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Opacidad y seísmos en el proyecto Castor

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Desde hace aproximadamente un mes, la costa de Castellón y Tarragona ha sufrido alrededor de 400 microseísmos. La semana pasada se registró uno de 4,1 grados en la escala Richter, ya perceptible de forma evidente por la población local. Todo ello cerca de la Falla del Camp, donde se encuentran las centrales nucleares de Ascó y Vandellós. La reciente experiencia de Fukushima demuestra las fatídicas consecuencias que la actividad sísmica puede desencadenar en zonas donde se encuentran centrales nucleares, consecuencias que se están sufriendo todavía hoy, aunque el tema ya no esté tan presente en la agenda mediática.

Los especialistas apuntan que estos seísmos tienen una relación directa con la inyección de gas que se ha estado haciendo en la plataforma Castor, que podría haber desestabilizado el sistema de fallas en el que se encuentra. Además, existen precedentes no muy lejanos ni en el tiempo ni en el espacio que deberían haber prevenido a las autoridades competentes, como es el campo de gas de Lacq, en Francia, donde se registraron 800 terremotos de pequeña magnitud durante el proceso de inyección de gas. La naturaleza no hace nada en vano, decía Aristóteles.

El Colegio de Geógrafos de España indica que, aunque no es una zona de especial riesgo sísmico, no sería la más apropiada para un proyecto de estas características. Incluso el Ministro Soria ha admitido públicamente que los terremotos podrían tener una relación directa con el proyecto Castor, y ha dictado una resolución para paralizar temporalmente las actividades.

Algunos pensarán que el gobierno ha reaccionado rápidamente, y que se están tomando las medidas adecuadas para evitar daños mayores. Sin embargo, ante una instalación de tales características, y dadas la delicada coyuntura del lugar (por la presencia de centrales nucleares) y los precedentes observados en Laq, lo que habría que cuestionarse es por qué no se aplicó el principio de precaución en un proyecto que claramente lo requería. Una adecuada gestión del riesgo tiene que servir justamente para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones expuestas a amenazas naturales. En este caso, poblaciones que además están expuestas al riesgo asociado de dos centrales nucleares.

El proyecto Castor es un proyecto de almacenamiento de gas que permitiría cubrir la demanda de gas fósil de España durante 50 días en caso de problemas de abastecimiento. Se diseñó para prevenir la dependencia energética actual que tenemos de Argelia respecto a este recurso. Sin embargo, el proyecto cuenta con múltiples detractores, no solamente críticos del modelo energético basado en energías fósiles que sostiene, sino también otros sectores que alertan de la presión que el elevado coste de sus infraestructuras añadirá a los costes regulados del sistema gasista, que probablemente provocará un aumento en el precio final del gas. Sin olvidar el impacto ambiental que un almacén de tales características supone.

La concesión de la explotación de este almacén subterráneo la tiene un consorcio privado, Escal UGS, formado por la constructora de Florentino Pérez ACS (66,7%) y la canadiense Dundee Energy (24,6%). A pesar de las críticas al proyecto, parece que este consorcio ya se benefició el pasado mayo de una resolución del Ministerio de Industria, en la que se permitía que terceros puedan adquirir para Escal UGS el gas que hasta ahora sólo podía comprar la empresa titular de la concesión, liberándola así de tener que hacer una excesiva inversión inicial. Además, se han observado algunas irregularidades en la gestión de la concesión, como la modificación del proyecto (triplicando sus costes) con posterioridad a la entrega de los informes del Instituto Geológico y Minero (IGME).

Pero más allá de posibles negligencias de las autoridades competentes o intereses privados, el proyecto Castor debería abrir un debate sobre la transparencia en la explotación de los recursos comunitarios. ¿Cómo puede ser que no se informara debidamente a la población sobre sus posibles consecuencias? Es un proyecto que explota unos recursos y un espacio públicos, y sus habitantes tienen derecho a estar informados de las consecuencias que puede tener un determinado uso de ese territorio. Sobre todo porque estas consecuencias, tanto las económicas como las que podría ocasionar sobre la salud y el medio, las pagaremos todos.

El marido de Cospedal participará en la construcción del cementerio nuclear de Castilla-La Mancha

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López del Hierro fue ascendido hace dos meses a la Comisión Ejecutiva de la empresa adjudicataria, filial de Iberdrola. La empresa pública responsable del concurso está presidida por un hombre de máxima confianza de la secretaria general del PP.

ANA PARDO DE VERA Madrid 22/03/2013 22:02 Actualizado: 23/03/2013 09:42

Este miércoles se resolvió una duda y se confirmó una sospecha en Castilla-La Mancha. La primera despeja el nombre de las empresas que se encargarán de la construcción del controvertido Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, finalmente asignado a Villar de Cañas (Cuenca). La segunda da la razón a varios sectores sociales de la región que, como la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, advirtieron hace tiempo de que la presidenta María Dolores de Cospedal quiso traerse el cementerio nuclear a la Comunidad Autónoma por intereses relacionados “con el paso de su marido desde el sector de la construcción al eléctrico; este último, con evidentes conexiones con el cementerio nuclear”, aseguraban responsables de la Plataforma en redes sociales y medios locales. A este punto sumaban el nombramiento de Franciso Gil-Ortega como presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), “entidad pública [20% Sepi y 80% Ciemat] responsable de la gestión de todos los residuos radiactivos que se generan en España”. Gil-Ortega ha sido ex alcalde de Ciudad Real, ex diputado regional del PP y ex vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y es hombre de la máxima confianza de Cospedal. El ministro de Industria, José Manuel Soria, de quien depende el nombramiento de la cabeza de Enresa, le cedió la elección a la secretaria general del PP y presidenta autonómica, principalmente porque la responsabilidad estrella de la entidad pública es el ATC de Villar de Cañas, “que gestionará de forma conjunta los residuos radiactivos de alta actividad de todas las centrales nucleares españolas“, recoge la Sepi. Gil-Ortega carece de experiencia alguna en el sector.

Ascenso raudo en ocho meses

Efectivamente, Enresa anunció el pasado día 20 que ya estaban adjudicados los concursos para la construcción del ATC por un importe total de 23,7 millones de euros, por debajo de los 37,21 millones marcados como máximo. Una de las empresas beneficiarias es Iberinco, filial de Iberdrola y de la que es consejero ejecutivo Ignacio López del Hierro desde el 31 de enero de 2013, tal y como recogió el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORM) el 11 de febrero. Ocho meses antes, había sido nombrado consejero raso de Iberinco.

Concretamente, Iberdrola Ingeniería (Iberinco) participa en dos de los tres lotes del concurso por un importe de seis millones de euros, según informó Europa Press en un teletipo del día 20, citando fuentes cercanas a una elección cuyo resultado se materializará en contratos el 30 de abril: el Lote 2, al que corresponde la Ingeniería del Módulo del Almacén de Bultos de Residuos de Media Actividad (2,8 millones) y el Lote 3, correspondiente a la Ingeniería del Almacén de Espera de Contenedores (3,2 millones), fueron adjudicados al consorcio formado por Iberinco y Gas Natural Engineering.

El lote 1 del concurso, correspondiente a la Ingeniería Principal (17,7 millones), se asignó a otro consorcio formado por tres empresas (Westinghouse, Técnicas Reunidas y Ghesa); se quedó fuera de la construcción del ATC la empresa IDOM, que concurrió en solitario al concurso. Esta compañía construyó el Almacén Temporal Individualizado (ATI) para la central nuclear de Ascó y, en la actualidad, tiene en proceso el ATI de Garoña.

El ‘shale gas’ hará que nuestros nietos sigan usando el gas para generar energía

Por Juan Manuel Daganzo

4/07/11 16:1

El pasado mes de mayo me invitaron a asistir en Madrid a la reunión anual de Sedigás, la patronal que agrupa a los productores y distribuidores de gas en España, entre los que se encuentra Repsol. Allí, los asistentes corroboraron que, a pesar de que 2009 fue un mal año en consumo de gas en todo el mundo a consecuencia de la crisis, las reservas están garantizadas hasta el infinito y más allá. Y todo gracias al shale gaso gas no convencional, un tipo de hidrocarburo más “escondido” al que ahora se puede acceder con más facilidad gracias al desarrollo de nuevas tecnologías. Y los datos lo corroboran: hace cuatro años apenas había producción, pero en 2010 se recuperaron 125 mil millones de metros cúbicos (bcm).

El aumento de las reservas de gas es una gran noticia, sobre todo porque es una energía limpia que puede sustituir a otras. Limpia porque expulsa menos CO2 a la atmósfera y es un candidato idóneo para sustituir al carbón en la generación de energía eléctrica. Incluso sirve para dar apoyo a las energías renovables cuando no puedan absorber la demanda energética.

El gas también tiene capacidad de sustituir a otros métodos de generación de energía, como la nuclear. De hecho, algunos de los conferenciantes en la reunión apuntaron a que habrá un significativo aumento en el uso del gas en Japón para sustituir a las centrales nucleares dañadas por el terremoto. Y quizá en Alemania, con la decisión de cerrar algunas centrales, ocurra lo mismo.

Y todo ello será posible por las crecientes reservas de gas natural, de las que, en buena medida, el shale gas (arcillas con alto contenido en materia orgánica donde se encuentra el gas) es responsable. Según los datos de Oil&Gas Journal, el crecimiento anual de las reservas mundiales es del 0,6%, y según Sedigás, las actuales reservas de gas son un 25% más elevadas que en el año 2000 y un 47% más abundantes que en 1990.

Luis Ortega Dona, investigador de Repsol, señala que hace cuatro años Repsol ya sabía de la importancia que iban a tener los yacimientos no convencionales de gas, específicamente el gas shale y se volcó al estudio de los retos tecnológicos, así como de las incertidumbres en la explotación de este tipo de yacimientos. De hecho, Repsol participa desde 2009 en el consorcio Crisman, que está en la vanguardia en desarrollo e innovaciones tecnológicas como modelaje de yacimientos, fracturamiento y manejo de agua en el desarrollo de campos de shale gas.

¿Estará basado el futuro de la energía mundial en el gas? Es posible, sobre todo porque la Agencia Internacional de la Energía estima que hay 921 billones de metros cúbicos de gas no convencional, de los que se podrían recuperar 380 billones, el equivalente al 83% de las reservas mundiales de gas convencional en el mundo. Algo alucinante, ¿no os parece?