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Diputación del Castellón pedirá el cierre definitivo de Castor y responsabilidades al anterior Gobierno y empresa

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CASTELLÓN, 16 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y portavoz de la Diputación de Castellón, Miguel Barrachina, ha anunciado este viernes que la institución provincial aprobará una moción, propuesta por el grupo ‘popular’, para pedir el cierre “definitivo” del almacén de gas subterráneo Castor y exigir responsabilidades legales tanto a la empresa concesionaria como “a los representantes políticos que tramitaron y autorizaron la infraestructura”, en referencia al anterior Gobierno socialista.

Según ha informado la corporación en un comunicado, de esta forma, la Diputación “reafirma así su postura, que ya hizo pública en acuerdos plenarios de 29 de octubre y 17 de diciembre, tras conocer el estudio detallado del Instituto Geográfico Nacional (IGN)”, que concluye que la sismicidad inducida en la zona “es resultado de la actividad de inyección de gas” y revela además la existencia de una falla hasta ahora no identificada.

La Diputación ha recalcado que, de esta forma, “se confirma la relación directa entre los más de 500 seísmos que se registraron en el entorno del proyecto Castor y la inyección de gas en este almacén submarino, lo que deja en evidencia el informe de impacto ambiental”.

SIN LAS GARANTÍAS “SUFICIENTES”

“Estos resultados avalan que la autorización concedida por el Gobierno en 2010 no se llevó a cabo ni con las condiciones ni con las garantías suficientes”, ha apuntado Barrachina.

El documento que se defenderá en la próxima sesión plenaria de la institución provincial añade que, a falta de saber las conclusiones del informe elaborado por el Instituto Geológico y Minero Español (IGME), “se puede determinar la existencia de una conducta negligente por parte de los exministros que tramitaron y adjudicaron la concesión de almacenamiento subterráneo del proyecto Castor”.

A juicio del vicepresidente provincial, ha sostenido que “Rubalcaba y Zapatero dieron luz verde a un esperpéntico estudio de impacto ambiental que no tuvo en cuenta la sismicidad”. “El socialismo todo lo hace igual, una chapuza de 1.800 millones de euros que estamos ya pagando todos en el recibo de la luz”, ha criticado.

En esta línea, ha recalcado que la tramitación administrativa por parte del Gobierno del almacén subterráneo de gas se aprobó en el Consejo de Ministros de mayo de 2008, “a propuesta del ministro Miguel Sebastián” y que en noviembre de 2009 el Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Elena Espinosa, “publicó la resolución de la declaración de Impacto Ambiental favorable”.

Posteriormente, el Ministerio concedió en abril de 2010 la Ocupación de Dominio Público Marítimo Terrestre para las instalaciones y en junio de 2010 Industria publicó la autorización administrativa.

La moción se trasladará al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Ministerio de Industria, a la Generalitat Valenciana así como a los ayuntamientos de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola.

(EuropaPress)

Moliner se interesa por las instalaciones del Proyecto Castor

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El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, acompañado por el alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, ha visitado hoy las instalaciones del Proyecto Castor de almacenamiento subterráneo de gas natural. En el recorrido han estado acompañados por el equipo directivo de Escal UGS: Recaredo del Potro, presidente; José Luis Martínez, consejero delegado; Carlos Barat, director del proyecto; y Javier Cueto, director de la planta de tierra.

La mayor infraestructura energética que se acomete actualmente en España, con un coste de ejecución previsto superior a los 1.300 millones euros, cumple los plazos previstos. En la actualidad se trabaja en la construcción del tramo del gaseoducto submarino con una longitud total de recorrido de 30 km: 22 Km de tramo submarino (actualmente en construcción) y 8 km de tramo terrestre (ya construidos). El diámetro es de 30 pulgadas y la presión de 110 bares.

El gasoducto del Proyecto Castor tiene como función conectar la Planta de Operaciones Terrestre Ignacio Pérez con la Plataforma Marina y transportar el gas natural entre ambas instalaciones en las dos direcciones: de la tierra al mar (inyección del gas) y del mar a tierra (extracción del gas). Estos trabajos se concluirán previsiblemente a lo largo del mes de octubre. La inversión global del gasoducto asciende a cerca de 120 millones de euros.

El período de construcción del Proyecto Castor, dos años y medio aproximadamente, supone una importante generación de riqueza para Vinaròs y comarca. En su conjunto, los trabajos realizados en Vinaròs permitirán la contratación de más de 700 personas durante los próximos meses. Los accionistas del Proyecto Castor son ACS y Castor Limited Partnership (CLP), a la que está previsto se sume Enagás, una vez entre en funcionamiento el próximo año.

El presidente provincial ha explicado tras la visita que “con el proyecto Castor la provincia de Castellón tiene reservas estratégicas de gas natural garantizadas, por lo que se encuentra energéticamente satisfecha. Los recursos suponen siempre oportunidades de futuro y, asimismo, estas instalaciones permitirán la generación de empleo en la comarca y posibilitarán desarrollar nuevos proyectos en el futuro”.

Castellón denunciará a los ex ministros socialistas por la tramitación del Proyecto Castor

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jueves 03/10/2013

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha anunciado este jueves que la corporación provincial emprenderá acciones legales “contra los ex ministros responsables de la tramitación y la adjudicación de la concesión de almacenamiento subterráneo del proyecto Castor en el caso de que haya indicios de negligencia en el proceso llevado a cabo por el Gobierno de España entre 2008 y 2010”.

Los responsables, este jueves, en la sede del Gobierno en Castellón. | E. Torres

Moliner ha apuntado a Cristina Narbona, Elena Espinosa, Miguel Sebastián y Joan Clos por sus distintas responsabilidades en el proyecto.

Así lo ha hecho público el presidente de la Diputación tras conocer que existe una “relación directa” entre los seísmos que se están produciendo frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y la inyección de gas en la zona.

“La Diputación exigirá responsabilidades legales a los ministros responsables de las autorizaciones si los inspectores que están examinando las instalaciones determinan que no se daban las garantías suficientes, ni las condiciones, para la autorización concedida por el Gobierno en 2010″, ha asegurado Moliner.

La Diputación ha subrayado que el informe de impacto ambiental “no tenía ningún condicionamiento sobre problemas sísmicos”, según ha apuntado en un comunicado. El presidente de la corporación ha asegurado que la obligación es “estar al lado de los vecinos de los municipios afectados por los seísmos, especialmente si la situación de tensión que están viviendo es fruto de la negligencia del Gobierno que impulsó y autorizó este proyecto”.

La corporación ha indicado que el procedimiento administrativo que llevó a la concesión de la licencia, que era de competencia “exclusiva” del Gobierno Central, “fue iniciado en 2007, bajo la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y con los ministros Joan Clos y Cristina Narbona al frente de las carteras de Industria y Medio Ambiente respectivamente”.

Asimismo, ha añadido que las primeras concesiones y licencias “llegaron con el visto bueno del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa, desde el 16 de mayo de 2008 hasta el 10 de junio de 2010, también bajo el Gobierno del presidente socialista Rodríguez Zapatero”.

‘Me parece gravísimo’

A juicio de Moliner, “me parece gravísimo que no se tuviesen en consideración las posibles afecciones sísmicas y que ahora estemos sufriendo decenas de terremotos cada día. Son los técnicos los que están investigando el problema y los que tienen que decidir cuál es la solución, pero que nadie dude que exigiremos todas las responsabilidades penales que pudiesen derivarse de la mala gestión de esta concesión”, ha advertido.

La Diputación también ha recalcado que el procedimiento administrativo del Gobierno entre 2008 y 2010 incluyó la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo Castor mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que dirigía Miguel Sebastián, el 16 de mayo de 2008.

El 11 de noviembre de 2009, la Secretaría de Estado de Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, entonces encabezado por la ministra Elena Espinosa, publicó la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental favorable.

Asimismo, ha añadido que el Ministerio de Medio Ambiente concedió en abril de 2010 la Ocupación de Dominio Público Marítimo Terrestre para las instalaciones marítimas. Tras ello, en junio de 2010, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publicó la Autorización Administrativa y el Reconocimiento de Utilidad Pública del almacén subterráneo, con lo que dio “plena validez al almacén subterráneo frente al litoral castellonense, durante la pasada legislatura”.

“Todo este procedimiento administrativo impulsado desde el Gobierno de España fue auspiciado con el reiterado apoyo y visto bueno de la Subdelegación del Gobierno, bajo la dirección de Antonio Lorenzo, y con el apoyo decidido del Ayuntamiento de Vinaròs, gobernado por el tripartito conformado por el PSOE, los independientes de PVI y el Bloc, que pese a no asumir competencias propició con su voto la alcaldía del socialista Jordi Romeu“, ha recalcado.

R2 Energy dice que hay 3 o 4 zonas en la provincia con potencial muy importante para extraer gas y petróleo

En una reunión con alcaldes de municipios afectados

La empresa dice que no determinará si la explotación se realizaría mediante ‘fracking‘ hasta que no concluya el proyecto de investigación

CASTELLÓN, 31 Oct. (EUROPA PRESS) –

El director de Exploración de la empresa canadiense R2 Energy en Europa y Latioamérica, Rafael López Gijarro, ha asegurado que existen tres o cuatro zonas de la provincia de Castellón con un potencial “muy importante para extraer gas y petróleo, en el oeste y este del Alt Maestrat, respectivamente.

Así lo ha explicado durante una reunión que ha mantenido en la Diputación de Castellón con alcaldes y portavoces de los municipios implicados en el proyecto de investigación de hidrocarburos para el que la mercantil Montero Energy Corporation SL, dependiente de R2 Energy, ha presentado tres solicitudes de permisos para los proyectos denominados Aristóteles, Pitágoras y Arquímedes que afectan a un total de 195.569,5 hectáreas de la provincia de Castellón.

Según ha señalado López Guijarro a los medios de comunicación, el proyecto está en el periodo de dos meses que estipula la ley para que otras empresas puedan presentar ofertas en competencia o quien se considere perjudicado pueda alegar.

“Primero tiene que haber un proceso de investigación, recopilación de datos, evaluaciones de las zonas más viables“, ha dicho, por lo que ha aclarado que la explotación no empezaría hasta por lo menos seis años después de que se otorgue el permiso para desarrollar el proyecto de investigación.

Respecto a la técnica que se utilizaría en la explotación de los yacimientos,  ha señalado que todavía no se ha determinado si se aplicaría la fractura hidráulica, conocida como ‘fracking‘ -criticada por algunos colectivos ecologistas- u otras técnicas hasta que no concluya el proyecto de investigación, “puesto que dependerá de las características geomecánicas, petroquímicas y geoquímicas del yacimiento”.

No obstante, y ante las reticencias de algunos alcaldes y colectivos a esta técnica, ha destacado que el ‘frcking’ es una tecnología “segura” que se utiliza cuando las rocas son muy compactas, es decir, tienen muy poca permeabilidad, y, en el caso de Castellon, ha apuntando que “se trata de terreno con roca caliza de baja permeabilidad, lo que pasa es que hay algunos almacenamientos que ya tienen fracturación natural”.

VIABILIDAD ECONÓMICA

En cuanto a la viabilidad económica del proyecto, López Gijarro ha resaltado que “hace 40 años un yacimiento de 60 millones de barriles no era prácticamente interesante, pero ahora sería una maravilla”, y aunque ha informado de que la empresa ya ha realizado una evaluación sobre los recursos que hay en la cuenca, no ha desvelado nada al respecto al tratarse todavía de “datos confidenciales”.

Por lo que se refiere al impacto medioambiental que podría ocasionar la utilización de la fractura hidráulica en la provincia, ha afirmado que, “a nivel de aguas subterráneas, es cero, puesto que hay seis barreras de protección de los acuíferos -tres de cemento y tres de tubos de acero- que son prácticamente infranqueables a cambios de presión o temperatura”.

El responsable de R2 Energy LTD ha destacado que aunque el área para la que se ha solicitado el permiso de proyecto de investigación en la provincia es muy extensa, “no se actuaría en toda” y contaría con un plan de medidas de protección medioambiental, que ya está hecho, “para saber cuáles son las zonas en las que hay que tener una especial sensibilidad”.

Así mismo, ha manifestado el “compromiso” de la empresa para que el máximo beneficio que genere el proyecto “se quede en la zona”, por lo que “algunos municipios podrían duplicar su presupuesto con los ingresos que generaría el proyecto”, mientras que -ha añadido- “un sondeo puede suponer la contratación de más de 200 personas y una inversión de 15 millones de euros”. En este sentido, también ha indicado que el sector cerámico “podría elevar su competitividad con un descenso del precio del gas”.

Por su parte, el director ejecutivo de R2 Energy LTD, Craig Steinke, también ha resaltado que la extracción de gas y petróleo “genera empleo y riqueza y, con las nuevas tecnologías, el efecto al medio ambiente es muy pequeño”. Así mismo, ha explicado que el fluido que se requiere para fraccionar el terreno tiene muy pocos aditivos y que el sistema de protección que se utiliza hace que sea “imposible” el contacto entre el agua y el gas.

Ha señalado que “España negocia contratos a precios muy elevados, de tal forma que gasta 56 millones de euros anuales en importaciones de gas y petróleo”.

INQUIETUD DE LOS ALCALDES

Tras la exposición, el alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, ha manifestado su “inquietud” ante los riesgos que pueden suponer la inyección de sustancias químicas para explotar los yacimientos de la provincia, “algunas de ellas tóxicas o cancerígenas”, y ha indicado que “no es el momento de hablar de compensaciones a los municipios ni de crear empleo, puesto que es muy precipitado”. López Guijarro le ha respondido que tan sólo se utilizan 10 productos en la inyección, de los que algunos son agua, sal o vinagre, y ha reiterado que “todavía se desconoce si si tendría que utilizar la técnica de la fractura hidráulica”.

Por otro lado, el director general de Energía de la Generalitat valenciana, Antonio Cejalvo, ha señalado a los medios que el Gobierno valenciano ha sometido esta solicitud de la empresa a información pública, “de tal forma que se puedan presentarse otros proyectos y, tras ello, se evaluarán todos los proyectos presentados para que se pueda estudiar el potencial de gas o petróleo que puede haber en la provincia”.

“Parece una iniciativa interesante, dado el elevado consumo de gas natural que tiene la provincia, más del 50 por ciento, cifra que se eleva al 82 por ciento en el sector industrial”, ha apuntado.

PROTESTA DE LA PLATAFORMA ANTIFRACKING

Miembros de la Plataforma Antifracking se han manifestado a las puertas de la Diputación para mostrar su oposión al proyecto de  Montero Energy Corporation SL “debido a la gran cantidad de informes que demuestran lo perjudicial de este tipo de actividades para el medio ambiente y la sociedad”, según ha manifestado uno de sus miembros, Sergi Alejos.

Además, ha señalado que ni las administraciones ni la empresa les ha informado sobre el proyecto “para que cambiáramos de opinión o conocer los datos de primera mano”, lo que considera “una falta de respeto a la ciudadanía”.