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El Gobierno confirma que no sabe qué hará con el Castor

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EFE 19/06/2014

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El Gobierno ratifica su indecisión sobre el polémico proyecto Castor, que todavía sigue paralizado tras registrarse más de 500 sismos en septiembre del 2013,

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseguró ayer que no es posible saber qué va a ocurrir en el futuro con el almacén submarino de gas, aunque “está claro que no se puede inyectar un metro cúbico más sin saber si va a haber movimientos sísmicos”. Nadal recordó que en la plataforma se han invertido más de 1.000 millones de euros, porque el proyecto, en su momento, “parecía que iba a tener una importancia fundamental”, y que ahora sigue siendo una instalación que podría funcionar.

“El problema”, señaló, “es que se producen terremotos y los informes de los expertos confirman que existe una relación causa efecto entre ambas cosas”.

No obstante, indicó que “cancelarlo definitivamente no es una buena idea si en el futuro pudiera ser necesario, pero está claro que no se puede inyectar más; hay que tomar una decisión sensata y ponderada teniendo siempre en cuenta que la población de la zona no puede correr riesgos”.

Asimismo, Nadal aseveró que el sistema de financiación del Castor se fijó en la pasada legislatura y “con unas garantías que vinculan al Gobierno siguiente”.

ESTUDIOS INTERNACIONALES // El ministro de Industria, José Manuel Soria, alude a estudios de expertos internacionales para tomar una decisión definitiva. Curiosamente, estos documentos se están eternizando, por lo que los partidos de la oposición le acusan de querer ganar tiempo antes de decidir si clausura la planta.

Mientras, tal y como publicó ayer Mediterráneo, la Fiscalía de Castellón ultima la investigación sobre la tramitación y construcción del Castor sobre si se cometió delito medioambiental.

Pese a que se pidió una prórroga de seis meses para las pesquisas, el fiscal jefe, José Luis Cuesta, aseguró que, durante el mes de julio, las indagaciones habrán terminado y se podrán extraer las conclusiones definitivas.

El ente judicial inició los trámites en octubre del 2013, después de que se registraran los movimientos en el área del Maestrat.

Mientras, los ciudadanos exigen al Estado la clausura para siempre de las instalaciones. Los alcaldes de la zona del Baix Maestrat, pese a coincidir en que “no quieren” el Castor, difieren en cuanto a la actuación gubernamental. Vinaròs y Peñíscola comprenden que “se actúe con prudencia y de una manera sensata”, pero Benicarló considera que el desmantelamiento se debe de ejecutar lo más pronto posible. H

Los geólogos avisan de la “elevada incertidumbre” sobre el riesgo de Castor

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Los geólogos alertan de la “elevada incertidumbre” que presenta el proyecto Castor, un almacén de gas submarino, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), cuya actividad se ha relacionado en varios informes oficiales con los más de 500 seísmos registrados en la zona en septiembre pasado. Un nuevo informe, del Instituto Geológico y Minero Español (IGME), señala la “elevada incertidumbre sobre el nivel de riesgo concurrente” de la instalación. Y afirma que ha llegado a esa conclusión tras comprobar la “sismicidad generada hasta el momento” y “la presencia constatada de fallas importantes en el entorno del almacén, susceptibles de generar sismos de cierta magnitud”. Su recomendación es concretar ese riesgo “en lo posible” haciendo nuevos estudios.

El Ministerio de Industria encargó dos informes tras la crisis sísmica del Castor. Uno de ellos, el del Instituto Geográfico Nacional (IGN) se conoció cuatro meses después de haberse elaborado, cuando Industria decidió atender la petición del diputado de IU Ricardo Sixto y enviárselo al Congreso. El otro, el del IGME, lleva fecha del 20 de diciembre pasado, pero Industria no lo remitió a la Cámara hasta este lunes, un día después de las elecciones europeas. Ambos informes constatan la relación entre la inyección de gas en Castor y los temblores registrados en la zona de Vinaròs. El informe del IGME afirma a este respecto: “El origen de la sismicidad acaecida […] está temporalmente relacionado con las operaciones de inyección de gas colchón”.

La crisis del Castor se desencadenó a principios de septiembre pasado, cuando empezaron a sucederse pequeños terremotos en la zona de Vinaròs (Castellón). La empresa que gestiona la plataforma (Escal UGS, propiedad en un 67% de ACS) había empezado en junio a inyectar gas colchón, un volumen mínimo de gas natural que debe existir en un almacén de este tipo para que se pueda inyectar y posteriormente extraer el gas útil. Según el informe del IGME, la sismicidad está relacionada con esas operaciones de inyección de gas y “coincide con un incremento del volumen inyectado, así como del aumento en el ratio de volumen inyectado por día, respecto a los estadios anteriores”.

El 24 de septiembre se produjo el primer seísmo que notaron los habitantes de poblaciones cercanas. Industria ordenó el cese de actividad el 26 de septiembre. La instalación se mantiene paralizada desde entonces y el Gobierno aún no ha decidido si será de forma definitiva. El PP ha rechazado hoy en el Congreso una iniciativa de CiU para paralizar de forma definitiva y permanente el proyecto Castor.

Los geólogos describen dos grupos de temblores. El primer grupo, mayoritariamente de baja magnitud, corresponde a la “sismicidad inducida” y coincide con las actividades de inyección de gas colchón durante el mes de septiembre. El segundo grupo, de “sismicidad disparada”, tuvo lugar una vez paralizadas las actividades de inyección y registró terremotos de magnitud más elevada, de entre 3,5 y 4,2. Se produjeron, añade el informe, “como respuesta al cambio de condiciones tensionales en algunas de las fallas del entorno del almacén”. En ese sentido, el texto explica que los terremotos de mayor magnitud son probablemente “consecuencia de la interacción dinámica entre el movimiento de pequeñas fallas de dirección NW-SE y una falla mayor de dirección NE-SW”. Esta falla, a la que denominan falla Castor, tal y como adelantó este diario, era desconocida hasta entonces.

La documentación remitida al grupo de IU en el Congreso confirma que la peligrosidad sísmica de la zona no se estudió previamente. De hecho, recomienda hacerlo ahora. El informe pide “desarrollar un estudio de peligrosidad sísmica de las fallas activas o potencialmente activas en el entorno del almacén y sus probables prolongaciones fuera del área del estudio de este informe”. Ese estudio debería plantear diferentes “escenarios de riesgo”, añade, bajo los cuales “se estimará el nivel probable de sacudida del terreno en las poblaciones costeras y la posible variación en las condiciones de aptitud del almacenamiento subterráneo”.

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) validó en 2007 los estudios técnicos que presentó al Ministerio de Industria la empresa que iba a construir el proyecto Castor. Las propuestas de la compañía “se estiman procedentes”, concluye el informe, fechado el 23 de enero de 2007, considerado de “carácter confidencial”, pero al que tuvo acceso este diario. El IGME, que realizó el informe a petición de la Dirección General de Política Energética y Minas —entonces bajo Gobierno socialista— determinó que la posibilidad de que la falla de Amposta, sobre la que se asienta el almacén, se reabriera por la presión era “muy pequeña”. Escal UGS acababa de presentar la solicitud para optar a una concesión administrativa y explotar el Castor.

El sector del gas da por muerto el almacén Castor y augura una moratoria nuclear estilo Lemóniz

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Han pasado ya casi seis meses desde que Escal UGS, la empresa controlada por ACS, comenzase a inyectar, el 11 de septiembre, gas en el almacén del Castor, desencadenando así la avalancha de pequeños terremotos que provocó el cierre temporal de la instalación.

Poco a poco, el Ministerio de Industria y Energía ha ido dilatando los plazos para la presentación y valoración de los informes tanto técnicos y geológicos como la auditoría financiera del coste de la instalación. El Departamento que dirige José Manuel Soria ha solicitado nuevos informes ante las grandes dudas que despierta un almacén subterráneo que provocó cerca de 550 seísmos en casi un mes.

Son tantas las posibilidades de que la reapertura del Castor y la inyección de gas en el reservorio vuelvan a provocar terremotos que el sector del gas asume ya que la instalación cerrará definitivamente. Fuentes de diversas empresas y expertos del sector confirman que Industria no se atreverá a reabrir el almacén que yace bajo las aguas del Mediterráneo, a unos 30 kilómetros frente al Bajo Maestrazgo castellonense, ante el temor de nuevos seísmos y al coste que esto tendría para un Gobierno que encara las elecciones europeas de mayo como un ensayo preparatorio para las generales de 2015.

“Sería muy arriesgado para el PP prestarse a asumir la responsabilidad política de la reapertura de un almacén que provocase nuevos terremotos, cuando además su entrada en funcionamiento no es necesaria para el sistema ni lo será en la próxima década”, señala una fuente del sector consultada.

“En Moncloa no quieren ni oír hablar del Castor ni quieren volver a verlo en televisión, abriendo todos los informativos y con la ciudadanía, las asociaciones ecologistas y la mayoría de los grupos políticos pidiendo su cierre definitivo”, afirma otra fuente, que no duda de que Industria dejará para después de mayo cualquier pronunciamiento o decisión sobre el almacén.

Pero además, otras fuentes consultadas señalan que ya está sobre la mesa una posible solución salomónica, con precedente en España, que permitiría el cierre definitivo de la instalación impulsada por Florentino Pérez, presidente de ACS, sin que el Estado tuviera que asumir el pago de los casi 1.500 millones de euros que ha costado su construcción en concepto de compensación a Escal por el cese de su actividad.

Es lo que algunos ejecutivos del sector gasista han denominado la “vía Lemóniz” y otros llaman simplemente “moratoria nuclear”. Industria y Florentino Pérez podría negociar un acuerdo que estableciese una moratoria por la que el promotor de la instalación desistiría de su explotación a cambio de recibir, diferida en los próximos 25 años, la indemnización acordada una vez asumida la auditoría de cuentas.

El pago se haría a través de un pequeño porcentaje mensual con cargo al recibo del gas, casi imperceptible para el cliente, como ya se hizo en tiempos de Felipe González. El PSOE, nada más llegar al poder en 1982, anunció, en línea con su programa electoral, la paralización de los ambiciosos programas de desarrollo de la energía nuclear puestos en marcha en la dictadura al calor del desarrollismo de la década de los 60. Posteriormente se paralizaron las obras en 7 centrales ya proyectadas, una de ellas, de las más avanzadas, estaba en Lemóniz (Vizcaya).

Fue el cierre más polémico porque el grupo terrorista ETA también hizo bandera de ello y llegó a asesinar al ingeniero jefe de la central, lo que forzó al Gobierno a acelerar su paralización. Tanto la propietaria de Lemóniz, Iberduero (ahora Iberdrola), como del resto de centrales en proyección fueron compensadas con la moratoria nuclear que entró en vigor en 1997. Las grandes eléctricas cobrarían las inversiones realizadas a través del recibo de la luz durante unos 25 años de moratoria, un pago que todavía hoy sigue cargándose cada mes en la factura.

El de una moratoria para el Castor es un tema que ya está sobre la mesa, pero que no ha sido tratado ni negociado por las partes de forma conjunta, señalan las fuentes conocedoras del proceso. Industria insiste en esperar a que lleguen los nuevos informes para valorar concienzudamente los pros y contras de la instalación, mientras Escal UGS comienza a presionar con la presentación de un contrainforme de la consultora DNV, que cifra en 1.461 millones de euros el coste de la instalación y la considera “segura” y “fiable”, en palabras de Recaredo del Potro, presidente de Escal.

Mientras tanto, los expertos del sector gasista consultados reiteran que España no necesita un nuevo almacén estratégico de gas, “que nunca estaría de más en caso de crisis mundial y falta de abastecimiento, una situación que también se podría afrontar con los cuatro almacenes ya existentes“.

Recuerdan también que su entrada en funcionamiento podría provocar subidas de hasta el 6% en el recibo del gas y un aumento del déficit de tarifa de este sector, como también alertó la Comisión Nacional de Energía en un informe antes de integrarse en la CNMC

Nadal estudia crear un ‘banco malo’ para aparcar el Castor y compensar a Florentino durante 25 años

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Hay un banco malo para los activos tóxicos de la banca, otro para las autopistas de peaje en quiebra y, probablemente, habrá otro para ‘aparcar’ el problemático almacén de gas Castor.

Al menos ésa es una de las ideas que baraja en estos momentos el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, para dar salida a un activo que, previsiblemente, no volverá a entrar en funcionamiento por el alto riesgo de provocar nuevos terremotos.

Según confirman a Vozpópuli fuentes cercanas a Industria, el plan que estudia Nadal seguiría los pasos que se dieron para crear los otros bancos malos. Primero, que el propietario del activo a rescatar acepte una importante quita, que podría situarse en una horquilla de entre el 40% y el 70% de su valor total.

Esta quita se aplicaría sobre el precio final que establezcan las auditorías económicas que se están realizando sobre los costes del Castor, una obra faraónica cuyo presupuesto inicial se fijó en 500 millones, pero que finalmente se disparó hasta casi el triple, unos 1.400 millones de euros.

Si Florentino Pérez, presidente de ACS, la compañía que controla el Castor a través de su filial Escal UGS (66%), acepta esa quita, el proceso se pondrá en marcha. El pasado 30 de abril, el empresario madrileño planteó a Nadal su intención de devolver la concesión de explotación del almacén situado frente a las costas de Vinaroz (Castellón), toda vez que los informes técnicos realizados hasta ahora por el IGN y el IGME no albergan dudas: la inyección de gas en el almacén provocó los 512 terremotos de septiembre y despertó una nueva falla, bautizada con el nombre de “Falla Castor”.

Todo apunta a que si se inyectara, de nuevo, gas en el almacén subterráneo, el riesgo de nuevos terremotos sería muy alto. Así que en Industria estudian ya dónde y cómo aparcar esa infraestructura que su propietario quiere devolver.

Una vez aceptada la quita, ACS tendría que provisionar el activo o apuntárselo como pérdida en sus cuentas, pero a cambio recibirá un bono, con aval del Estado, con vencimiento a unos 25 años y una rentabilidad aún por definir.

Pero si en el caso de la Sareb o en el de las autopistas los activos aparcados en el banco malo en principio generan ingresos para cubrir sus costes de explotación y mantenimiento, el pago de intereses y la devolución progresiva del principal, con el Castor este hecho no se da.

El banco malo solo tendría un activo, que no se puede poner en valor por riesgo a terremotos, con lo que no generaría ingreso alguno. Es ahí donde está la madre del cordero. Según las fuentes consultadas, los ingresos para pagar a Florentino Pérez la rentabilidad del bono a 25 años y la devolución del principal sólo podrían salir del recibo del gas o de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Y es ahí donde entraría la vía Lemóniz, es decir, establecer una especie de moratoria como la nuclear que durante años se ha ido pagando con cargo al recibo de la luz en pequeñas cantidades.

Es eso lo que se haría con el Castor, una moratoria que se cargaría mes a mes en el recibo que los consumidores pagan por el gas.

La otra opción chocaría frontalmente con Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, al que le produce verdadera urticaria cargar a los PGE nuevas partidas que puedan descuadrar su espartana lucha contra el déficit público. De esta forma, todos los españoles pagarían el fracaso del Castor, y no sólo los titulares del recibo de gas.

Mientras en Industria esperan la llegada de los informes nacionales e internacionales encargados para determinar si hubo negligencia en la inyección de gas y si ha habido sobrecostes en el desarrollo del Castor, Nadal y el equipo de Florentino se han emplazado a ir trabajando conjuntamente en el diseño de la solución menos traumática para todos: el cierre definitivo del almacén al menor coste posible.

Zapatero adjudicó el Castor a ACS sin valorar los riesgos sísmicos de inyectar y almacenar gas

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El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adjudicó a Escal UGS, la compañía controlada por ACS, la construcción y explotación del almacén subterráneo de El Castor en 2009 sin valorar los riesgos sísmicos ni de la zona ni de la actividad de inyección y almacenaje de gas.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente que entonces dirigía Elena Espinosa fue “favorable” al proyecto y no contenía ni condicionamientos ni alertas sobre riesgos sísmicos, pese a las advertencias del Observatorio del Ebro, que en su día pidió al Gobierno de Zapatero que se estudiara “la frecuencia y magnitud de la actividad sísmica incluyendo pruebas que aseguren que las presiones debidas a la inyección no causen fracturas en las rocas”.

Tanto la DIA de Medio Ambiente como las autorizaciones dadas por el Ministerio de Industria para que ACS pusiera en marcha El Castor se acogieron a la legislación vigente.

“Parece que todo fue legal y se respetó la normativa vigente, pero quizá se pecó de imprudencia al hacer caso omiso a voces expertas como las del Observatorio del Ebro y del Colegio de Geólogos”, señala una fuente experta en temas sísmicos.

El actual ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, también ha confirmado que la DIA aprobada en 2009 “no tenía ningún condicionamiento relativo a problemas sísmicos”.

La normativa europea es muy laxa y genérica en cuanto a la prevención de riesgos sísmicos en los países miembros y, por ende, la legislación española también. De hecho, el Colegio de Geólogos lleva años reclamando un plan integral de prevención del riesgo sísmico.

La última vez que lo pidió públicamente fue en mayo pasado, cuando denunció que dos años después del terrible terremoto de Lorca (Murcia), no se haya implantado en España un plan de prevención de riesgos y que los poderes públicos lo que hacen es “tomar medidas curativas de remediación (sic) de los daños causados”.

El decálogo elaborado por el Colegio para minimizar los riesgos sísmicos tras el terremoto de Lorca fue enviado a las Administraciones públicas y cayó en saco roto, recuerdan. También ayer la Generalitat catalana afirmó, a través del consejero de Territorio, Santiago Vila, que en su día advirtió al anterior Gobierno de que era necesario analizar las consecuencias sísmicas del Castor, aunque éste las desoyó.

“Seguramente no era preceptivo, pero no se hizo”, dijo el consejero, en línea con lo que la Generalitat ha venido señalando estos días, después de que se hayan producido ya más de 300 terremotos, varios de ellos en los últimos cuatro días con una magnitud de entre 4,1 y 4,2 en la escala Richter, lo que ha provocado temblores y alarma social en el sur de Tarragona y el norte de Castellón. A última hora de ayer, la web del IGN había registrado más de 20 seímos en las últimas 20 horas.

La Generalitat ha acusado a ACS, compañía presidida por Florentino Pérez, de falta de transparencia y negligencia, al no facilitar información detallada y no prever los terremotos.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner (PP), fue más allá al acusar a los ex ministros socialistas Cristina Narbona, Elena Espinosa, Miguel Sebastián y Joan Clos de ser los responsables de dar las autorizaciones a ACS y les “exigirá responsabilidades legales” si se demuestra que actuaron con negligencia, además de no hacer caso a las advertencias de los geólogos.

Desde la filial de ACS, Escal UGS, se recuerda que la compañía avisó de que se podrían provocar microseísmos por las inyecciones de gas colchón para poner a punto el reservorio, de cara a su entrada en actividad comercial, pero que nunca imaginaron que habría tantos terremotos y de tanta intensidad. Máxime cuando los más preocupantes, los que ha sentido la población, se han producido esta semana, pese a que la empresa confirma que no se inyecta gas desde el 16 de septiembre.

Vozpópuli ha venido informando desde el principio (el 11 de septiembre Escal comenzó a inyectar gas) de la creciente avalancha de terremotos registrados desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Entre las 23:00 horas y las 23:30 de este miércoles se produjeron sendos terremotos de una magnitud de 4,1 grados.

El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, que bajo el paraguas de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, está supervisando la situación provocada por El Castor, cree que hay “una probabilidad alta” de que la causa de los terremotos sea la inyección de gas colchón, según el estudio preliminar de los datos que manejan los técnicos del IGN y del Instituto Geológico Minero.

Industria decretó el cierre temporal de El Castor y la suspensión de las inyecciones de gas el 25 de septiembre. Este cierre podría tornarse en definitivo, como exige la Generalitat catalana, si se constatan riesgos serios para la estabilidad sísmica de la zona provocados por el almacén subterráneo.

En caso de cierre, ¿quién pagaría los 1.300 millones de euros (sin gastos financieros) que ha destinado el grupo de Florentino Pérez para desarrollar el proyecto, frente a los 500 millones presupuestados inicialmente. Industria tiene en marcha una auditoría sobre los costes del proyecto, cuyas conclusiones no se conocen, y también tendrá que emitir un informe sobre las causas de los terremotos, por lo que el nerviosismo se ha instalado en la sede de ACS en Madrid.

Fue Industria la que cambió la normativa vigente para elevar a 20 años el periodo de amortización de la inversión y fijar una retribución más favorable para ACS. Ahora todo está en el aire.

El Instituto Geográfico Nacional establece una relación directa entre los seísmos y Castor

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El informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) sobre la actividad sísmica en el entorno del proyecto Castor concluye que existe una “relación directa” entre los más de 400 seísmos que se produjeron en septiembre de 2013 en el litoral norte de Castellón y la inyección de gas.

El estudio, además, revela la existencia de una falla en la zona hasta ahora no identificada y asegura que no se tuvo en cuenta el informe de “impacto de sismicidad inducida” para determinar la peligrosidad del proyecto Castor.

Teniendo en cuenta la peligrosidad sísmica de la zona, todo indica, según el informe, que el origen de la serie sísmica registrada tiene “una relación directa con la inyección de gas en el proyecto Castor“. Esta inyección de gas, añade, habría “acelerado el proceso sismotectónico con acumulación de esfuerzos”.

El informe ha sido facilitado a Efe por el diputado de IU en el Congreso Ricardo Sixto, quien ha tenido acceso al mismo tras una petición de información al Congreso en relación al informe del Instituto Geográfico Nacional sobre los seísmos en el entorno de la plataforma Castor, situada frente a las costas de Vinaròs.

IU pide el cierre definitivo de la planta

Con fecha de 10 de abril, el Congreso remitió al diputado el informe del IGN, fechado en diciembre de 2013, en el que se pone de manifiesto que existió una relación directa entre la actividad de la planta Castor y los cientos de seísmos que se produjeron en septiembre de 2013, quince de los cuales fueron percibidos por la población.

Tras conocerse las conclusiones de este informe, Sixto ha reiterado la petición de cierre definitivo de la planta, y que esta clausura “no acabe costando dinero a los ciudadanos y a los consumidores de gas”.

Para el diputado de IU, “no sólo se pone de manifiesto la relación directa entre los seísmos y el Castor, sino que debieron hacerse más informes antes de autorizar el proyecto“.

El informe del Instituto Geográfico Nacional explica que comenzó a hacer un “seguimiento especial” debido al incremento diario de la actividad sísmica en el Golfo de Valencia, a unos 20 kilómetros de la costa, frente a Vinaròs, a partir del 5 de septiembre de 2013.

El 26 de septiembre, el IGN recibió el encargo de realizar un informe sobre dicha actividad por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Se disparan los seísmos y sube la intensidad

Asegura que desde 1920 hasta el 1 de junio de 2013, el número de seísmos registrados en esa zona fue de 203, con una magnitud máxima de 3,3 en la escala Richter.

En cuanto a la peligrosidad del emplazamiento de la plataforma, obtuvo un valor correspondiente al “nivel más bajo de peligrosidad sísmica a considerar en la Normativa Sismorresistente”, sin embargo, añade, “no se tuvo en cuenta el impacto de sismicidad inducida” que se debería estudiar para el caso de emplazamientos que puedan generarla.

Por otra parte, se recuerda que del total de cerca de 450 seísmos registrados en septiembre de 2013, tres de los cuales superaron la magnitud 4 en la escala Richter, una quincena fueron sentidos por la población de forma “leve o muy leve”.

En sus conclusiones el informe señala que la actividad sísmica registrada no pertenece a la de la denominada falla de Amposta, por lo que “se trataría de otra falla no cartografiada“, y aconseja que sean expertos geólogos quienes la identifiquen.

Industria espera a los expertos internacionales

El Ministerio de Industria no decidirá sobre la reapertura del almacén subterráneo de gas Castor hasta que disponga de las conclusiones de los estudios que realizan actualmente varios expertos internacionales, una información adicional al informe del IGN, según han explicado fuentes ministeriales.

Así, el departamento de José Manuel Soria, que ya era conocedor de dicho informe, resolverá el futuro del proyecto Castor, cuya actividad fue paralizada en septiembre de 2013, dando prioridad a la “seguridad” y cuando tenga la certeza de que no hay riesgos de nuevos seísmos en la zona.

La empresa gestora del almacén, Escal UGS, tiene reconocida una retribución de 1.273 millones, a los que se suman 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros afrontados hasta que empezó a funcionar temporalmente.

Los vecinos piden responsabilidades a los políticos

Desde Ecologistas en Acción, su coordinador, Paco Segura, ha lamentado que “el pato” de los seísmos “lo van a pagar todos los españoles” porque el Gobierno deberá indemnizar a la empresa. La relación causa efecto “era algo bastante obvio” porque antes de explotar el antiguo pozo de petróleo como almacén de gas “no había” movimientos sísmicos. “Era bastante evidente”, ha añadido.

El portavoz de la Asociación de Vecinos Migjorn de Vinaròs, Sebastià Fabregat, ha recordado que antes de que se construyera la planta les aseguraron que los informes garantizaban la seguridad, y ahora “ha quedado demostrado que esto no era así”. Ha pedido a las autoridades que “asuman las responsabilidades” y los vecinos no paguen “en la factura de la luz” los efectos del “mal proceder de los políticos”.

Por su parte, el experto en riesgos naturales y vocal del Colegio de Geógrafos de España Jonathan Gómez Cantero ha afirmado que la relación causa-efecto entre los seísmos y la actividad del Castor “pone de manifiesto las carencias en la normativa ambiental española” que “expone a la población a riesgos naturales sin haberlos estudiado previamente”.

El informe del Gobierno desvela que faltaron estudios sísmicos del Castor

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Y. CLARES / R. DANIEL 11/05/2014

Faltaron estudios previos en el proceso de concesión del proyecto Castor. Así lo determina el informe elaborado por el Instituto Geológico Minero y el Instituto Geográfico Nacional, que fue encargado por el Ministerio de Industria después de detectarse sismos de gran magnitud en el Maestrat. El documento indica que la actividad gasista “ha acelerado un proceso sísmico, ya existente en la zona, y que no estaba previamente caracterizado”.

Además, considera que el origen no se halla en la falla de Amposta, como se pensaba en un principio, sino en otra diferente no cartografiada “para la que hubiera hecho falta un estudio específico para su identificación, a cargo de geólogos con experiencia en sismotectónica”. También se hace referencia a la necesidad de elaborar nuevos análisis para profundizar en esta cuestión.

Según el texto, “todo indica que el origen de la serie sísmica tiene una relación directa con la inyección de gas al proyecto Castor”. La conclusión final asegura que “la sismicidad inducida es el resultado de la actividad gasista que, a su vez, ha acelerado un proceso sismotectónico con acumulación de esfuerzos ya existente en la zona”.

En este sentido, según el actual Mapa de Peligrosidad Sísmica de España, la zona en la que está situada la plataforma se corresponde “con el valor más bajo” de peligro. Aunque el mismo informe también afirma que “el impacto de sismicidad inducida no se tiene en cuenta en estos mapas”, por lo que “se debería estudiar para el caso de emplazamientos que puedan generarla”.

TERREMOTOS // Aunque la inyección de gas en el Castor se inició el pasado mes de junio, hasta el 5 de septiembre no se registró ningún seísmo. Pero entre esta fecha y el 15 de octubre se produjeron 512 movimientos, 15 de ellos sentidos y que llegaron a los 4,2 grados de magnitud en la escala de Richter. El dosier reza que “es habitual que en las series sísmicas que se producen en zonas donde la población no está acostumbrada a sentir terremotos, inicialmente se reciben muy pocas encuestas” e incluso “como en este caso, el Ayuntamiento no tenía constancia de que hubieran sido sentidos”. Según el informe, esto se debe “a que las pequeñas vibraciones, balanceos o ruidos se atribuyen al paso de un camión, a un golpe en la casa de un vecino o a problemas de salud”.

Los alcaldes de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola mostraron a este diario su rechazo a que la planta retome su trabajo. Tras la publicación del informe, el Ministerio de Industria todavía no se ha pronunciado. H