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Industria cree inadecuado cerrar Castor pero admite que no puede inyectar más

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efe castelló El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, señaló ayer que no es posible saber que va a ocurrir en el futuro con el almacén submarino de gas Castor, aunque «está claro que no se puede inyectar un metro cúbico más sin saber si va a haber movimientos sísmicos».
Así lo indicó durante su intervención en el seminario «La Europa que deja la crisis», organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.
Nadal recordó que en esta plataforma se han invertido más de 1.000 millones de euros, porque el proyecto en su momento «parecía que iba a tener una importancia fundamental», y que ahora sigue siendo una instalación que podría funcionar.
El problema, indicó, es que se producen movimientos sísmicos, y los informes confirman que existe una relación causa efecto entre ambas cosas.
No obstante, «cancelarlo definitivamente no es una buena idea si en el futuro pudiera ser necesaria, pero está claro que no se puede inyectar más; hay que tomar una decisión «sensata y ponderada», dijo Nadal, teniendo siempre en cuenta que «la población de Castelló y el sur de Tarragona no puede correr riesgo».
El secretario de Estado recordó que el sistema de financiación de Castor se fijó en la pasada legislatura, y «con unas garantías que vinculan al Gobierno siguiente».
El almacenamiento de gas Castor, promovido por Escal –sociedad controlada por ACS–, tiene suspendida su actividad desde septiembre del pasado año tras registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona.

Vinaròs y Peñíscola apoyan a Fabra por el Castor y Benicarló pide el cierre ya

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YOLANDA CLARES 07/06/2014

El anuncio del Gobierno sobre la dilación en el tiempo para tomar una decisión sobre el futuro del Castor hasta no tener todos los informes de los expertos ha gozado de la comprensión de los ayuntamientos de la zona afectada o, al menos, de casi todos.

Y es que mientras Vinaròs y Peñíscola, como el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, entienden que el Ministerio de Industria debe actuar “con cautela” antes de ordenar el cierre definitivo de la planta, Benicarló se postula a favor de clausurarla cuanto antes. Esta es la tesis que defendió la oposición durante el debate en Les Corts. En este se aprobó la moción en la que se solicitaba el fin de la instalación.

Precisamente, su alcalde, Marcelino Domingo, pese a liderar la plataforma de municipios afectados, ha sido el más díscolo en este sentido en cuanto al discurso que está manteniendo el PP, que alude a los estudios de los expertos internacionales y que podrían demorarse “años”. Domingo indicó que mantiene su “postura de siempre, que la instalación debe de desmantelarse ya. Los profesionales ya han demostrado lo que nos temíamos”, destaca.

Sin embargo, sus homólogos en Vinaròs y Peñíscola opinan que la administración central actúa con corrección, aunque también consideran que la infraestructura se debe cerrar. El primer edil vinarocense, Juan Bautista Juan, indicó que “esto no cambia en absoluto la posición del Ayuntamiento. A nosotros, la máxima tranquilidad y seguridad nos la da que el Castor esté en una paralización indefinida. Esto no significa que no nos interese conocer la evolución de lo que se produzca sobre el proyecto y que pueda suscitar cambios de posición o de planteamiento respecto al futuro”.

“Esta instalación la sufrimos en el municipio y el consistorio es lo suficientemente importante como para defender sus intereses allá donde haga falta. Estamos manteniendo continuamente los contactos pertinentes en todo aquello que afecta al programa”, afirmó. Informa J. Flores.

Por su parte, el munícipe peñiscolano, Andrés Martínez, indicó que “gobernar con responsabilidad supone actuar con precaución y con cautela, exactamente lo que el PSOE no ha hecho desde el inicio del plan”. “No vamos a caer es esta trampa, tenemos que garantizar que los españoles no vayan a pagar ni un solo euro por esta nefasta gestión del Gobierno socialista y, por ello, si debemos esperar hasta el último informe, lo haremos”, aseveró.

MÁS REACCIONES // Las reacciones a las palabras del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, sobre el tema no se han hecho de esperar. El diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto señaló: “El Gobierno tiene ya una política consolidada, que es la de alargar la situación, esperar a que vengan unas elecciones y otra administración tome la decisión pese a que los estudios son claros”. H

El PP admite que los expertos externos también relacionarían los terremotos con la plataforma Castor

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El PP da por hecho que el informe internacional -encargado a expertos de la Universidad de Stanford y del MIT- sobre el almacén de gas Castor presentará unos resultados similares a los de los estudios que han elaborado los institutos geográfico y geológico españoles, según la portavoz de Medio Ambiente en el Congreso, María Teresa Lara.

Estos dos informes relacionan la actividad de la plataforma con los terremotos que afectaron las comarcas del Montsià (Tarragona) y el Baix Maestrat (Castellón).

En declaraciones a Catalunya Ràdio, la portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, María Teresa Lara, ha señalado respecto a la no coincidencia de los expertos foráneos con los técnicos de las instituciones españolas que “esto es un supuesto que yo no imagino que pueda pasar. Creo que nuestros técnicos, nuestros expertos, son buenos, y que en ningún caso se producen en este caso informes contradictorios, y esta posibilidad sinceramente no la contemplo”.

Lara ha reiterado que con los tres informes en la mano se hará lo mejor para garantizar la seguridad de la población: “Son fiables, son solventes, pero el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha considerado la necesidad de un informe adicional por lo que, una vez concluidos los trabajos, se contará con una base técnica sólida sobre la que tomar una solución definitiva, incluido el desmantelamiento, que en todo caso primará de manera determinante la seguridad de las personas y el medio ambiente”.

El Gobierno volvió a rechazar este miércoles el cierre definitivo de Castor en un debate en comisión en el Congreso a la espera de los resultados de un tercer informe encargado a expertos extranjeros.

Sin embargo, solo un día antes, en la provincia de Castellón, el Partido Popular logró la unanimidad de todos los grupos para exigir el cierre definitivo de la planta tras conocer todos los informes así como pedir responsabilidades legales a la empresa y al Gobierno de Zapatero.

Del Potro trabajo en el almacén Castor a una presión de solo 8 bares

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El presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, ha defendido este lunes que toda la construcción y la operación del almacén de gas Castor frente a las costas de Vinaròs (Castellón) se ha hecho de acuerdo con las “normativas más” exigentes, las que se siguen en la zona del Mar del Norte en países como Noruega.

En una jornada del Instituto de la Ingeniería de España, Recaredo del Potro ha reiterado que la vuelta al funcionamiento de Castor dependerá de lo que diga el Gobierno y ha evitado entrar en el tema de las indemnizaciones y del coste del proyecto.

El presidente de Escal UGS, que gestiona el almacén y está controlada en un 66% por el grupo constructor ACS, ha apuntado que la sismicidad en la zona ha coincidido temporalmente con la inyección de gas colchón “aunque con matices”.

Del Potro ha defendido que la instalación está en “perfectas condiciones” y ha repasado las numerosas autorizaciones, cerca de medio centenar en el proceso de construcción, y la multitud de estudios y sondeos que ha llevado aparejado la infraestructura. “Pocos (proyectos) han seguido un esquema tan complejo de autorizaciones”, ha asegurado.

Entre los estudios llevados a cabo por la empresa, Del Potro ha destacado uno elaborado en Francia que aseguraba que se podía elevar la presión hasta 49 bares sin riesgo, una magnitud que solo llegó a alcanzar los 8 bares. “Se conoce con mucho detalle el medio geológico de la zona (…) Las fallas están perfectamente cartografiadas”, ha señalado el directivo de la empresa.

NOTA DEL IGME CITA TEXTUAL DEL ANEXO II pag. 2 apartado 5.

5) De la problemática encontrada en la inyección durante el més de setiembre del 2013 a presiones del orden de 190 bares, bastante inferiones a las previstas (según la documentación consultada) se deduce que las previsiones basadas en modelos y simulaciones realizadas por ESCAL no han contemplado todos los escenarios de fugas y riesgos más allá de la vecindad de la falla de Amposta. 

 

La actividad del almacén subterráneo de gas Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), se encuentra paralizada desde el pasado 26 de septiembre hasta que se analice su posible relación con los cientos de pequeños seísmos registrados en la zona.

El proyecto Castor, en espera de encontrar las causas y prever las consecuencias

El responsable del almacén de gas y dos expertos en geotécnica analizan en el IIE la posible vinculación del mismo con los seísmos producidos en la costa de Castellón y Tarragona

 

El responsable del proyecto Castor, Recaredo del Potro, y dos expertos en geotécnica analizaron el lunes en el Instituto de la Ingeniería de España la posible vinculación del almacén de gas con los seísmos producidos en la costa de Castellón y Tarragona. Recaredo del Potro subrayó que la construcción ha seguido todos los controles exigidos y que colaboran estrechamente con la Red Sísmica Nacional. El catedrático Antonio Soriano, por su parte, cree que es casi seguro que sean las inyecciones de gas las que provoquen los seísmos, pero no ve peligro para las edificaciones en tierra, ya que ha habido casos similares anteriormente. El ingeniero especializado Isaac Álvarez propuso una teoría alternativa, según la cual la roca almacén podría haberse deteriorado por el CO2 existente en el antiguo yacimiento petrolífero de Amposta, ahora utilizado como almacén.

Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS, y responsable del proyecto Castor, el almacén de gas situado en el fondo del mar Mediterráneo junto a la costa de Castellón y Tarragona, afirmó ayer que se reanudará o no “según lo que diga el Gobierno”. Del Potro, junto a otros dos expertos en geología, abordó ayer lunes la situación del proyecto Castor en una jornada celebrada en el Instituto de la Ingeniería de España, analizando las cuestiones técnicas y la posible vinculación del almacén con los sismos acontecidos en la zona, en concreto en la ciudad de Vinaròs, la más cercana al complejo.

Del Potro aseguró que “no ha habido un proyecto que haya seguido un sistema tan complejo de autorizaciones administrativas como este; en total, unas 42”. También estimó en más de 100 los sondeos realizados en la zona, cuyos datos han utilizado para prevenir cualquier tipo de problema. “La administración nos obligó a hacer un sondeo específico sobre la roca cobertera”, añadió. Los estudios se han ido realizando “continuamente” desde 2002, incluso después de la concesión, producida en el año 2011.

El responsable de Castor afirmó que las fallas de la zona del almacén están “perfectamente cartografiadas” en los sondeos. Asimismo, añadió, el almacén puede tener, según un estudio realizado en Francia, hasta un aumento de presión de 49 bares, sobre los 180 que tiene en estado de reposo. “Al inyectar el gas aumentamos en 8 bares la presión, en dinámica, y en 6 en estática”, señaló, dejando claro que los 49 quedan muy lejos. “Ni podemos ni queremos llegar a esa presión”, añadió.

Tampoco está habiendo ningún escape de gas, señaló Del Potro, según los datos obtenidos con los manómetros que monitorizan la zona de contacto del gas y del agua.

Del Potro agradeció la colaboración “impecable” con la Red Sísmica Nacional en la observación de los sismos ocurridos recientemente en la zona de Vinaròs. “Según sus datos, los epicentros de los sismos están a 10 kilómetros del Castor, pero al estar los sismómetros en tierra nos han dicho que pueden tener una imprecisión en su cálculo de 10 kilómetros”, precisamente.

Los sismos han coincidido temporalmente con las inyecciones de gas, reconoció, aunque “con matices”. “Empezamos en junio durante 10 dias. En julio nada, y luego 4 días en agosto. Luego empezamos con mayores volúmenes el 2 de septiembre. Y hasta el 9 no hubo eventos sismicos anormales”. Las inyecciones pararon el 16 de septiembre.

Isaac Álvarez, ingeniero de Yacimientos y profesor asociado de la Escuela de Ingenieros de Minas de Oviedo, trabajó con Campsa en el yacimiento petrolífero de Amposta (donde ahora está situado el almacén de gas), y reconoció en la jornada que “es imposible cubrir todos los eventos” que se producen en la corteza terrestre, que es algo “muy frágil”.

Álvarez subrayó que un yacimiento como el de Amposta no tiene nada que ver con el ‘fracking’, y que es “casi imposible” fracturar la roca. “No habría bomba suficiente para meter agua a toda presión Es como intentar fracturar una cañeria de 2 metros de diámetro con un grifo de casa”.

El experto señaló que, según los datos disponibles, ni ha habido una fuga de gas por la falla, porque la presión está mantenida en niveles correctos, ni se ha llenado en exceso el almacenamiento (lo que habría provocado una fuga de gas), ni se ha escapado el gas por la roca cobertera del almacén. Por tanto, sugirió una teoría alternativa para explicar los seísmos.

Teoría alternativa

El almacén (y antes el yacimiento) de Amposta está situado en un karst, o relieve kárstico, formado por rocas calizas porosas. En tierra, forman cuevas con estalactitas y estalagmitas, formadas por la corrosión y precipitación de la roca provocada por el dióxido de carbono. En el fondo del mar, este dióxido es mucho más corrosivo, explicó Álvarez. Según él, durante la explotación petrolífera del pozo, se podría haber liberado parte del CO2 disuelto en el petróleo, que habría pasado al agua, haciéndola corrosiva, debilitando la roca almacén y provocando hundimientos.

Antonio Soriano, catedrático y director del Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno de la Universidad Politécnica de Madrid, sin embargo, consideró poco probable esta teoría alternativa y afirmó que “hay muy poca duda de que los sismos están causados por la inyección de gas. El aumento de presion en la línea de rotura de la falla, si aumenta la presión del gas, aunque sea un poco, hace que la falla se hunda ligeramente”.

Sin embargo, matizó, no hay motivos para una preocupación excesiva. “La energía que se puede liberar tiene un límite, que lo marca la longitud y otras características de la falla. Y no puede ser mucho mayor de lo que estamos sintiendo hasta ahora”. El mayor seísmo medido hasta ahora tuvo una magnitud de 4,2. “¿Cuál es el límite, 5, 6? Para eso hay que estudiar más, reconoció”.

Pero lo importante, señaló, no es la magnitud, sino la intensidad en la costa, es decir, cómo se siente y cómo afecta el terremoto. “Por debajo de intensidad 7, una edificación bien construida no sufrirá”. Aún no hay datos sobre Vinarós, pero Soriano piensa que las intensidades producidas hasta ahora están en torno a 3.

Soriano trabajó en el proyecto de la presa de Itoiz, en Navarra, que produjo seísmos de magnitud 5, “30 veces más energéticos que uno de 4,2”, y que provocó intensidades de hasta 5 en Pamplona. En el caso de Vinarós, Soriano estima que pueden producirse seísmos de hasta magnitud 6 en la zona de Castor, “pero al ser muy superficiales, la intensidad en tierra sería de 5, y ni siquiera eso haría daño a las estructuras ni a las edificaciones”. En todo caso, reconoció, el límite es difícil de precisar, y habría que hacer más estudios.

Soriano precisó también que el llenado con gas del almacén “libera energía existente en la falla, no la acumula”.

Cobertura en los medios

El Mundo, 14 de octubre.

El Economista, 14 de octubre.

El Día, 14 de octubre.

Las Provincias, 15 de octubre.

Levante, 16 de octubre.

El Periódico Mediterráneo, 17 de octubre.

El sector del gas da por muerto el almacén Castor y augura una moratoria nuclear estilo Lemóniz

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Han pasado ya casi seis meses desde que Escal UGS, la empresa controlada por ACS, comenzase a inyectar, el 11 de septiembre, gas en el almacén del Castor, desencadenando así la avalancha de pequeños terremotos que provocó el cierre temporal de la instalación.

Poco a poco, el Ministerio de Industria y Energía ha ido dilatando los plazos para la presentación y valoración de los informes tanto técnicos y geológicos como la auditoría financiera del coste de la instalación. El Departamento que dirige José Manuel Soria ha solicitado nuevos informes ante las grandes dudas que despierta un almacén subterráneo que provocó cerca de 550 seísmos en casi un mes.

Son tantas las posibilidades de que la reapertura del Castor y la inyección de gas en el reservorio vuelvan a provocar terremotos que el sector del gas asume ya que la instalación cerrará definitivamente. Fuentes de diversas empresas y expertos del sector confirman que Industria no se atreverá a reabrir el almacén que yace bajo las aguas del Mediterráneo, a unos 30 kilómetros frente al Bajo Maestrazgo castellonense, ante el temor de nuevos seísmos y al coste que esto tendría para un Gobierno que encara las elecciones europeas de mayo como un ensayo preparatorio para las generales de 2015.

“Sería muy arriesgado para el PP prestarse a asumir la responsabilidad política de la reapertura de un almacén que provocase nuevos terremotos, cuando además su entrada en funcionamiento no es necesaria para el sistema ni lo será en la próxima década”, señala una fuente del sector consultada.

“En Moncloa no quieren ni oír hablar del Castor ni quieren volver a verlo en televisión, abriendo todos los informativos y con la ciudadanía, las asociaciones ecologistas y la mayoría de los grupos políticos pidiendo su cierre definitivo”, afirma otra fuente, que no duda de que Industria dejará para después de mayo cualquier pronunciamiento o decisión sobre el almacén.

Pero además, otras fuentes consultadas señalan que ya está sobre la mesa una posible solución salomónica, con precedente en España, que permitiría el cierre definitivo de la instalación impulsada por Florentino Pérez, presidente de ACS, sin que el Estado tuviera que asumir el pago de los casi 1.500 millones de euros que ha costado su construcción en concepto de compensación a Escal por el cese de su actividad.

Es lo que algunos ejecutivos del sector gasista han denominado la “vía Lemóniz” y otros llaman simplemente “moratoria nuclear”. Industria y Florentino Pérez podría negociar un acuerdo que estableciese una moratoria por la que el promotor de la instalación desistiría de su explotación a cambio de recibir, diferida en los próximos 25 años, la indemnización acordada una vez asumida la auditoría de cuentas.

El pago se haría a través de un pequeño porcentaje mensual con cargo al recibo del gas, casi imperceptible para el cliente, como ya se hizo en tiempos de Felipe González. El PSOE, nada más llegar al poder en 1982, anunció, en línea con su programa electoral, la paralización de los ambiciosos programas de desarrollo de la energía nuclear puestos en marcha en la dictadura al calor del desarrollismo de la década de los 60. Posteriormente se paralizaron las obras en 7 centrales ya proyectadas, una de ellas, de las más avanzadas, estaba en Lemóniz (Vizcaya).

Fue el cierre más polémico porque el grupo terrorista ETA también hizo bandera de ello y llegó a asesinar al ingeniero jefe de la central, lo que forzó al Gobierno a acelerar su paralización. Tanto la propietaria de Lemóniz, Iberduero (ahora Iberdrola), como del resto de centrales en proyección fueron compensadas con la moratoria nuclear que entró en vigor en 1997. Las grandes eléctricas cobrarían las inversiones realizadas a través del recibo de la luz durante unos 25 años de moratoria, un pago que todavía hoy sigue cargándose cada mes en la factura.

El de una moratoria para el Castor es un tema que ya está sobre la mesa, pero que no ha sido tratado ni negociado por las partes de forma conjunta, señalan las fuentes conocedoras del proceso. Industria insiste en esperar a que lleguen los nuevos informes para valorar concienzudamente los pros y contras de la instalación, mientras Escal UGS comienza a presionar con la presentación de un contrainforme de la consultora DNV, que cifra en 1.461 millones de euros el coste de la instalación y la considera “segura” y “fiable”, en palabras de Recaredo del Potro, presidente de Escal.

Mientras tanto, los expertos del sector gasista consultados reiteran que España no necesita un nuevo almacén estratégico de gas, “que nunca estaría de más en caso de crisis mundial y falta de abastecimiento, una situación que también se podría afrontar con los cuatro almacenes ya existentes“.

Recuerdan también que su entrada en funcionamiento podría provocar subidas de hasta el 6% en el recibo del gas y un aumento del déficit de tarifa de este sector, como también alertó la Comisión Nacional de Energía en un informe antes de integrarse en la CNMC

Nadal estudia crear un ‘banco malo’ para aparcar el Castor y compensar a Florentino durante 25 años

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Hay un banco malo para los activos tóxicos de la banca, otro para las autopistas de peaje en quiebra y, probablemente, habrá otro para ‘aparcar’ el problemático almacén de gas Castor.

Al menos ésa es una de las ideas que baraja en estos momentos el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, para dar salida a un activo que, previsiblemente, no volverá a entrar en funcionamiento por el alto riesgo de provocar nuevos terremotos.

Según confirman a Vozpópuli fuentes cercanas a Industria, el plan que estudia Nadal seguiría los pasos que se dieron para crear los otros bancos malos. Primero, que el propietario del activo a rescatar acepte una importante quita, que podría situarse en una horquilla de entre el 40% y el 70% de su valor total.

Esta quita se aplicaría sobre el precio final que establezcan las auditorías económicas que se están realizando sobre los costes del Castor, una obra faraónica cuyo presupuesto inicial se fijó en 500 millones, pero que finalmente se disparó hasta casi el triple, unos 1.400 millones de euros.

Si Florentino Pérez, presidente de ACS, la compañía que controla el Castor a través de su filial Escal UGS (66%), acepta esa quita, el proceso se pondrá en marcha. El pasado 30 de abril, el empresario madrileño planteó a Nadal su intención de devolver la concesión de explotación del almacén situado frente a las costas de Vinaroz (Castellón), toda vez que los informes técnicos realizados hasta ahora por el IGN y el IGME no albergan dudas: la inyección de gas en el almacén provocó los 512 terremotos de septiembre y despertó una nueva falla, bautizada con el nombre de “Falla Castor”.

Todo apunta a que si se inyectara, de nuevo, gas en el almacén subterráneo, el riesgo de nuevos terremotos sería muy alto. Así que en Industria estudian ya dónde y cómo aparcar esa infraestructura que su propietario quiere devolver.

Una vez aceptada la quita, ACS tendría que provisionar el activo o apuntárselo como pérdida en sus cuentas, pero a cambio recibirá un bono, con aval del Estado, con vencimiento a unos 25 años y una rentabilidad aún por definir.

Pero si en el caso de la Sareb o en el de las autopistas los activos aparcados en el banco malo en principio generan ingresos para cubrir sus costes de explotación y mantenimiento, el pago de intereses y la devolución progresiva del principal, con el Castor este hecho no se da.

El banco malo solo tendría un activo, que no se puede poner en valor por riesgo a terremotos, con lo que no generaría ingreso alguno. Es ahí donde está la madre del cordero. Según las fuentes consultadas, los ingresos para pagar a Florentino Pérez la rentabilidad del bono a 25 años y la devolución del principal sólo podrían salir del recibo del gas o de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Y es ahí donde entraría la vía Lemóniz, es decir, establecer una especie de moratoria como la nuclear que durante años se ha ido pagando con cargo al recibo de la luz en pequeñas cantidades.

Es eso lo que se haría con el Castor, una moratoria que se cargaría mes a mes en el recibo que los consumidores pagan por el gas.

La otra opción chocaría frontalmente con Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, al que le produce verdadera urticaria cargar a los PGE nuevas partidas que puedan descuadrar su espartana lucha contra el déficit público. De esta forma, todos los españoles pagarían el fracaso del Castor, y no sólo los titulares del recibo de gas.

Mientras en Industria esperan la llegada de los informes nacionales e internacionales encargados para determinar si hubo negligencia en la inyección de gas y si ha habido sobrecostes en el desarrollo del Castor, Nadal y el equipo de Florentino se han emplazado a ir trabajando conjuntamente en el diseño de la solución menos traumática para todos: el cierre definitivo del almacén al menor coste posible.