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Desmantelar el Castor: 143 millones

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RAMON OLIVARES RUIPÉREZ 29/06/2014

La renuncia de Escal UGS a gestionar el almacén de gas subterráneo Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs, abre la puerta a una posibilidad hasta ahora prácticamente insospechada, aunque largamente demandada por muchos sectores sociales: el desmantelamiento de la instalación. Esto tendría un coste de al menos 143 millones de euros, según se recoge en el Real Decreto 855/2008, aprobado el 16 de mayo de aquel año y firmado por el anterior ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.

Esta provisión podría ser insuficiente para llevar a cabo el desmantelamiento, habida cuenta del incremento de costes que registró la construcción de la infraestructura. Esta es una hipótesis en medio de un proceso de renuncia que todavía está dando sus primeros pasos, pero en el cual el actual ministro de Energía, José Manuel Soria, ya ha reconocido que el Estado deberá pagar la indemnización.

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El sector del gas da por muerto el almacén Castor y augura una moratoria nuclear estilo Lemóniz

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Han pasado ya casi seis meses desde que Escal UGS, la empresa controlada por ACS, comenzase a inyectar, el 11 de septiembre, gas en el almacén del Castor, desencadenando así la avalancha de pequeños terremotos que provocó el cierre temporal de la instalación.

Poco a poco, el Ministerio de Industria y Energía ha ido dilatando los plazos para la presentación y valoración de los informes tanto técnicos y geológicos como la auditoría financiera del coste de la instalación. El Departamento que dirige José Manuel Soria ha solicitado nuevos informes ante las grandes dudas que despierta un almacén subterráneo que provocó cerca de 550 seísmos en casi un mes.

Son tantas las posibilidades de que la reapertura del Castor y la inyección de gas en el reservorio vuelvan a provocar terremotos que el sector del gas asume ya que la instalación cerrará definitivamente. Fuentes de diversas empresas y expertos del sector confirman que Industria no se atreverá a reabrir el almacén que yace bajo las aguas del Mediterráneo, a unos 30 kilómetros frente al Bajo Maestrazgo castellonense, ante el temor de nuevos seísmos y al coste que esto tendría para un Gobierno que encara las elecciones europeas de mayo como un ensayo preparatorio para las generales de 2015.

“Sería muy arriesgado para el PP prestarse a asumir la responsabilidad política de la reapertura de un almacén que provocase nuevos terremotos, cuando además su entrada en funcionamiento no es necesaria para el sistema ni lo será en la próxima década”, señala una fuente del sector consultada.

“En Moncloa no quieren ni oír hablar del Castor ni quieren volver a verlo en televisión, abriendo todos los informativos y con la ciudadanía, las asociaciones ecologistas y la mayoría de los grupos políticos pidiendo su cierre definitivo”, afirma otra fuente, que no duda de que Industria dejará para después de mayo cualquier pronunciamiento o decisión sobre el almacén.

Pero además, otras fuentes consultadas señalan que ya está sobre la mesa una posible solución salomónica, con precedente en España, que permitiría el cierre definitivo de la instalación impulsada por Florentino Pérez, presidente de ACS, sin que el Estado tuviera que asumir el pago de los casi 1.500 millones de euros que ha costado su construcción en concepto de compensación a Escal por el cese de su actividad.

Es lo que algunos ejecutivos del sector gasista han denominado la “vía Lemóniz” y otros llaman simplemente “moratoria nuclear”. Industria y Florentino Pérez podría negociar un acuerdo que estableciese una moratoria por la que el promotor de la instalación desistiría de su explotación a cambio de recibir, diferida en los próximos 25 años, la indemnización acordada una vez asumida la auditoría de cuentas.

El pago se haría a través de un pequeño porcentaje mensual con cargo al recibo del gas, casi imperceptible para el cliente, como ya se hizo en tiempos de Felipe González. El PSOE, nada más llegar al poder en 1982, anunció, en línea con su programa electoral, la paralización de los ambiciosos programas de desarrollo de la energía nuclear puestos en marcha en la dictadura al calor del desarrollismo de la década de los 60. Posteriormente se paralizaron las obras en 7 centrales ya proyectadas, una de ellas, de las más avanzadas, estaba en Lemóniz (Vizcaya).

Fue el cierre más polémico porque el grupo terrorista ETA también hizo bandera de ello y llegó a asesinar al ingeniero jefe de la central, lo que forzó al Gobierno a acelerar su paralización. Tanto la propietaria de Lemóniz, Iberduero (ahora Iberdrola), como del resto de centrales en proyección fueron compensadas con la moratoria nuclear que entró en vigor en 1997. Las grandes eléctricas cobrarían las inversiones realizadas a través del recibo de la luz durante unos 25 años de moratoria, un pago que todavía hoy sigue cargándose cada mes en la factura.

El de una moratoria para el Castor es un tema que ya está sobre la mesa, pero que no ha sido tratado ni negociado por las partes de forma conjunta, señalan las fuentes conocedoras del proceso. Industria insiste en esperar a que lleguen los nuevos informes para valorar concienzudamente los pros y contras de la instalación, mientras Escal UGS comienza a presionar con la presentación de un contrainforme de la consultora DNV, que cifra en 1.461 millones de euros el coste de la instalación y la considera “segura” y “fiable”, en palabras de Recaredo del Potro, presidente de Escal.

Mientras tanto, los expertos del sector gasista consultados reiteran que España no necesita un nuevo almacén estratégico de gas, “que nunca estaría de más en caso de crisis mundial y falta de abastecimiento, una situación que también se podría afrontar con los cuatro almacenes ya existentes“.

Recuerdan también que su entrada en funcionamiento podría provocar subidas de hasta el 6% en el recibo del gas y un aumento del déficit de tarifa de este sector, como también alertó la Comisión Nacional de Energía en un informe antes de integrarse en la CNMC

De Guindos espera un informe internacional para decidir sobre el almacén de gas Castor

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El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado este lunes que el Gobierno va a “primar la seguridad” en el proyecto de almacén de gas Castor en Castellón, después de conocerse el primer informe que relaciona los seísmos de 2013 en la zona con la inyección de gas en Castor, que se paralizó por estas sospechas.

En declaraciones a la prensa antes de ofrecer una conferencia sobre la Unión Bancaria en Esade, ha explicado que el Gobierno todavía está pendiente de “algún informe internacional”, pero que va a ser extremadamente prudente sobre este tema.

Según un informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) conocido este lunes, los seísmos registrados en el litoral norte de Castellón durante el verano de 2013 tienen una “relación directa” con la actividad en el almacén de gas Castor. Según este documento, esta actividad, además, ha acelerado un proceso sismotectónico de acumulación de esfuerzos que ya existía en la zona aunque no estaba caracterizada.

A finales de agosto de 2013, la inyección de gas en el almacén de gas de Castor, a unos 20 kilómetros de la costa frente a Vinaròs, coincidió con una serie de seísmos, uno de ellos de magnitud 3,5 magnitud que motivó que a mediados de septiembre, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo paralizara las actividades para comprobar si existía relación.

El Instituto Geográfico Nacional, comenzó a detectar actividad sísmica el 5 de septiembre de 2013 y se inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto. El ministro José Manuel Soria aseguró en reiteradas ocasiones que la actividad no se reanudaría si no se podía garantizar totalmente la seguridad en la zona, algo que dependería de los informes técnicos detallados encargados el 26 de septiembre

La factura del Castor deberá incluir otros 200 millones por el desmantelamiento

 

Cerrar el almacén gasista de Castor será caro. Mucho más de los 1.700 millones que el ministro José Manuel Soria cuantificó en el Congreso. Esa cantidad es el valor residual de la instalación, pero fuentes del sector energético y expertos científicos en geología han señalado que la referida cifra no incluye el sellado de los pozos, el desmantelamiento de la plataforma marítima y de la infraestructura en tierra, además de la monitorización posterior para controlar posibles fugas de gas. Por ello, el cierre ordenado de la instalación supondrá otros 200 millones.

Este incremento, de más del 11%, es importante porque se incluiría en la repercusión para el conjunto del sistema gasista, es decir, se reflejaría en una futura subida del gas como manera para financiar el fiasco del almacén gasista, que debería integrar un sobrecoste de más de 1.900 millones. 

Y eso sobrentendiendo que ACS y sus socios canadienses no reclamen el lucro cesante, lo que dejarían de ganar, que se situaría en otros 3.000 millones. El decreto de concesión no les reconoce este derecho, pero existiría esta posibilidad legal.

Fuentes de Escal UGS, la sociedad explotadora de Castor que está controlada en un 66% por la constructora ACS, han declinado hacer comentarios sobre los posibles costes de desmantelamiento de la plataforma para inyectar y extraer gas del subsuelo marino en la costa castellonense.

La diferencia es que los 1.700 millones serían para compensar a ACS y sus socios canadienses de Dundee Energy, mientras que los otros 200 millones supondrían únicamente el coste del desmantelamiento, ya que no se puede dejar una infraestructura de ese tamaño cerrada sin más en medio del mar.

Intención de mantenerlo abierto

Sin embargo, en este momento la intención del presidente de ACS, Florentino Pérez, es mantener Castor abierto y operativo, alegando que la inyección de gas no ha tenido nada que ver, que los terremotos han sido un fenómeno natural que hubiera acontecido igualmente.

La estrategia legal de Escal UGS se centrará en defender que no se han producido daños materiales por la oleada de terremotos en el norte de Castellón y el sur de Cataluña y que, por tanto, se debe retomar la actividad del almacén, tal y como muestra el documento legal con el que la empresa ha informado a los bonistas, a los que ha colocado títulos por valor de 1.400 millones.

La decisión final la ha de tomar el Ministerio de Industria, que espera que en breve el Instituto Geológico y Minero Español le presente un dictamen al respecto. En todo caso, la oposición del territorio juega en contra, ya que tanto el Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón) como la Generalitat Valenciana han solicitado formalmente que se cierre el almacén de gas.

Consultora noruega

El único informe que se ha entregado al Ministerio por ahora es el de la consultora noruega Det Norske Veritas, pero fuentes del sector han señalado que es sólo una evaluación financiera para determinar los costes de la instalación de Castor. Se trataría de establecer si el presupuesto del proyecto ha sido el adecuado y de validar si los costes declarados corresponden a la realidad. Es un estudio solicitado antes de los terremotos, a pesar de que Escal UGS se ha referido al mismo en su informe respecto a la clausura temporal de la instalación.

Estas mismas fuentes aseguran que el informe de los noruegos es favorable a los intereses de ACS y avala que desde el punto de vista económico todo se ha llevado a cabo de manera correcta, sin entrar en las causas geológicas que hayan podido producir la inestabilidad sísmica en la zona.