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Los geólogos avisan de la “elevada incertidumbre” sobre el riesgo de Castor

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Los geólogos alertan de la “elevada incertidumbre” que presenta el proyecto Castor, un almacén de gas submarino, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), cuya actividad se ha relacionado en varios informes oficiales con los más de 500 seísmos registrados en la zona en septiembre pasado. Un nuevo informe, del Instituto Geológico y Minero Español (IGME), señala la “elevada incertidumbre sobre el nivel de riesgo concurrente” de la instalación. Y afirma que ha llegado a esa conclusión tras comprobar la “sismicidad generada hasta el momento” y “la presencia constatada de fallas importantes en el entorno del almacén, susceptibles de generar sismos de cierta magnitud”. Su recomendación es concretar ese riesgo “en lo posible” haciendo nuevos estudios.

El Ministerio de Industria encargó dos informes tras la crisis sísmica del Castor. Uno de ellos, el del Instituto Geográfico Nacional (IGN) se conoció cuatro meses después de haberse elaborado, cuando Industria decidió atender la petición del diputado de IU Ricardo Sixto y enviárselo al Congreso. El otro, el del IGME, lleva fecha del 20 de diciembre pasado, pero Industria no lo remitió a la Cámara hasta este lunes, un día después de las elecciones europeas. Ambos informes constatan la relación entre la inyección de gas en Castor y los temblores registrados en la zona de Vinaròs. El informe del IGME afirma a este respecto: “El origen de la sismicidad acaecida […] está temporalmente relacionado con las operaciones de inyección de gas colchón”.

La crisis del Castor se desencadenó a principios de septiembre pasado, cuando empezaron a sucederse pequeños terremotos en la zona de Vinaròs (Castellón). La empresa que gestiona la plataforma (Escal UGS, propiedad en un 67% de ACS) había empezado en junio a inyectar gas colchón, un volumen mínimo de gas natural que debe existir en un almacén de este tipo para que se pueda inyectar y posteriormente extraer el gas útil. Según el informe del IGME, la sismicidad está relacionada con esas operaciones de inyección de gas y “coincide con un incremento del volumen inyectado, así como del aumento en el ratio de volumen inyectado por día, respecto a los estadios anteriores”.

El 24 de septiembre se produjo el primer seísmo que notaron los habitantes de poblaciones cercanas. Industria ordenó el cese de actividad el 26 de septiembre. La instalación se mantiene paralizada desde entonces y el Gobierno aún no ha decidido si será de forma definitiva. El PP ha rechazado hoy en el Congreso una iniciativa de CiU para paralizar de forma definitiva y permanente el proyecto Castor.

Los geólogos describen dos grupos de temblores. El primer grupo, mayoritariamente de baja magnitud, corresponde a la “sismicidad inducida” y coincide con las actividades de inyección de gas colchón durante el mes de septiembre. El segundo grupo, de “sismicidad disparada”, tuvo lugar una vez paralizadas las actividades de inyección y registró terremotos de magnitud más elevada, de entre 3,5 y 4,2. Se produjeron, añade el informe, “como respuesta al cambio de condiciones tensionales en algunas de las fallas del entorno del almacén”. En ese sentido, el texto explica que los terremotos de mayor magnitud son probablemente “consecuencia de la interacción dinámica entre el movimiento de pequeñas fallas de dirección NW-SE y una falla mayor de dirección NE-SW”. Esta falla, a la que denominan falla Castor, tal y como adelantó este diario, era desconocida hasta entonces.

La documentación remitida al grupo de IU en el Congreso confirma que la peligrosidad sísmica de la zona no se estudió previamente. De hecho, recomienda hacerlo ahora. El informe pide “desarrollar un estudio de peligrosidad sísmica de las fallas activas o potencialmente activas en el entorno del almacén y sus probables prolongaciones fuera del área del estudio de este informe”. Ese estudio debería plantear diferentes “escenarios de riesgo”, añade, bajo los cuales “se estimará el nivel probable de sacudida del terreno en las poblaciones costeras y la posible variación en las condiciones de aptitud del almacenamiento subterráneo”.

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) validó en 2007 los estudios técnicos que presentó al Ministerio de Industria la empresa que iba a construir el proyecto Castor. Las propuestas de la compañía “se estiman procedentes”, concluye el informe, fechado el 23 de enero de 2007, considerado de “carácter confidencial”, pero al que tuvo acceso este diario. El IGME, que realizó el informe a petición de la Dirección General de Política Energética y Minas —entonces bajo Gobierno socialista— determinó que la posibilidad de que la falla de Amposta, sobre la que se asienta el almacén, se reabriera por la presión era “muy pequeña”. Escal UGS acababa de presentar la solicitud para optar a una concesión administrativa y explotar el Castor.

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El litoral de Vinaròs echa chispas

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Después del puerto de Castellón, cuyo Ayuntamiento dio el visto bueno a la planta de biodiésel en la dársena sur, Vinaròs se ha convertido en el gran polo de atracción de los proyectos energéticos más ambiciosos de la provincia, e incluso de la Comunitat y del país, de cara al futuro. Se trata del depósito de gas subterráneo en el antiguo yacimiento petrolífero Castor, con la planta de distribución en tierra que lleva aparejada, y del parque eólico marino. Ambos tienen su principal emplazamiento en el mar, frente a la costa de Vinaròs. Y ambos han generado una sonora contestación social y política en la comarca del Baix Maestrat y en la vecina del Montsià tarraconense, en gran medida, alentada por los titubeos y cambios de postura del Gobierno central.

El proyecto Castor es el que está más cerca de convertirse en una realidad. Hace pocas fechas el grupo empresarial de Florentino Pérez, ACS, confirmó su liderazgo en la composición empresarial de la iniciativa. El Gobierno, los expertos y el sector cerámico castellonense coinciden en que se trata de un proyecto necesario y casi imprescindible para atender la creciente demanda de gas en Castellón, la Comunitat y España.

El almacén subterráneo de gas natural, cuya entrada en funcionamiento está prevista a finales de 2010 con una inversión de más de 1.200 millones de euros, se convertirá en la instalación de estas características de mayor capacidad de la Península Ibérica y tendrá un carácter estratégico, ya que podría suministrar hasta un tercio de la demanda diaria actual del sistema durante 50 días.

El proyecto también contempla una planta de distribución de gas para conectar con el gasoducto. Pero el Ministerio de Industria todavía no ha concretado su ubicación, después de que la intención inicial de instalarla junto a la costa generara la oposición de todos los ayuntamientos de la comarca.

El pasado septiembre la primera manifestación celebrada en contra del proyecto de planta en tierra congregó a más de 5.000 personas. Como consecuencia de las movilizaciones y las iniciativas políticas el departamento de Joan Clos accedió a que su ubicación sea en el interior y alejada de núcleos urbanos. Pero las voces contrarias aún no han sido acalladas.

El proyecto Castor llegaba a la comarca después de haberse calmado las aguas tras la propuesta de parque eólico marino por parte de Capital Energy, que preveía la instalación de 128 aerogeneradores a 2,5 millas del litoral de Vinaròs. Después de largos meses de protestas, en 2005 fue desestimado por el Ministerio de Medio Ambiente y los pescadores, ayuntamientos y plataformas contrarias creían haber ganado la partida.

Sin embargo, el Gobierno ha admitido ahora, como avanzó este periódico la semana pasada, que el parque eólico marino puede reactivarse después del Real Decreto aprobado el julio para regular estas instalaciones, que la costa de Vinaròs reúne las condiciones idóneas y que, de hecho, hay cinco empresas que han presentado un plan para desarrollarlo. Y los pescadores y el Ayuntamiento están que echa chispas otra vez…

Opacidad y seísmos en el proyecto Castor

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Desde hace aproximadamente un mes, la costa de Castellón y Tarragona ha sufrido alrededor de 400 microseísmos. La semana pasada se registró uno de 4,1 grados en la escala Richter, ya perceptible de forma evidente por la población local. Todo ello cerca de la Falla del Camp, donde se encuentran las centrales nucleares de Ascó y Vandellós. La reciente experiencia de Fukushima demuestra las fatídicas consecuencias que la actividad sísmica puede desencadenar en zonas donde se encuentran centrales nucleares, consecuencias que se están sufriendo todavía hoy, aunque el tema ya no esté tan presente en la agenda mediática.

Los especialistas apuntan que estos seísmos tienen una relación directa con la inyección de gas que se ha estado haciendo en la plataforma Castor, que podría haber desestabilizado el sistema de fallas en el que se encuentra. Además, existen precedentes no muy lejanos ni en el tiempo ni en el espacio que deberían haber prevenido a las autoridades competentes, como es el campo de gas de Lacq, en Francia, donde se registraron 800 terremotos de pequeña magnitud durante el proceso de inyección de gas. La naturaleza no hace nada en vano, decía Aristóteles.

El Colegio de Geógrafos de España indica que, aunque no es una zona de especial riesgo sísmico, no sería la más apropiada para un proyecto de estas características. Incluso el Ministro Soria ha admitido públicamente que los terremotos podrían tener una relación directa con el proyecto Castor, y ha dictado una resolución para paralizar temporalmente las actividades.

Algunos pensarán que el gobierno ha reaccionado rápidamente, y que se están tomando las medidas adecuadas para evitar daños mayores. Sin embargo, ante una instalación de tales características, y dadas la delicada coyuntura del lugar (por la presencia de centrales nucleares) y los precedentes observados en Laq, lo que habría que cuestionarse es por qué no se aplicó el principio de precaución en un proyecto que claramente lo requería. Una adecuada gestión del riesgo tiene que servir justamente para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones expuestas a amenazas naturales. En este caso, poblaciones que además están expuestas al riesgo asociado de dos centrales nucleares.

El proyecto Castor es un proyecto de almacenamiento de gas que permitiría cubrir la demanda de gas fósil de España durante 50 días en caso de problemas de abastecimiento. Se diseñó para prevenir la dependencia energética actual que tenemos de Argelia respecto a este recurso. Sin embargo, el proyecto cuenta con múltiples detractores, no solamente críticos del modelo energético basado en energías fósiles que sostiene, sino también otros sectores que alertan de la presión que el elevado coste de sus infraestructuras añadirá a los costes regulados del sistema gasista, que probablemente provocará un aumento en el precio final del gas. Sin olvidar el impacto ambiental que un almacén de tales características supone.

La concesión de la explotación de este almacén subterráneo la tiene un consorcio privado, Escal UGS, formado por la constructora de Florentino Pérez ACS (66,7%) y la canadiense Dundee Energy (24,6%). A pesar de las críticas al proyecto, parece que este consorcio ya se benefició el pasado mayo de una resolución del Ministerio de Industria, en la que se permitía que terceros puedan adquirir para Escal UGS el gas que hasta ahora sólo podía comprar la empresa titular de la concesión, liberándola así de tener que hacer una excesiva inversión inicial. Además, se han observado algunas irregularidades en la gestión de la concesión, como la modificación del proyecto (triplicando sus costes) con posterioridad a la entrega de los informes del Instituto Geológico y Minero (IGME).

Pero más allá de posibles negligencias de las autoridades competentes o intereses privados, el proyecto Castor debería abrir un debate sobre la transparencia en la explotación de los recursos comunitarios. ¿Cómo puede ser que no se informara debidamente a la población sobre sus posibles consecuencias? Es un proyecto que explota unos recursos y un espacio públicos, y sus habitantes tienen derecho a estar informados de las consecuencias que puede tener un determinado uso de ese territorio. Sobre todo porque estas consecuencias, tanto las económicas como las que podría ocasionar sobre la salud y el medio, las pagaremos todos.

Las irregularidades del IGME en el proyecto CASTOR pueden tener consecuencias internacionales por la Iniciativa de Bonos de Proyectos Europe 2020

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En el caso concreto de la relación, directa o indirecta, entre el IGME y el proyecto CASTOR, hay un HECHO NUEVO, porque el Tribunal Supremo ya ha dictado sentencia ROJ: STS 4911/2013 desestimatoria del recurso de la Abogacía del Estado. La documentación en la que se basa esa sentencia es relevante para el enjuiciamiento contable del IGME en su relación con CASTOR, y también para su comparación con Yela y Gaviota

Nota:
Tribunal de Cuentas, sección enjuiciamiento, Departamento 3º Acción Pública C-22/13

Enlaces relevantes en http://www.cita.es/tcu-igme y http://www.miguelgallardo.es/tcu-igme.pdf

Denuncia para responsabilidad contable del IGME y proyecto CASTOR http://www.cita.es/cuentas-igme

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito especialista en informática, telemática, criptología y acústica forense, en su propio nombre y derecho y también como administrador de la empresa de servicios técnicos de ingeniería y arquitectura Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, Sociedad Limitada Unipersonal (CITA), Tel. 902998352 fax 902998379, E-mail miguel@cita.es y cita902998352@gmail.com ya personados en legal forma como mejor proceda, DICEN

1º Nos oponemos a la advertencia de que en caso de que se inadmita la acción pública se nos pueda condenar en costas. Como ya manifesté verbalmente en el momento de hacer el “apud acta”, solicito los supuestos en los que se nos pudiera condenar y la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas al respecto, porque toda la que conocemos es contraria a la condena en costas, al menos, hasta la liquidación. Si hay acuerdos que desconocemos para poder condenarnos en costas, nos consideramos en indefensión.

2º Según se nos requiere en el auto de 28.10.13, considerando art. 15 de la LOTC y 49.1 y 72 LFTC 1. A efectos de esta Ley se entenderá por alcance el saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, ostenten o no la condición de cuentadantes ante el Tribunal de Cuentas. 2. A los mismos efectos, se considerará malversación de caudales o efectos públicos su sustracción, o el consentimiento para que ésta se verifique, o su aplicación a usos propios o ajenos por parte de quien los tenga a su cargo.

nos remitimos a la denuncia para reiterar de nuevo que el informe de fiscalización del Instituto Geológico y Minero (IGME) contiene expresamente en sus conclusiones claros supuestos de irregularidades contables que insistimos en que se enjuicien, para lo que debe requerirse a la sección de fiscalización toda la documentación contable.

3º En el caso concreto de la relación, directa o indirecta, entre el IGME y el proyecto CASTOR, hay un HECHO NUEVO, porque el Tribunal Supremo ya ha dictado sentencia ROJ: STS 4911/2013 desestimatoria del recurso de la Abogacía del Estado. La documentación en la que se basa esa sentencia es relevante para el enjuiciamiento contable del IGME en su relación con CASTOR, y también para su comparación con Yela y Gaviota, mencionados expresamente en nuestra denuncia.

4º Advertimos que las irregularidades del IGME en el proyecto CASTOR pueden tener consecuencias internacionales por el Banco Europeo de Inversiones en su Iniciativa de Bonos de Proyectos Europe 2020, según puede verse en la carta adjunta y en Internet

http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/carta_proyecto_bond_castor.pdf

En Madrid, a 17 de noviembre de 2013.

Enlaces relevantes

http://www.cita.es/tcu-igme
y http://www.miguelgallardo.es/tcu-igme.pdf

El proyecto Castor inyecta gas junto a varias fallas activas

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El proyecto Castor que gestiona el almacén de gas en el delta del Ebro no es que esté cerca de la falla de Amposta, sino que el proyecto Castor “es la falla de Amposta”. Son palabras del propio Recaredo del Potro en una entrevista esta mañana en la cadena de radio catalana Rac 1.

La empresa Escal UGS, a cargo de las operaciones, está en el punto de mira después de que todos los indicios científicos apunten a que es su actividad la que está provocando los más de 300 seísmos registrados desde mediados de septiembre en la zona de las costas de Castellón y Tarragona.

El Colegio de Geógrafos de España asegura que aunque la zona no es de especial riesgo sísmico, “no es la más apropiada”. “Tiene muchas fallas, es lo que se llama ‘el surco de Valencia”, declara a Público el especialista en Riesgos Naturales Joathan Gómez Calero.

Concretamente, el proyecto Castor se ha construido sobre la falla de Amposta, una fractura con 51 kilómetros de longitud y capacidad para producir un seísmo de hasta 7,1 grados como máximo, según se refleja en los estudios del geólogo Héctor Perea compilados por el Instituto Geológico y Minero. La planta de Escal UGS trata de aprovechar para el almacenaje de gas un espacio que antes era un pozo petrolífero que fue vaciado en los años 70. Uno de los límites de ese antiguo pozo es precisamente la falla de Amposta.

No obstante, el epicentro de los terremotos registrados hasta ahora en el delta del Ebro no se ha producido en esta falla, que lleva “miles de años” sin dar signos de movimiento, sino que se ubican en otras coordenadas donde parece que hay otra falla más pequeña y no cartografiada porque apenas se dispone de información.

“Los terremotos que se han dado hasta ahora son de una magnitud demasiado baja como para poder calcular la geometría de esta falla”, señala en conversación con este diario el vicepresidente del Colegio de Geólogos, José Luis Barrera.

Barrera explica que, por los datos que tienen hasta ahora, parece que se trata de una falla normal “con un cierto complemento de desgarre”, es decir, que los dos lados de corteza de la falla se desplazan horizontalmente uno con respecto del otro. En cualquier caso, cree que el terremoto de 4,2 que se produjo en la madrugada del martes, es el más grande que va a haber.

Respecto a las teorías que apuntan a que las inyecciones de gas hubieran podido provocar movimientos en la falla Amposta, la más grande de esa zona, es bastante escéptico. “Lleva miles de años sin moverse y podrían pasar millones más”. Además, según apunta, no tiene una longitud tan grande como para provocar un gran desastre.

“Es mucho menos peligrosa que la que provocó el terremoto de Lorca, por ejemplo. Los grandes terremotos del mundo están ocasionados por movimientos de fallas de cientos o miles de kilómetros”, dice Barrera.

A pesar de que el proyecto limitara con esta falla y del resto que existen en esa zona, el riesgo sísmico no fue incluido ni en el estudio de impacto ambiental elaborado por la empresa ni en el posterior aval del Gobierno socialista a su construcción.

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Más de una veintena de seísmos, uno de ellos de 4,1 grados en la escala de Richter, se han registrado desde anoche en el Golfo de Valencia, en el entorno del almacén subterráneo de gas natural Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón).

Según datos del Instituto Geográfico Nacional, desde las once de la noche de ayer se han producido un total de 23 seísmos en esta zona, el último de los cuales ha quedado registrado a las 05.07 de esta mañana. El más intenso se produjo sobre las once y media de la noche con una magnitud de 4,1 grados, mientras que poco después de las once se había registrado otro terremoto de 3,9 grados. El resto de seísmos han registrado una magnitud de entre 1,8 y 2,9 grados en la escala Richter, según las mismas fuentes.

El movimiento de tierra más intenso desde que comenzaron a registrarse estos terremotos relacionados con el proyecto Castor se produjo en la madrugada del martes con una magnitud de 4,2 grados, y llevó a activar el plan de riesgo sísmico de la Generalitat valenciana.
Gráfico de los últimos terremotos de más de 1,5 en la zona

El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar para suministrar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días, pero, al parecer, la inyección de gas ha provocado desde el pasado 13 de septiembre centenares de seísmos, la mayoría de baja intensidad.

El Ministerio de Industria ordenó el pasado 26 de septiembre el cese temporal de la actividad de extracción de gas en la planta para investigar las causas del aumento de la actividad sísmica en la zona.

Expertos geólogos han afirmado que los numerosos seísmos registrados en la costa de Castellón y Tarragona se deben a la “sismicidad inducida” por el proyecto Castor, provocada por la inyección de gas en la roca, aunque no hay consenso acerca de sus riesgos y evolución.

Proyecto Castor: No a cualquier precio

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Toni Ferrándiz. Miembro de la junta directiva provincial de Ciudadanos. 

Los ciudadanos no pueden ser los perjudicados ante un proyecto o actividad, bien alentada por la propia Administración o por cualquier multinacional, que ponga en peligro su integridad física, la de sus bienes, o su salud y, no menos importante, que pueda afectar negativamente al medio ambiente. Los ciudadanos somos los primeros destinatarios de toda acción política tendente a procurar prosperidad y bienestar y, en todo caso, quienes deberán situarse siempre por detrás, serán aquellos con intereses económico-comerciales, leáse las empresas o grandes multinacionales.

Por desgracia, estamos siendo testigos de que, en nuestra sociedad, ese interés primario por el ciudadano en muchas ocasiones queda relegado a los intereses económicos de grandes empresas o lobbys. Pero es que al Estado, ¿no le interesa el bienestar y la seguridad de la ciudadanía? ¿Por qué cuando se tiene el poder de decidir y facilitar el bien común de las personas se opta tantas y tantas veces por otros intereses?

En nuestra provincia se han levantado muchas voces de ciudadanos en contra del Proyecto Castor y de la técnica del ‘fracking’, y con razón. Uno de los deberes de cualquier poder público es velar por la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos y no se puede continuar alentando una técnica para el almacenamiento de gas y posterior extracción, cuando se ha demostrado que ésta ha sido la causante de cientos de seísmos en las provincias de Castellón y Tarragona, aunque estos “por el momento”, hayan sido de baja intensidad, uno de ellos de 4’2 grados en la escala de Richter.

Ha existido, no voy a decir dejación de la Administración al aprobar la Declaración de impacto ambiental que se realizó para el Proyecto Castor, ya que en su momento no era obligatorio incluir en la misma los posibles riesgos sísmicos, pero sí una cierta temeridad por su parte, al no requerir en esa Declaración para que se incluyera un apartado sobre “todos” los riesgos que pudieran ser consecuencia de los trabajos para el almacenamiento del gas.

Como no podía ser de otra manera, soy partidario del progreso, aunque no a cualquier precio, y de la utilización racional de los recursos naturales, pero siempre existiendo una previsión de equilibrio entre medio ambiente y desarrollo económico. El propio Tribunal Constitucional en su sentencia 64/198 de 4 de noviembre, sintetiza ese equilibrio al manifestar que: “El art. 45 de la Constitución Española recoge la preocupación ecológica surgida en las últimas décadas en amplios sectores de opinión que se ha plasmado también en numerosos documentos internacionales. En su virtud, no puede considerarse como objetivo primordial y excluyente la explotación al máximo de los recursos naturales, el aumento de la producción a toda costa sino que se ha de armonizar <la utilización racional> de esos recursos con la protección de la naturaleza, todo ello para el mejor desarrollo de la persona y para asegurar una mejor calidad de vida…”.