ministerio de Industria pidió un informe al por entonces Instituto Geológico y Minero de España en el que adjuntaban la documentación presentada finalmente por Escal junto a su solicitud de concesión.

El 24 de enero de 2007, el Instituto envió su informe, en el que según fuentes conocedoras del mismo, apenas se limitó a dar por válidos los argumentos de Escal sin realizar pruebas prácticas o una visita de confrontación para examinar los datos.

Cambio del proyecto

Lo curioso del asunto es que después de haberse emitido dicho informe positivo, Escal decidió cambiar el proyecto final y el 25 de mayo de 2007 presentó un escrito para modificar su solicitud de concesión en el que, además de incrementar de nuevo el coste de la instalación -que finalmente casi triplicó el montante presupuestado- revisó las bases de diseño de los pozos e instalaciones del almacenamiento.

Es decir, que el informe que se realizó por el Insituto Geológico no se corresponde con el proyecto finalmente construido en la costa de Castellón.

En julio de 2007, la compañía promotora presentó un documento calificado de insuficiente, tal y como se encargó de destacar la Dirección General de Políticas Ambientales de la Generalitat de Cataluña mediante un informe del 21 de septiembre de 2007, en el que mostró la necesidad de una evalución detallada sobre los impactos de esta instalación que no habían sido tenidos en consideración.

Según indicaron fuentes consultadas por este diario, dicho estudio no contenía una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos sobre la población o el patrimonio artístico y arqueológico.

Este extremo fue incluso denunciado por un empresario de la zona ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo.

Un coste de escándalo

El almacén de gas tenía en un primer momento un presupuesto de 500 millones de euros, hecho por el cual se incluyó en la planificación energética pero finalmente su coste ascendió a 1.300 millones.

Tras haber desvelado este hecho elEconomista, el departamento de José Manuel Soria se comprometió a auditarlo, aunque nada se conoce de los avances de este proceso desde hace más de un año. Según fuentes del sector, esta revisión tiene que producirse antes de que se decida la retribución definitiva de este almacén y que servirá para definir el coste real de la misma. Previsiblemente, los pliegos del concurso, que Industria puede encargar, facilitarán que esta supervisión se realice por una de las empresas especializadas en el sector petrolero, ya que este tipo de plataformas tiene un mayor parecido a los pozos de petróleo que a instalaciones gasistas corrientes.

El Ministerio de Industria preparó una orden ministerial para que fuera la CNE o el propio departamente de Soria quienes decidieran el nombre del auditor.

En 2012, ACS se negó a presentar avales para comprar el gas colchón, lo que supuso que la instalación retrasase su puesta en funcionamiento. Industria, de acuerdo con Enagás, presentaron un año después esos avales, reconociendo y soportando costes y riesgos, para poder comprar el gas colchón en la subasta de 2013. No obstante, la cantidad de gas que se logró no era suficiente y hubo grandes dudas sobre la entrada en pruebas.

Enagás tiene un acuerdo por el que comprará el 33 por ciento del proyecto cuando esté en servicio en una operación que se pretende cerrar el año próximo.

Financiación pública

Por otra parte, ACS ha sido el primer proyecto de infraestructuras español financiado con los llamados bonos de proyecto o “project bonds” y el primero apoyado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), lo que propició que hubiese demanda de inversores institucionales como fondos de pensiones y compañías de seguros en una operación de 1.400 millones de euros, según señaló este verano la agencia de calificación Fitch.

Esta operación supone que parte del riesgo financiero de la instalación pasa a asumirla este organismo europeo y eventualmente una parte del fracaso, lo que ha despertado una profunda preocupación.

Escal, por su parte, indicó ayer que espera poder volver a poner en operación el almacén. En estos momentos, aunque la compañía viene anunciando la puesta en marcha, únicamente se realiza la prueba del correcto funcionamiento de la instalación con el gas colchón.