La reforma de la ley de impacto ambiental hará más probables sucesos como el de la plataforma Castor

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Ecologistas en Acción valora la evaluación de impacto ambiental en España al hilo de lo acaecido en el proyecto “Castor”. Para la organización ecologista el riesgo ambiental o no se evalúa o no se considera por las administraciones responsables. Además, la nueva Ley estatal de Evaluación Ambiental que se tramita estos días en el Parlamento da un peligroso paso atrás en esta materia.

El caso de la Plataforma Castor ha puesto sobre la mesa las notables deficiencias en la evaluación de los riesgos ambientales, en este caso de carácter sísmico, asociados al proyecto. Cada día que pasa está más claro que el nivel de impacto que podía generar la inyección de gas en la plataforma continental del entorno del Delta del Ebro no se evaluó correctamente, ni se consideró como debiera a la hora de aprobar el proyecto.

A día de hoy, predecibles movimientos sísmicos afectan a una población de decenas de miles de personas de las provincias de Castellón y Tarragona. Y eso a pesar de que la empresa impulsora del Proyecto Castor, Escal UGS, realizó numerosos estudios geológicos supuestamente supervisados por el Gobierno que, sin embargo, fueron incapaces de predecir los terremotos que se han producido.

Una revisión de casos concretos de proyectos generadores de riesgos ambientales en España pone de manifiesto que este no es un suceso aislado, sino ejemplo de una casuística mucho más generalizada de lo que se piensa. Situaciones como el terremoto de Lorca, la desecación e incendios de las Tablas de Daimiel, inundaciones, incidentes en las centrales nucleares o los incendios forestales son ejemplos que Ecologistas en Acción recoge en un informe para ilustrar las deficiencias en los procesos de evaluación ambiental previos de esos proyectos. También las nuevas amenazas que representan la fractura hidráulica (fracking), el cementerio de residuos nucleares de Villar de Cañas o las prospecciones petrolíferas en Canarias y el Mediterráneo.

En ellos se revela que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas actúan con ligereza, cuando no con manifiesta negligencia a la hora de abordar los riesgos ambientales. La presión de intereses económicos y políticos se deja sentir en todo el proceso de evaluación ambiental y condiciona muchos estudios técnicos, que, a veces, incluso se obvian en la tramitación, determinando el sentido de las declaraciones de impacto ambiental y de las resoluciones aprobatorias, especialmente de los proyectos más conflictivos.

Por su parte, la normativa de impacto ambiental pasa de puntillas sobre la valoración de los riesgos ambientales, sean naturales o de origen antrópico. El contenido de los estudios queda a discreción del órgano ambiental, sin que sea preceptivo por Ley que se evalúen tales riesgos y su posible incidencia en la seguridad y salud públicas o en las condiciones medioambientales.

La nueva Ley estatal de Evaluación Ambiental que se tramita ahora en el Parlamento da incluso un paso atrás en esta materia. Además de mantener este tema en el olvido, se da la potestad a los promotores de tramitar directamente los proyectos sin pasar por un proceso de consulta previa en el que determine el contenido y alcance de los estudios de impacto. Bajo la demagógica justificación de ahorrar tiempo de tramitación, se coarta la posibilidad de que los organismos científicos y el público en general aporten sus inquietudes en este sentido para que todos los riesgos sean debidamente analizados a lo largo de la tramitación y se obtengan declaraciones de impacto bien fundamentadas. La situación actual es que a menudo se ignoran las advertencias de científicos o las controversias que pueda haber en estos ámbitos sobre la evaluación de un determinado riesgo, y con la nueva ley que se tramita esta situación empeorará.

Ecologistas en Acción pide medidas concretas que se incorporen a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, así como un cambio de actitud en los Gobiernos y en las Administraciones para actuar con el rigor y ecuanimidad necesarios en la toma de decisiones sobre proyectos con riesgos ambientales.

Entre otras medidas plantea que se incorpore como un elemento preceptivo en el contenido de los estudios de impacto ambiental la evaluación de los riesgos ambientales y para la seguridad y salud de las personas, sean de origen natural o antrópico. También que sea preceptiva la consulta previa a las distintas Administraciones y personas físicas o jurídicas interesadas o afectadas por un proyecto en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, tal y como ocurría hasta ahora.

Ecologistas en Acción va a trasladar a los grupos parlamentarios y al Gobierno estas propuestas para su incorporación a la nueva Ley de Evaluación Ambiental, así como la petición de que se cree un grupo de trabajo para abordar con mayor amplitud esta cuestión en otras normativas asociadas, como la de responsabilidad ambiental

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Se expande por el mundo una nueva burbuja energética: las inversiones en bonos basura para el desarrollo del fracking

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En los últimos años, en Estados Unidos ha bajado el precio del gas por el desarrollo de la polémica técnica de la fracturación hidráulica o “fracking”. Sin embargo, esta nueva fiebre del oro se está poniendo en duda por la calificación de las inversiones como bonos basura, es decir, una inversión de alto riesgo de la que se puede ganar mucho o perderlo todo, según Bloomberg.

El fracking, que permite extraer hidrocarburos atrapados entre rocas, tanto gas como petróleo, según el último informe de la Energy Information Administration de Estados Unidos, permitirá que la producción total de petróleo de este país llegue a su cenit en 2019, con 9,61 millones de barriles (diarios). Por eso, los grandes capitales que ven como los tipos de interés de la Reserva Federal siguen en bajos históricos, buscan con avidez nuevos mercados.

Bonos basura para inversiones inciertas

Rice Energy Inc. es un productor de gas natural que busca financiación, y a pesar de que sus créditos son considerados de alto riesgo consiguió 900 millones de dólares en tan solo tres días de abril, unos 150 millones más de los que andaba buscando.

No está mal para la primera emisión de bonos de la compañía, especialmente porque lleva tres años seguidos perdiendo dinero, ha perforado menos de 50 pozos y porque aseguró que gastaría 4,09 dólares por cada dólar que gane en 2014.

El impulso estadounidense en busca de su independencia energética, se está respaldando con préstamos calificados como basura. La cantidad de bonos emitida por las compañías de exploración y producción (de esquistos) se ha multiplicado por nueve, según Barclays Plc. Esto es lo que está permitiendo mantener en pie la revolución de los esquistos, incluso aunque las compañías gasten el dinero más rápidamente de lo que lo ingresan.

La oferta de bonos de Rice Energy de este mes, ha sido calificada como CCC+ por Standard & Poor’s, unos siete niveles por debajo de inversiones de calidad o un nivel por encima de lo que aseguran algunos inversores institucionales. Standard & Poor’s dice que la deuda calificada como CCC es actualmente “vulnerable al impago” y en condiciones adversas, los bonos con esa calificación probablemente no serán devueltos. Aún así, Rice Energy pudo conseguir créditos al 6,25%.

La nueva burbuja especulativa

“Los inversores están bebiendo cantidades industriales de refrescos llenos de burbujas”, dijo Tim Gramatovich, que ayuda a gestionar fondos por más de 800 millones de dólares de Peritus Asset Management LLC. “Los inversores pierden la disciplina. Dejan de hacer cálculos. Se olvidan de la contabilidad. Están soñando sueños y eso es lo que está sucediendo con el auge de los esquistos”.

Según Rodrigo Irurzun, responsable de Energía de Ecologistas en Acción y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, “una de las razones de esta locura es la necesidad de las empresas energéticas de asegurar a los mercados que van a tener reservas de gas para las próximas décadas, de que son solventes y tienen futuro. Necesitan dar confianza a los inversores y por eso exprimen la vaca todo lo que pueden”.

El fracking se basa en estimaciones

“Todos los estudios que se han hecho sobre los recursos que hay de gas no convencional son estimaciones y además, de esos recursos no se sabe cuánto se puede recuperar, así que los datos sobre las reservas de gas en los países son meras conjeturas”, asegura a EnergyNews Rodrigo Irurzun. “Es cierto que se pueden hacer estudios sísmicos, geológicos, prospecciones e incluso catas para conocer la porosidad de la roca, las capas y los distintos materiales del área a estudiar pero es imposible saber cuánto se podrá extraer de lo que se cree que hay, así que todos los estudios publicados ofrecen datos muy aventurados y poco fiables”.

Un negocio de cubitos de hielo

Los últimos contratiempos de otra de las empresas de fracking, Forest Oil Corp. muestran cómo puede salir el tiro por la culata a la estrategia de pedir prestado continuamente para seguir perforando. Forest vendió 1.300 millones de dólares en activos en 2013 para seguir perforando. Después, en febrero, esta compañía productora de petróleo y gas, anunció resultados decepcionantes de sus acciones en Eagle Ford. Forest no consiguió nuevas entradas de dinero suficientes para mantenerse a flote de sus deudas. Tanto S&P como Moody’s redujeron sus perspectivas de crédito a negativas.

Los bonos de Forest se hundieron. Sus 577,9 millones de dólares de espectaculares notas al 7,25% con vencimiento en 2019, se cambiaron en el mercado a 88 céntimos de dólar el 22 de abril según Trace, el sistema de información de precios de bonos de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera; una caída desde el tope de 98,4 céntimos de dólar del 24 de febrero.

“Se trata de un negocio de cubitos de hielo derritiéndose” dijo Mike Kelly, un analista energético de Global Hunter Securities. “Si tu producción no crece, estás acabado”.

¿A quién beneficia este negocio?

De las 97 compañías de exploración y producción que valora S&P, 75 están por debajo del nivel razonable para conceder créditos. El rendimiento promedio de las compañías energéticas de exploración y producción, valoradas como basura, ha caído al 5,4% del 8,1% a finales de 2009, comparado con una caída del 5,21% desde el 9,06% para todas las compañías valoradas por debajo del nivel aconsejable de inversión, según Barclays.

El acceso al mercado de bonos de alto rendimiento ha permitido a los perforadores de esquistos gastar más dinero que el que recuperan. Las compañías catalogadas como basura (junk) de exploración y producción gastaron el año pasado 2,11 dólares por cada dólar que obtuvieron, según un análisis de Barclays de 37 firmas.

Para Rodrigo Irurzun, “se benefician todas las empresas del sector, uno de los lobbies más poderosos del planeta, porque los hidrocarburos están llegando al final de sus días y el negocio se está cayendo a pedazos. Tienen que aparentar normalidad, que hay nuevos yacimientos, que la rueda sigue girando. Ahora llegan a Europa para seguir manteniendo las expectativas, pero es un perfecto ardid para que los inversores pierdan mucho dinero”.

Fuente original: BloombergShale Drillers Feast on Junk Debt to Stay on Treadmill

El PP admite que los expertos externos también relacionarían los terremotos con la plataforma Castor

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El PP da por hecho que el informe internacional -encargado a expertos de la Universidad de Stanford y del MIT- sobre el almacén de gas Castor presentará unos resultados similares a los de los estudios que han elaborado los institutos geográfico y geológico españoles, según la portavoz de Medio Ambiente en el Congreso, María Teresa Lara.

Estos dos informes relacionan la actividad de la plataforma con los terremotos que afectaron las comarcas del Montsià (Tarragona) y el Baix Maestrat (Castellón).

En declaraciones a Catalunya Ràdio, la portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, María Teresa Lara, ha señalado respecto a la no coincidencia de los expertos foráneos con los técnicos de las instituciones españolas que “esto es un supuesto que yo no imagino que pueda pasar. Creo que nuestros técnicos, nuestros expertos, son buenos, y que en ningún caso se producen en este caso informes contradictorios, y esta posibilidad sinceramente no la contemplo”.

Lara ha reiterado que con los tres informes en la mano se hará lo mejor para garantizar la seguridad de la población: “Son fiables, son solventes, pero el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha considerado la necesidad de un informe adicional por lo que, una vez concluidos los trabajos, se contará con una base técnica sólida sobre la que tomar una solución definitiva, incluido el desmantelamiento, que en todo caso primará de manera determinante la seguridad de las personas y el medio ambiente”.

El Gobierno volvió a rechazar este miércoles el cierre definitivo de Castor en un debate en comisión en el Congreso a la espera de los resultados de un tercer informe encargado a expertos extranjeros.

Sin embargo, solo un día antes, en la provincia de Castellón, el Partido Popular logró la unanimidad de todos los grupos para exigir el cierre definitivo de la planta tras conocer todos los informes así como pedir responsabilidades legales a la empresa y al Gobierno de Zapatero.

Del Potro trabajo en el almacén Castor a una presión de solo 8 bares

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El presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, ha defendido este lunes que toda la construcción y la operación del almacén de gas Castor frente a las costas de Vinaròs (Castellón) se ha hecho de acuerdo con las “normativas más” exigentes, las que se siguen en la zona del Mar del Norte en países como Noruega.

En una jornada del Instituto de la Ingeniería de España, Recaredo del Potro ha reiterado que la vuelta al funcionamiento de Castor dependerá de lo que diga el Gobierno y ha evitado entrar en el tema de las indemnizaciones y del coste del proyecto.

El presidente de Escal UGS, que gestiona el almacén y está controlada en un 66% por el grupo constructor ACS, ha apuntado que la sismicidad en la zona ha coincidido temporalmente con la inyección de gas colchón “aunque con matices”.

Del Potro ha defendido que la instalación está en “perfectas condiciones” y ha repasado las numerosas autorizaciones, cerca de medio centenar en el proceso de construcción, y la multitud de estudios y sondeos que ha llevado aparejado la infraestructura. “Pocos (proyectos) han seguido un esquema tan complejo de autorizaciones”, ha asegurado.

Entre los estudios llevados a cabo por la empresa, Del Potro ha destacado uno elaborado en Francia que aseguraba que se podía elevar la presión hasta 49 bares sin riesgo, una magnitud que solo llegó a alcanzar los 8 bares. “Se conoce con mucho detalle el medio geológico de la zona (…) Las fallas están perfectamente cartografiadas”, ha señalado el directivo de la empresa.

NOTA DEL IGME CITA TEXTUAL DEL ANEXO II pag. 2 apartado 5.

5) De la problemática encontrada en la inyección durante el més de setiembre del 2013 a presiones del orden de 190 bares, bastante inferiones a las previstas (según la documentación consultada) se deduce que las previsiones basadas en modelos y simulaciones realizadas por ESCAL no han contemplado todos los escenarios de fugas y riesgos más allá de la vecindad de la falla de Amposta. 

 

La actividad del almacén subterráneo de gas Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), se encuentra paralizada desde el pasado 26 de septiembre hasta que se analice su posible relación con los cientos de pequeños seísmos registrados en la zona.

El proyecto Castor, en espera de encontrar las causas y prever las consecuencias

El responsable del almacén de gas y dos expertos en geotécnica analizan en el IIE la posible vinculación del mismo con los seísmos producidos en la costa de Castellón y Tarragona

 

El responsable del proyecto Castor, Recaredo del Potro, y dos expertos en geotécnica analizaron el lunes en el Instituto de la Ingeniería de España la posible vinculación del almacén de gas con los seísmos producidos en la costa de Castellón y Tarragona. Recaredo del Potro subrayó que la construcción ha seguido todos los controles exigidos y que colaboran estrechamente con la Red Sísmica Nacional. El catedrático Antonio Soriano, por su parte, cree que es casi seguro que sean las inyecciones de gas las que provoquen los seísmos, pero no ve peligro para las edificaciones en tierra, ya que ha habido casos similares anteriormente. El ingeniero especializado Isaac Álvarez propuso una teoría alternativa, según la cual la roca almacén podría haberse deteriorado por el CO2 existente en el antiguo yacimiento petrolífero de Amposta, ahora utilizado como almacén.

Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS, y responsable del proyecto Castor, el almacén de gas situado en el fondo del mar Mediterráneo junto a la costa de Castellón y Tarragona, afirmó ayer que se reanudará o no “según lo que diga el Gobierno”. Del Potro, junto a otros dos expertos en geología, abordó ayer lunes la situación del proyecto Castor en una jornada celebrada en el Instituto de la Ingeniería de España, analizando las cuestiones técnicas y la posible vinculación del almacén con los sismos acontecidos en la zona, en concreto en la ciudad de Vinaròs, la más cercana al complejo.

Del Potro aseguró que “no ha habido un proyecto que haya seguido un sistema tan complejo de autorizaciones administrativas como este; en total, unas 42”. También estimó en más de 100 los sondeos realizados en la zona, cuyos datos han utilizado para prevenir cualquier tipo de problema. “La administración nos obligó a hacer un sondeo específico sobre la roca cobertera”, añadió. Los estudios se han ido realizando “continuamente” desde 2002, incluso después de la concesión, producida en el año 2011.

El responsable de Castor afirmó que las fallas de la zona del almacén están “perfectamente cartografiadas” en los sondeos. Asimismo, añadió, el almacén puede tener, según un estudio realizado en Francia, hasta un aumento de presión de 49 bares, sobre los 180 que tiene en estado de reposo. “Al inyectar el gas aumentamos en 8 bares la presión, en dinámica, y en 6 en estática”, señaló, dejando claro que los 49 quedan muy lejos. “Ni podemos ni queremos llegar a esa presión”, añadió.

Tampoco está habiendo ningún escape de gas, señaló Del Potro, según los datos obtenidos con los manómetros que monitorizan la zona de contacto del gas y del agua.

Del Potro agradeció la colaboración “impecable” con la Red Sísmica Nacional en la observación de los sismos ocurridos recientemente en la zona de Vinaròs. “Según sus datos, los epicentros de los sismos están a 10 kilómetros del Castor, pero al estar los sismómetros en tierra nos han dicho que pueden tener una imprecisión en su cálculo de 10 kilómetros”, precisamente.

Los sismos han coincidido temporalmente con las inyecciones de gas, reconoció, aunque “con matices”. “Empezamos en junio durante 10 dias. En julio nada, y luego 4 días en agosto. Luego empezamos con mayores volúmenes el 2 de septiembre. Y hasta el 9 no hubo eventos sismicos anormales”. Las inyecciones pararon el 16 de septiembre.

Isaac Álvarez, ingeniero de Yacimientos y profesor asociado de la Escuela de Ingenieros de Minas de Oviedo, trabajó con Campsa en el yacimiento petrolífero de Amposta (donde ahora está situado el almacén de gas), y reconoció en la jornada que “es imposible cubrir todos los eventos” que se producen en la corteza terrestre, que es algo “muy frágil”.

Álvarez subrayó que un yacimiento como el de Amposta no tiene nada que ver con el ‘fracking’, y que es “casi imposible” fracturar la roca. “No habría bomba suficiente para meter agua a toda presión Es como intentar fracturar una cañeria de 2 metros de diámetro con un grifo de casa”.

El experto señaló que, según los datos disponibles, ni ha habido una fuga de gas por la falla, porque la presión está mantenida en niveles correctos, ni se ha llenado en exceso el almacenamiento (lo que habría provocado una fuga de gas), ni se ha escapado el gas por la roca cobertera del almacén. Por tanto, sugirió una teoría alternativa para explicar los seísmos.

Teoría alternativa

El almacén (y antes el yacimiento) de Amposta está situado en un karst, o relieve kárstico, formado por rocas calizas porosas. En tierra, forman cuevas con estalactitas y estalagmitas, formadas por la corrosión y precipitación de la roca provocada por el dióxido de carbono. En el fondo del mar, este dióxido es mucho más corrosivo, explicó Álvarez. Según él, durante la explotación petrolífera del pozo, se podría haber liberado parte del CO2 disuelto en el petróleo, que habría pasado al agua, haciéndola corrosiva, debilitando la roca almacén y provocando hundimientos.

Antonio Soriano, catedrático y director del Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno de la Universidad Politécnica de Madrid, sin embargo, consideró poco probable esta teoría alternativa y afirmó que “hay muy poca duda de que los sismos están causados por la inyección de gas. El aumento de presion en la línea de rotura de la falla, si aumenta la presión del gas, aunque sea un poco, hace que la falla se hunda ligeramente”.

Sin embargo, matizó, no hay motivos para una preocupación excesiva. “La energía que se puede liberar tiene un límite, que lo marca la longitud y otras características de la falla. Y no puede ser mucho mayor de lo que estamos sintiendo hasta ahora”. El mayor seísmo medido hasta ahora tuvo una magnitud de 4,2. “¿Cuál es el límite, 5, 6? Para eso hay que estudiar más, reconoció”.

Pero lo importante, señaló, no es la magnitud, sino la intensidad en la costa, es decir, cómo se siente y cómo afecta el terremoto. “Por debajo de intensidad 7, una edificación bien construida no sufrirá”. Aún no hay datos sobre Vinarós, pero Soriano piensa que las intensidades producidas hasta ahora están en torno a 3.

Soriano trabajó en el proyecto de la presa de Itoiz, en Navarra, que produjo seísmos de magnitud 5, “30 veces más energéticos que uno de 4,2”, y que provocó intensidades de hasta 5 en Pamplona. En el caso de Vinarós, Soriano estima que pueden producirse seísmos de hasta magnitud 6 en la zona de Castor, “pero al ser muy superficiales, la intensidad en tierra sería de 5, y ni siquiera eso haría daño a las estructuras ni a las edificaciones”. En todo caso, reconoció, el límite es difícil de precisar, y habría que hacer más estudios.

Soriano precisó también que el llenado con gas del almacén “libera energía existente en la falla, no la acumula”.

Cobertura en los medios

El Mundo, 14 de octubre.

El Economista, 14 de octubre.

El Día, 14 de octubre.

Las Provincias, 15 de octubre.

Levante, 16 de octubre.

El Periódico Mediterráneo, 17 de octubre.

Los geólogos avisan de la “elevada incertidumbre” sobre el riesgo de Castor

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Los geólogos alertan de la “elevada incertidumbre” que presenta el proyecto Castor, un almacén de gas submarino, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), cuya actividad se ha relacionado en varios informes oficiales con los más de 500 seísmos registrados en la zona en septiembre pasado. Un nuevo informe, del Instituto Geológico y Minero Español (IGME), señala la “elevada incertidumbre sobre el nivel de riesgo concurrente” de la instalación. Y afirma que ha llegado a esa conclusión tras comprobar la “sismicidad generada hasta el momento” y “la presencia constatada de fallas importantes en el entorno del almacén, susceptibles de generar sismos de cierta magnitud”. Su recomendación es concretar ese riesgo “en lo posible” haciendo nuevos estudios.

El Ministerio de Industria encargó dos informes tras la crisis sísmica del Castor. Uno de ellos, el del Instituto Geográfico Nacional (IGN) se conoció cuatro meses después de haberse elaborado, cuando Industria decidió atender la petición del diputado de IU Ricardo Sixto y enviárselo al Congreso. El otro, el del IGME, lleva fecha del 20 de diciembre pasado, pero Industria no lo remitió a la Cámara hasta este lunes, un día después de las elecciones europeas. Ambos informes constatan la relación entre la inyección de gas en Castor y los temblores registrados en la zona de Vinaròs. El informe del IGME afirma a este respecto: “El origen de la sismicidad acaecida […] está temporalmente relacionado con las operaciones de inyección de gas colchón”.

La crisis del Castor se desencadenó a principios de septiembre pasado, cuando empezaron a sucederse pequeños terremotos en la zona de Vinaròs (Castellón). La empresa que gestiona la plataforma (Escal UGS, propiedad en un 67% de ACS) había empezado en junio a inyectar gas colchón, un volumen mínimo de gas natural que debe existir en un almacén de este tipo para que se pueda inyectar y posteriormente extraer el gas útil. Según el informe del IGME, la sismicidad está relacionada con esas operaciones de inyección de gas y “coincide con un incremento del volumen inyectado, así como del aumento en el ratio de volumen inyectado por día, respecto a los estadios anteriores”.

El 24 de septiembre se produjo el primer seísmo que notaron los habitantes de poblaciones cercanas. Industria ordenó el cese de actividad el 26 de septiembre. La instalación se mantiene paralizada desde entonces y el Gobierno aún no ha decidido si será de forma definitiva. El PP ha rechazado hoy en el Congreso una iniciativa de CiU para paralizar de forma definitiva y permanente el proyecto Castor.

Los geólogos describen dos grupos de temblores. El primer grupo, mayoritariamente de baja magnitud, corresponde a la “sismicidad inducida” y coincide con las actividades de inyección de gas colchón durante el mes de septiembre. El segundo grupo, de “sismicidad disparada”, tuvo lugar una vez paralizadas las actividades de inyección y registró terremotos de magnitud más elevada, de entre 3,5 y 4,2. Se produjeron, añade el informe, “como respuesta al cambio de condiciones tensionales en algunas de las fallas del entorno del almacén”. En ese sentido, el texto explica que los terremotos de mayor magnitud son probablemente “consecuencia de la interacción dinámica entre el movimiento de pequeñas fallas de dirección NW-SE y una falla mayor de dirección NE-SW”. Esta falla, a la que denominan falla Castor, tal y como adelantó este diario, era desconocida hasta entonces.

La documentación remitida al grupo de IU en el Congreso confirma que la peligrosidad sísmica de la zona no se estudió previamente. De hecho, recomienda hacerlo ahora. El informe pide “desarrollar un estudio de peligrosidad sísmica de las fallas activas o potencialmente activas en el entorno del almacén y sus probables prolongaciones fuera del área del estudio de este informe”. Ese estudio debería plantear diferentes “escenarios de riesgo”, añade, bajo los cuales “se estimará el nivel probable de sacudida del terreno en las poblaciones costeras y la posible variación en las condiciones de aptitud del almacenamiento subterráneo”.

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) validó en 2007 los estudios técnicos que presentó al Ministerio de Industria la empresa que iba a construir el proyecto Castor. Las propuestas de la compañía “se estiman procedentes”, concluye el informe, fechado el 23 de enero de 2007, considerado de “carácter confidencial”, pero al que tuvo acceso este diario. El IGME, que realizó el informe a petición de la Dirección General de Política Energética y Minas —entonces bajo Gobierno socialista— determinó que la posibilidad de que la falla de Amposta, sobre la que se asienta el almacén, se reabriera por la presión era “muy pequeña”. Escal UGS acababa de presentar la solicitud para optar a una concesión administrativa y explotar el Castor.

El sector del gas da por muerto el almacén Castor y augura una moratoria nuclear estilo Lemóniz

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Han pasado ya casi seis meses desde que Escal UGS, la empresa controlada por ACS, comenzase a inyectar, el 11 de septiembre, gas en el almacén del Castor, desencadenando así la avalancha de pequeños terremotos que provocó el cierre temporal de la instalación.

Poco a poco, el Ministerio de Industria y Energía ha ido dilatando los plazos para la presentación y valoración de los informes tanto técnicos y geológicos como la auditoría financiera del coste de la instalación. El Departamento que dirige José Manuel Soria ha solicitado nuevos informes ante las grandes dudas que despierta un almacén subterráneo que provocó cerca de 550 seísmos en casi un mes.

Son tantas las posibilidades de que la reapertura del Castor y la inyección de gas en el reservorio vuelvan a provocar terremotos que el sector del gas asume ya que la instalación cerrará definitivamente. Fuentes de diversas empresas y expertos del sector confirman que Industria no se atreverá a reabrir el almacén que yace bajo las aguas del Mediterráneo, a unos 30 kilómetros frente al Bajo Maestrazgo castellonense, ante el temor de nuevos seísmos y al coste que esto tendría para un Gobierno que encara las elecciones europeas de mayo como un ensayo preparatorio para las generales de 2015.

“Sería muy arriesgado para el PP prestarse a asumir la responsabilidad política de la reapertura de un almacén que provocase nuevos terremotos, cuando además su entrada en funcionamiento no es necesaria para el sistema ni lo será en la próxima década”, señala una fuente del sector consultada.

“En Moncloa no quieren ni oír hablar del Castor ni quieren volver a verlo en televisión, abriendo todos los informativos y con la ciudadanía, las asociaciones ecologistas y la mayoría de los grupos políticos pidiendo su cierre definitivo”, afirma otra fuente, que no duda de que Industria dejará para después de mayo cualquier pronunciamiento o decisión sobre el almacén.

Pero además, otras fuentes consultadas señalan que ya está sobre la mesa una posible solución salomónica, con precedente en España, que permitiría el cierre definitivo de la instalación impulsada por Florentino Pérez, presidente de ACS, sin que el Estado tuviera que asumir el pago de los casi 1.500 millones de euros que ha costado su construcción en concepto de compensación a Escal por el cese de su actividad.

Es lo que algunos ejecutivos del sector gasista han denominado la “vía Lemóniz” y otros llaman simplemente “moratoria nuclear”. Industria y Florentino Pérez podría negociar un acuerdo que estableciese una moratoria por la que el promotor de la instalación desistiría de su explotación a cambio de recibir, diferida en los próximos 25 años, la indemnización acordada una vez asumida la auditoría de cuentas.

El pago se haría a través de un pequeño porcentaje mensual con cargo al recibo del gas, casi imperceptible para el cliente, como ya se hizo en tiempos de Felipe González. El PSOE, nada más llegar al poder en 1982, anunció, en línea con su programa electoral, la paralización de los ambiciosos programas de desarrollo de la energía nuclear puestos en marcha en la dictadura al calor del desarrollismo de la década de los 60. Posteriormente se paralizaron las obras en 7 centrales ya proyectadas, una de ellas, de las más avanzadas, estaba en Lemóniz (Vizcaya).

Fue el cierre más polémico porque el grupo terrorista ETA también hizo bandera de ello y llegó a asesinar al ingeniero jefe de la central, lo que forzó al Gobierno a acelerar su paralización. Tanto la propietaria de Lemóniz, Iberduero (ahora Iberdrola), como del resto de centrales en proyección fueron compensadas con la moratoria nuclear que entró en vigor en 1997. Las grandes eléctricas cobrarían las inversiones realizadas a través del recibo de la luz durante unos 25 años de moratoria, un pago que todavía hoy sigue cargándose cada mes en la factura.

El de una moratoria para el Castor es un tema que ya está sobre la mesa, pero que no ha sido tratado ni negociado por las partes de forma conjunta, señalan las fuentes conocedoras del proceso. Industria insiste en esperar a que lleguen los nuevos informes para valorar concienzudamente los pros y contras de la instalación, mientras Escal UGS comienza a presionar con la presentación de un contrainforme de la consultora DNV, que cifra en 1.461 millones de euros el coste de la instalación y la considera “segura” y “fiable”, en palabras de Recaredo del Potro, presidente de Escal.

Mientras tanto, los expertos del sector gasista consultados reiteran que España no necesita un nuevo almacén estratégico de gas, “que nunca estaría de más en caso de crisis mundial y falta de abastecimiento, una situación que también se podría afrontar con los cuatro almacenes ya existentes“.

Recuerdan también que su entrada en funcionamiento podría provocar subidas de hasta el 6% en el recibo del gas y un aumento del déficit de tarifa de este sector, como también alertó la Comisión Nacional de Energía en un informe antes de integrarse en la CNMC