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El Proyecto Castor se financió a través de los bonos público-privados ‘Europe 2020 Poject Bond’

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La diputada de EU en el Parlamento Europeo Marina Albiol preguntará a la Comisión Europea (CE) por la intervención del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el proyecto Castor, “un auténtico fracaso que puede costar al erario público 1.700 millones de euros, millones que saldrán de los bolsillos de todos nosotros”, ha dicho. La eurodiputada ha recordado en un comunicado que este proyecto “ha sido financiado a través de los bonos público-privados ‘Europe 2020 Poject Bond’, creados para la financiación de infraestructuras. “Tenemos claro que el papel que juega el BEI en todo este asunto será crucial para que finalmente la salida sea en favor de los intereses de los ciudadanos o sea en beneficio del sector privado”, ha añadido.

Albiol ha señalado que su grupo preguntará a la CE si “a la luz de los riesgos medioambientales producidos, esta inversión se adapta a los objetivos ambientales marcados por el propio BEI”. Además, también interpelará en referencia a la supresión de estos bonos “para proteger los intereses de los estados miembros en lugar de los intereses de los inversionistas privados”. Así mismo, “dada la enorme cantidad de terremotos producidos por la inyección de gas en el almacén subterráneo”, Albiol quiere saber si en los estudios de impacto medioambiental de proyectos de inyección de gas en el subsuelo “se considerarán detalladamente los riesgos sísmicos antes de autorizar un proyecto

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ACS cierra una emisión de bonos de 1.400 millones de euros para el almacén subterráneo de gas “Castor”

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La emisión fue suscrita en más de un 80% por inversores extranjeros, según indicó la compañía.

El programa PBCE (Project Bond Credit Enhancement) del Banco Europeo de Inversiones se utiliza para financiar grandes proyectos de infraestructura, mejorando el rating de la deuda de los proyectos, permitiendo con ello financiarlos directamente al mercado de capitales.

Este bono sustituirá a la financiación del proyecto a 7 años que estaba en vigor con un conjunto de 19 bancos internacionales.

En concreto, la garantía del BEI para el proyecto “Castor” será inicialmente de 200 millones de euros (aproximadamente el 14% sobre la deuda), cuyo porcentaje aumentará según se amortice el bono, hasta llegar al 20%, porcentaje en el que se mantendrá hasta el repago del bono.

Adicionalmente, el BEI compró bonos por valor de 300 millones de euros para transmitir al mercado de capitales su confianza en el proyecto.

Asimismo, la compañía señaló que no fue necesaria la compra de bonos por parte de los bancos mandatados para la estructuración y colocación del bono: Santander, Natixis, BNP Paribas, Bankia, Caixabank, Société Générale y Calyon, dado que se suscribió por determinados inversores (fondos de pensiones, inversores institucionales, compañía de seguros, inversores privados, bancos centrales).

El BEI completa en España el primer proyecto de bonos para infraestructuras

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Día 30/07/2013

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) anunció hoy que ha completado el primer proyecto de bonos dentro de su iniciativa para financiar infraestructuras claves en la Unión Europea (UE), a través de una inversión de 500 millones de euros en un proyecto de almacenamiento subterráneo de gas en España.

En total, la institución financiera aportará 500 millones de euros al proyecto Castor, impulsado por el ministerio de Industria para almacenar hasta un 30 % del consumo diario de gas en España y desarrollado por la constructora ACS y la empresa Dundee Energy.

La emisión de bonos por un valor total de 1.400 millones fue respaldada con una línea de liquidez de 200 millones de euros del BEI, que permitió al proyecto gasístico español lograr una «clasificación crediticia más atractiva para los inversores». La institución europea avanzó que adquirirá además otros 300 millones de euros en bonos para apoyar el proyecto.

Financiación de proyectos clave

La iniciativa «Europa 2020 bonos-proyecto» es un programa conjunto entre la Comisión Europea (CE) y el BEI, que sirve para financiar proyectos de infraestructuras clave en sectores como el transporte y la energía.

«La emisión con éxito de los primeros bonos-proyecto por parte de Castor es un signo positivo del apoyo en aumento a inversiones esenciales a largo plazo para el crecimiento sostenible en Europa», dijo el vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, en un comunicado.

«La iniciativa de los bonos-proyecto es una manera innovadora de abrir las infraestructuras a la inversión privada y un elemento clave a la hora de contribuir al estímulo del crecimiento y el empleo», agregó.

Por su parte, el presidente del BEI, Werner Hoyer, felicitó al proyecto Castor por haber «demostrado con éxito cómo la utilización de los bonos-proyecto pueden lograr un mayor apoyo para las inversiones a largo plazo en momentos económicamente desafiantes».

La fase piloto de este plan se puso en marcha a finales del pasado año y cuenta con 230 millones de euros del presupuesto comunitario, centrados en alentar inversiones del mercado de capitales por más de 4.000 millones de euros.

«La fase piloto es un importante primer paso de cara al próximo marco financiero de la UE, que subraya el papel del presupuesto comunitario como un motor de crecimiento”» defendió Rehn.

«Suponemos que la fase piloto (…) añadirá una nueva dimensión a la contribución del BEI en la financiación de infraestructuras en Europa», indicó por su parte Hoyer.

Actualmente, existen nueve proyectos que cumplen con los requisitos para participar en la iniciativa, que incluyen autopistas en Bélgica, Alemania, Eslovaquia y Reino Unido, conexiones a la red eléctrica de parques eólicos marinos en Alemania y el Reino Unido y una instalación de almacenamiento gasístico en Italia

La Plataforma del Sénia pide al BEI que suspenda la financiación de Castor

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Alcanar.(Tarragona).(EFE).- La Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia ha pedido al Banco Europeo de Inversiones (BEI) la paralización de la financiación europea del proyecto Castor y que inicie una investigación “ante posibles infracciones de directivas europea”.

Así lo expone la Plataforma en un comunicado difundido hoy mientras se sigue esperando una decisión definitiva sobre el almacén de gas frente a las costas de Castellón y el sur de Tarragona, vinculado con una serie de pequeños terremotos que sacudieron la zona en septiembre y octubre.

La entidad indica que para la empresa ACS, accionista mayoritaria, este ha sido el primer proyecto de infraestructuras español financiado con los llamados bonos de proyecto y el primer apoyado por el Banco Europeo de Inversiones.

“Recientemente, la agencia de calificación crediticia Fitch ha situado en vigilancia con perspectiva negativa el rating del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas de Castor, a causa de los seísmos en la zona tras el inicio de la inyección de gas”, afirma la Plataforma.

A finales del pasado julio, el BEI anunció que había completado el primer proyecto de bonos dentro de su iniciativa para financiar infraestructuras claves en la Unión Europea (UE), a través de una inversión de 500 millones de euros en el proyecto de almacenamiento subterráneo de gas.

En total, la institución financiera preveía aportar 500 millones de euros al proyecto Castor, impulsado por el ministerio de Industria para almacenar hasta un 30 % del consumo diario de gas en España y desarrollado por la constructora ACS y la empresa Dundee Energy.

La emisión de bonos por un valor total de 1.400 millones fue respaldada con una línea de liquidez de 200 millones de euros del BEI, que permitió al proyecto gasístico lograr una “clasificación crediticia más atractiva para los inversores”.

La institución europea avanzó entonces que iba a adquirir además otros 300 millones de euros en bonos para apoyar el proyecto. La iniciativa “Europa 2020 bonos-proyecto” es un programa conjunto entre la Comisión Europea (CE) y el BEI, que sirve para financiar proyectos de infraestructuras clave en sectores como el transporte y la energía.

La confianza en la UE, los eurobonos y el proyecto Castor

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El Banco Europeo de Inversiones (BEI)  ha elegido un proyecto español como el óptimo para usar, por primera vez, sus «bonos-proyecto», un programa conjunto con la Comisión Europea (CE) que sirve para financiar proyectos de infraestructuras clave en sectores como el transporte y la energía. El BEI invertirá 500 millones de euros en un almacén de gas subterráneo frente a la costa de Castellón.

«Castor» se llama el alumno aventajado que asoma sus torres a unos 22 kilómetros de la costa de Vinarós, un proyecto impulsado por el ministerio de Industria dentro del Plan Estratégico para la Electricidad y el Gas 2008-2016, con la máxima categoría (A Urgente), como proyecto «necesario y prioritario» para el sistema gasista español.

Castor, desarrollado por la constructora ACS y la empresa Dundee Energy, conseguirá almacenar hasta un 30% del consumo diario de gas en España lo que, según sus responsables, «permitirá lograr una clasificación crediticia más atractiva para los inversores» y garantizará el suministro y la estabilidad de precios en el futuro.

Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos y Monetarios se ha mostrado muy satisfecho con esta primera emisión de «bonos-proyecto» como «signo positivo del apoyo en aumento a inversiones esenciales para el crecimiento sostenible en Europa. La iniciativa de los bonos-proyecto es una manera innovadora de abrir las infraestructuras a la inversión privada y un elemento clave a la hora de contribuir al estímulo del crecimiento y el empleo», explicaba su comunicado oficial.

La fase piloto de la iniciativa «Europa 2020 bonos-proyecto» arrancó en el verano de 2012 con 230 millones de euros del presupuesto comunitario. Una inversión económica pero también simbólica porque ofrece al conjunto de la UE como garantía y, en la situación actual de restricción del crédito, las instituciones europeas confían en que esa garantía ofrezca seguridad a los inversores privados para que inviertan su dinero.

Según los cálculos iniciales del BEI, esos 230 millones se podrían multiplicar por 15 en el peor de los casos, es decir, que se podrían transformar en más de 4.000 millones de euros en inversión privada.

«El presupuesto comunitario como motor del crecimiento», lo defendió entonces Rehn con el apoyo del presidente del BEI, Werner Hoyer que aseguró que «la fase piloto añadirá una nueva dimensión a la contribución del BEI en la financiación de infraestructuras en Europa».

En el inicio de la fase piloto, la canciller alemana Angela Merkel defendió que los bonos «se destinen a proyectos y a países que necesitan inversiones con urgencia, como Grecia, Portugal, Italia y España».

Actualmente, hay nueve proyectos que podrían incluirse en la iniciativa, entre ellos, autopistas en Bélgica, Alemania, Eslovaquia y Reino Unido, conexiones a la red eléctrica de parques eólicos marinos en Alemania y el Reino Unido y una instalación de almacenamiento gasístico en Italia.

España, un buen ejemplo de «bonos-proyecto»

El pasado jueves 29 de agosto, Oli Rehn defendía en su discurso en el Foro de Alpbach, en Austria, la confianza en España y en otros países como Francia, Italia y Eslovenia y la prórroga para que cumplan sus objetivos de déficit basándose en «los logros ya conseguidos» siempre que este tiempo adicional se use para «intensificar las reformas estructurales».

Rehn señaló en su discurso que la actual brecha en el crédito al sector privado deben salvarla otros jugadores y mencionó los préstamos del BEI a la financiación de las PYME, la innovación, la infraestructura y el crecimiento verde.

«El mes pasado, un proyecto de almacenamiento subterráneo de gas en España fue el primero para el que se emitieron los bonos para proyectos en la etapa experimental», señaló el Vicepresidente de la CE, «y esto es un signo alentador de la confianza en el país», destacó después.

El Proyecto Castor es la joya de la corona de los bonos-proyecto. Una instalación de almacenamiento de gas natural submarino capaz de contener 1,3 millones de metros cúbicos de gas.

El proceso consiste en tomar el gas de la red general y almacenarlo en el subsuelo submarino. Para ello, el gas se transfiere a través de un gasoducto de aproximadamente 30 km de longitud, en su mayoría bajo el mar, que conecta la Planta de Operaciones Terrestres Ignacio Pérez con una plataforma en alta mar situada a 22 km de la costa de Vinarós, en Castellón.

Cuando el sistema de gas lo requiera, estas instalaciones podrán devolver gas del almacenado en las mismas condiciones en las que fue recibido por el mismo gasoducto submarino.

El proyecto Castor cuenta con una capacidad de almacenamiento útil de 1.300 millones de Nm3 de gas operativo y de 600 MNm3 de gas colchón ( el «gas colchón» es el volumen mínimo de gas natural que debe haber en un almacén subterráneo para que se pueda extraer gas útil a la presión adecuada e introducirlo en la red). Con esta capacidad, podrían atender un tercio de la demanda de gas natural de España durante aproximadamente 50 días.

La estrategia «Europa 2020»

Desbloquear el crédito a inversores institucionales para que puedan efectuar inversiones a largo plazo en infraestructuras europeas es crucial para estimular el crecimiento económico y crear empleo. El Banco Europeo de Inversiones, la entidad acreedora a largo plazo de la Unión Europea, se ha convertido en agente esencial del crecimiento europeo y se ha comprometido a apoyar las inversiones esenciales para el futuro de Europa.

En este marco, los bonos los emiten las propias empresas que desarrollan el proyecto, y no el BEI o los Estados miembros. El papel del Banco Europeo de Inversiones consiste en facilitar la mejora crediticia a través de otros instrumentos dependientes, ya sea un préstamo o una facilidad crediticia, para apoyar la deuda senior emitida por la empresa encargada del proyecto.

Esta ayuda al crédito es uno de los pilares de la estrategia «Europa 2020», lanzada por la CE en 2011 para que las empresas privadas, como aseguradoras o fondos de pensiones, inviertan en proyectos de infraestructuras.

La Comisión ha estimado que para cumplir con los objetivos de «Europa 2020», la estrategia de crecimiento económico que sustituye a la Estrategia de Lisboa y es menos burocrática, más dirigida a nivel político y con objetivos claros y exigibles, los volúmenes de inversiones necesarias en sectores como el del transporte, la energía o las redes de información y telecomunicaciones, se situarían entre 1,5 y 2 billones de euros.

Como punto de partida de la nueva estrategia, la CE y el BEI plantean que Europa debe aprender de lo ocurrido en la crisis económica y financiera mundial y asumir que ningún Estado miembro puede enfrentarse eficazmente a los desafíos globales en solitario, por lo que el éxito depende de una estrecha coordinación de la política económica.

La Comisión ha identificado en la estrategia 2020 tres motores clave del crecimiento que deberán ponerse en marcha a través de acciones concretas en el ámbito nacional y de la UE :

– Crecimiento inteligente (impulsar el conocimiento, la innovación, la educación y la sociedad digital).

Crecimiento sostenible (fomentar una producción más eficiente en cuanto a los recursos a la vez que impulsar nuestra competitividad).

Crecimiento integrador (aumentar la participación en el mercado de trabajo, la adquisición de cualificaciones y la lucha contra la pobreza).

El progreso hacia estos fines se medirá en función de cinco objetivos principales representativos en el ámbito de la UE y que los Estados miembros deberán traducir en objetivos nacionales. Entre los objetivos se encuentran que el 75% de la población de 20 a 64 años de edad deberá tener empleo, que el 3% del PIB de la UE deberá invertirse en I+D, que se alcanzarán los objetivos 20/20/20 en el ámbito del clima y la energía, que la tasa de abandono escolar deberá ser inferior al 10%, que al menos el 40% de los jóvenes deberá tener una cualificación o un diploma y que habrá 20 millones de personas menos expuestas al riesgo de la pobreza.

La agenda europea para 2020 es más que ambiciosa y para que se cumpla debería convertirse en prioridad para todos los agentes implicados, organizaciones de nivel comunitario, Estados miembros, y autoridades locales y regionales. Quedan apenas 7 años.