Las agencias advierten de que la indemnización del Castor es incierta

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Nacho martín castelló Las agencias internacionales de evaluación (tales como Fitch Ratings) han advertido a los inversores que sobre el papel las cláusulas del Gobierno con la concesionaria del almacén de gas Castor sí obligan al Estado a indemnizar a Escal UGS en caso de cierre por el riesgo de terremotos, pero advierten que hay posibles interpretaciones aún inciertas que podrían retrasar o incluso abortar el pago.
Además, consideran que existen altas posibilidades de que el Gobierno español inicie un litigio judicial para evitar pagar dicha compensación que podría demorarse más de 2 años. Ante este panorama, las agencias creen que la única solución más rápida y garantista para los inversores sería que el Gobierno y Castor lograran disipar el riesgo de nuevos terremotos y acordaran la reapertura de la planta, cerrada desde septiembre debido a un episodio sísmico –supuestamente inducido– que ha generado 540 seísmos de hasta 4.2 grados en la Escala de Richter. Pese a ello, el Ministerio de Industria sigue negándose a entregar al Congreso los informes técnicos sobre los terremotos del Castor y admite que sigue esperando nuevos informes complementarios (al menos de cinco entidades diferentes) antes de decidir si pueden haber opciones de reapertura sin riesgo sísmico; o si por contra finalmente se decanta por el cierre definitivo del almacén, ubicado a 22 kilómetros de Vinaròs y a 1.700 metros de profundidad bajo el subsuelo marino.
Mientras tanto, las agencias internacionales de evaluación (tales como Ficth Ratings) siguen situando los bonos de Castor en «estado negativo de vigilancia» los activos del almacén de gas –repartidos en bonos valorados en 1.400 millones de euros–.
Fitch Ratings devaluará de nuevo la valoración de los bonos si antes de junio no se ha resuelto la reapertura de Castor y advierte que, en dicha fecha, la empresa (y sus socios) tendrán que hacer frente al segundo pago a los inversores que adquirieron bonos.