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ACS y Escal evitaron que se analizara el riesgo de terremotos en el Castor

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Cambiaron el proyecto del almacén después del informe realizado por el Instituto Geológico. Cataluña pidió en varias ocasiones que se le informara de los riesgos ambientales.

ACS y su socia, la constructora canadiense Escal, eludieron en el primer estudio de impacto ambiental del almacén de gas Castor analizar la repercusión del mismo en la actividad sísmica de Castellón. En apenas un mes, la provincia ha sufrido un total de 220 terremotos, el más alto de 3,6 en la escala de Richter, lo que ha provocado la alarma de las instituciones y la alerta de la población.

Prueba de ello es que el Ministerio de Industria decidió el jueves por la noche suspender con efecto inmediato la actividad de este almacén hasta que tenga un informe completo del Instituto Geológico.

Industria, así como los ayuntamiento de la zona, han reclamado información clara al respecto. Aunque Castellón siempre ha tenido una leve actividad sísmica, el Instituto Geológico tiene obligación de seguir con detalle cuando se producen 10 movimientos seguidos.

Según ha podido saber elEconomista, el Ministerio de Industria emitió el 14 de julio de 2004 una orden para obligar a ACS y Escal a presentar un estudio de impacto ambiental del Castor en un plazo de tres años con la advertencia de que si esta condición se incumplía llevaría aparejada la caducidad del permiso.

En un oficio del 12 de enero de 2006, la dirección general de calidad y evaluación ambiental de la Generalitat -una vez analizado el informe de Castor- dispuso que “se detallarán los efectos del proyecto sobre todos los elementos anteriormente inventariados y cartografiados (…) Entre otros, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: se estudiará la frecuencia de la actividad sísmica en comparación con las tendencias anteriores para revelar posibles cambios introducidos por las operaciones de inyección”, pero el promotor de la instalación no incluyó ningún análisis sobre el asunto hasta casi finalizar el año, según indicaron a este diario expertos conocedores de aquel proceso.

El 2 de octubre de 2006, el Ministerio de Industria pidió un informe al por entonces Instituto Geológico y Minero de España en el que adjuntaban la documentación presentada finalmente por Escal junto a su solicitud de concesión.

El 24 de enero de 2007, el Instituto envió su informe, en el que según fuentes conocedoras del mismo, apenas se limitó a dar por válidos los argumentos de Escal sin realizar pruebas prácticas o una visita de confrontación para examinar los datos.

Cambio del proyecto

Lo curioso del asunto es que después de haberse emitido dicho informe positivo, Escal decidió cambiar el proyecto final y el 25 de mayo de 2007 presentó un escrito para modificar su solicitud de concesión en el que, además de incrementar de nuevo el coste de la instalación -que finalmente casi triplicó el montante presupuestado- revisó las bases de diseño de los pozos e instalaciones del almacenamiento.

Es decir, que el informe que se realizó por el Insituto Geológico no se corresponde con el proyecto finalmente construido en la costa de Castellón.

En julio de 2007, la compañía promotora presentó un documento calificado de insuficiente, tal y como se encargó de destacar la Dirección General de Políticas Ambientales de la Generalitat de Cataluña mediante un informe del 21 de septiembre de 2007, en el que mostró la necesidad de una evalución detallada sobre los impactos de esta instalación que no habían sido tenidos en consideración.

Según indicaron fuentes consultadas por este diario, dicho estudio no contenía una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos sobre la población o el patrimonio artístico y arqueológico.

Este extremo fue incluso denunciado por un empresario de la zona ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo.

Un coste de escándalo

El almacén de gas tenía en un primer momento un presupuesto de 500 millones de euros, hecho por el cual se incluyó en la planificación energética pero finalmente su coste ascendió a 1.300 millones.

Tras haber desvelado este hecho elEconomista, el departamento de José Manuel Soria se comprometió a auditarlo, aunque nada se conoce de los avances de este proceso desde hace más de un año. Según fuentes del sector, esta revisión tiene que producirse antes de que se decida la retribución definitiva de este almacén y que servirá para definir el coste real de la misma. Previsiblemente, los pliegos del concurso, que Industria puede encargar, facilitarán que esta supervisión se realice por una de las empresas especializadas en el sector petrolero, ya que este tipo de plataformas tiene un mayor parecido a los pozos de petróleo que a instalaciones gasistas corrientes.

El Ministerio de Industria preparó una orden ministerial para que fuera la CNE o el propio departamente de Soria quienes decidieran el nombre del auditor.

En 2012, ACS se negó a presentar avales para comprar el gas colchón, lo que supuso que la instalación retrasase su puesta en funcionamiento. Industria, de acuerdo con Enagás, presentaron un año después esos avales, reconociendo y soportando costes y riesgos, para poder comprar el gas colchón en la subasta de 2013. No obstante, la cantidad de gas que se logró no era suficiente y hubo grandes dudas sobre la entrada en pruebas.

Enagás tiene un acuerdo por el que comprará el 33 por ciento del proyecto cuando esté en servicio en una operación que se pretende cerrar el año próximo.

Financiación pública

Por otra parte, ACS ha sido el primer proyecto de infraestructuras español financiado con los llamados bonos de proyecto o “project bonds” y el primero apoyado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), lo que propició que hubiese demanda de inversores institucionales como fondos de pensiones y compañías de seguros en una operación de 1.400 millones de euros, según señaló este verano la agencia de calificación Fitch.

Esta operación supone que parte del riesgo financiero de la instalación pasa a asumirla este organismo europeo y eventualmente una parte del fracaso, lo que ha despertado una profunda preocupación.

Escal, por su parte, indicó ayer que espera poder volver a poner en operación el almacén. En estos momentos, aunque la compañía viene anunciando la puesta en marcha, únicamente se realiza la prueba del correcto funcionamiento de la instalación con el gas colchón.

Anuncis

El Proyecto Castor será una realidad en 21 meses

REDACCIÓN

redaccion@ambientum.com

6/4/2011

El pasado mes de marzo el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aprobó la construcción de las instalaciones del gasoducto denominado “Gasoducto de conexión al almacenamiento subterráneo Castor y sus instalaciones auxiliares”, más conocido como proyecto Castor.

En 2004 se anunció de la construcción del macroproyecto gasista Castor, en base a las necesidades y carencias del sistema energético nacional. Prácticamente el 100% del gas consumido en España es importado. Un tercio de este recurso se transporta a través de gasoductos conectados con Argelia y Europa, llegando el resto en el interior de buques metaneros. Además, España es deficitaria en almacenes de gas natural, por lo que necesita un lugar donde guardar las enormes cantidades que se precisan para garantizar el abastecimiento energético.

Años después, en 2008, la empresa Enagás solicitó la aprobación para llevar a cabo dicho proyecto. Tras su aprobación el mes pasado, el proyecto se materializará en 21 meses.

El lugar elegido para la ubicación de este depósito es el antiguo yacimiento natural de Amposta, situado a poco más de 20 km de la costa levantina y del delta del Ebro. Este depósito petrolífero dejó de ser productivo al final de la década de los 80. El proyecto Castor pretende inyectar 1.300 millones de metros cúbicos de gas natural, con un caudal de extracción de 25 millones de m3. El  almacén podrá cubrir del 30% al 40% de la demanda energética nacional diaria durante 50 días. La inversión asciende a 1.300 millones de euros, y constará de una plataforma de proceso y una de pozos, un gasoducto de 24 kilómetros y una planta terrestre, situada en las afueras de la población castellonense de Vinarós. La longitud total estimada del gasoducto es de 11.612 metros, de los cuales, 4.373 metros corresponden a la provincia de Tarragona y 7.239 metros a la provincia de Castellón.

Alegaciones al proyecto

Durante el período de información pública del gaseoducto Castor se recibieron diversas alegaciones de entidades y de particulares.

Una de las más polémicas es la que aseguraba que las instalaciones resultaban incompatibles con el Plan Estratégico Citrícola Valenciano, a lo que Enagás respondió que una vez finalizadas las obras, en la zona ocupada temporalmente (excepto en la franja de servidumbre de cuatro metros) está permitido volver a plantar los naranjos o limoneros arrancados.

En relación con las cuestiones ambientales suscitadas y la evaluación de impacto ambiental del proyecto de instalaciones del citado gasoducto, la Secretaría de Estado de Cambio Climático, del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, ha emitido Resolución, con fecha 5 de noviembre de 2009 («Boletín Oficial del Estado» número 282, de 23 de noviembre de 2009), por la que se adopta la decisión de no someter el gaseoducto a evaluación de impacto ambiental.

El Consejo de Ministros incluyó el proyecto en la «Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016. Desarrollo de las Redes de Transporte» en 2008, al considerarlo como una infraestructura necesaria para la ampliación de la capacidad de transporte y seguridad del sistema gasista.

Fuente: Redacción ambientum.com

ACS cierra una emisión de bonos de 1.400 millones de euros para el almacén subterráneo de gas “Castor”

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La emisión fue suscrita en más de un 80% por inversores extranjeros, según indicó la compañía.

El programa PBCE (Project Bond Credit Enhancement) del Banco Europeo de Inversiones se utiliza para financiar grandes proyectos de infraestructura, mejorando el rating de la deuda de los proyectos, permitiendo con ello financiarlos directamente al mercado de capitales.

Este bono sustituirá a la financiación del proyecto a 7 años que estaba en vigor con un conjunto de 19 bancos internacionales.

En concreto, la garantía del BEI para el proyecto “Castor” será inicialmente de 200 millones de euros (aproximadamente el 14% sobre la deuda), cuyo porcentaje aumentará según se amortice el bono, hasta llegar al 20%, porcentaje en el que se mantendrá hasta el repago del bono.

Adicionalmente, el BEI compró bonos por valor de 300 millones de euros para transmitir al mercado de capitales su confianza en el proyecto.

Asimismo, la compañía señaló que no fue necesaria la compra de bonos por parte de los bancos mandatados para la estructuración y colocación del bono: Santander, Natixis, BNP Paribas, Bankia, Caixabank, Société Générale y Calyon, dado que se suscribió por determinados inversores (fondos de pensiones, inversores institucionales, compañía de seguros, inversores privados, bancos centrales).

“Proyecto Castor”, si gano es para mi, si pierdo paga el Estado

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Plataforma en alta mar del “Proyecto Castor”.

En la pasada Eurocopa de futbol realizada en Polonia y Ucrania, me sorprendió leer una noticia en la que dos de las principales constructoras polacas habían presentado concurso de acreedores por las grandes pérdidas derivadas del sobrecoste de la construcción de varios de los estadios de futbol del país. Es decir, ganaron el concurso público pero sus costes de construcción fueron muy superiores a los previstos provocándoles grandes pérdidas y la suspensión de pagos.

Ya no me acordaba que una empresa constructora tenia riesgos en sus proyectos, ya que en España cualquier obra publica adjudicada por el Estado acaba costando mucho más y habitualmente es asumido por el Estado. Eso no quita que estas mismas constructoras estén muy bien consideras internacionalmente por la calidad de sus proyectos, con adjudicaciones de obras en las principales ciudades del mundo. Seguramente esta buena imagen internacional, ha contribuido que el gestor de las inversiones de Bill Gates, Michael Larson posiblemente a través de la sociedad Cascade Investment LLC, con la que suelen invertir en empresas cotizadas, hayan invertido algo más de €110 mill. en la española FCC (6% de la compañía) de Esther Koplowitz.

Vamos a analizar la operación financiera del ya famoso “proyecto Castor” de almacenaje submarino de gas delante de las costa mediterránea, ya que en mi opinión recoge todos los típicos vicios de la estrategia relación entre algunas constructoras y los políticos.

La compañía ACS de Florentino Pérez vio una gran oportunidad la necesidad española de tener suficientes reservas de gas almacenadas. No se si lideró la creación inicial del proyecto pero en cualquier caso si que le dio el impulso necesario y se hizo con la mayoría de las acciones del proyecto.

El pasado 21 de diciembre de 2007 la empresa ACS publicó el siguiente anuncio oficial:

“Por este acuerdo, ACS aumentará su participación en Escal UGS S.L. (la compañía española que desarrolla el proyecto) desde el 5% hasta el 66,67%. Castor Limited Partnership (CLP), de la que Eurogas posee un 73,7%, tendrá el 33,33% de Escal UGS. Cuando entre en funcionamiento el almacenamiento subterráneo de Castor, ACS venderá a Enagás la mitad de su participación d

el 66,67%. A partir de ese momento CLP, ACS y Enagás poseerán un 33,33% de Escal UGS cada una. La inversión total se estima actualmente en más de 1.200 millones de euros”.

Ni ACS ni Enagas han publicado los términos del acuerdo, es decir el precio de la compraventa aunque algunos medios lo cifran en unos €400 mill. para este 33,33%.

mapa zona afectada terremotos por Proyecto Castor_foto La Vanguardia

Mapa de la zona afectada por terremotos cerca del “Proyecto Castor” (fuente: La Vanguardia).

A partir de los datos públicos, puede intuirse que este ha sido el proceso:

  1. La sociedad propietaria del Castor pide un préstamo a siete años, que le conceden 19 bancos para iniciar las inversiones del proyecto.
  2. En julio 2013, la financiación bancaria es sustituida por una emisión de bonos en Luxemburgo a 21,5 años al 5,756% de interés, por una cifra de €1.400 mill., por suerte la mayoría son inversores internacionales, aunque otra vez se resiente la marca España. En esta emisión el Banco Europeo de Inversiones (BEI) invierte directa e indirectamente nada menos que 500 mill..
  3. Al mismo tiempo ACS negocia con la empresa semipública Enagas la venta de la mitad de sus acciones, un 33%, manteniendo a priori el resto, quedando el accionariado final repartido a partes iguales entre ACS, Enagas y CLP.
  4. Para cuadrar el círculo, la empresa de Florentino Pérez firmó una clausula que todo empresario soñaría en cualquier proyecto, en el caso que el “Proyecto Castor” sea un completo desastre económico, incluso aunque sea por negligencia de sus gestores, recibirá una indemnización por parte del Estado.
  5. Florentino consiguió incluso mejorar el valor del proyecto al mejorar el tratamiento del ministerio de energía en un Real Decreto firmado por el ministro Soria en diciembre 2012, aumentando el valor de la misma.

Los costes que debería asumir el Estado español si se cierra el proyecto son de unos €1.700 mill. según ha declarado recientemente el ministro Soria. “Esta cantidad incluye un coste de inversión reconocido de 1.272 millones de euros, 200 millones por la compra del gas colchón ya inyectado y otros 200 millones en costes financieros”. El Estado paga incluso los intereses de la deuda de la operación. No me extraña que todo se financiase con deuda y que como parece ACS no ha aportado un céntimo en la financiación de la operación.

Que gran operación para ACS, coordina un proyecto que lo financia con deuda sin aportar capital, teniendo pactado una salida parcial con una empresa semipública, en la que diversos ministros de todos los gobiernos del PSOE-PP firmaron las distintas fases en el tiempo y que si finalmente el proyecto fracasa, lo paga el Estado. Para desgracia de la compañía constructora, por no realizar los estudios suficientes, por ir a un ritmo de inyección de gas demasiado rápido o por mala suerte, los terremotos en la zona han lanzado el proyecto a la luz publica. De hecho, con estas garantías del Estado, ¿para que necesitas hacer grandes estudios geológicos si no asumes ningún riesgo financiero en el proyecto ni en los escenarios negativos?

Proyecto Castor (Parte I)

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Muchas son las noticias que aparecen en las últimas semanas relacionadas con el Proyecto Castor y la creación de puestos de trabajo en Vinaròs.
2 aspectos voy a tratar: La falacia de los puestos de trabajo creados por el Proyecto y la relación que los responsables del Proyecto Castor tienen con el partido que representa a más vinarocenses, el Partido Popular.
 

1º.- Varias han sido las ocasiones en que los responsables del Proyecto Castor han aparecido en los medios de comunicación en diferentes visitas tanto a la planta terrestre como marina acompañados por el Alcalde y el equipo de gobierno y en todas ellas un mismo denominador: los centenares de puestos de trabajo que se están creando. En la visita de ayer anunciaron que son más de 500 los puestos de trabajo creados. Bien, voy a dejar aquí los datos del Servef de las personas sin empleo de Vinaròs:
 

ENERO 2464
FEBRERO 2592
MARZO 2617
ABRIL 2605
MAYO 2599
JUNIO 2490
JULIO 2398
AGOSTO 2440
SEPTIEMBRE 2542
 

¿Alguien ve por alguna parte la creación de centenares de puestos de trabajo? En lo que va de año Vinaròs ha aumentado en 78 el número de personas sin empleo. ¿Cuando hablan de empleo se refieren por ejemplo a los 45 japoneses que el Proyecto Castor intentó empadronar en la planta marina situada a 22 Km. mar adentro? ¿Es el Proyecto Castor capaz de publicar, dentro de la transparencia que dice abanderar, los nombres de todas las empresas que trabajan directa o indirectamente para el Proyecto?
 

2º.- Los responsables del Proyecto Castor mantienen una excelente relación con el equipo de gobierno, al que han llevado de “paseo” por tierra, mar y aire a visitar tanto la plataforma marina como la planta terrestre. En cambio con el principal partido de la oposición la situación es bien diferente. Y pondré un ejemplo.
A principios de septiembre se nos comunica que el miércoles 22 de septiembre se realizará una visita a la planta marítima en uno de los barcos e incluso se indica que en caso de mal tiempo se realizaría una visita a la planta terrestre. A esas alturas del calendario ya habían pasado por la plataforma marítima los medios de comunicación, empresarios, equipo de gobierno, etc… Aprovechando la ocasión diversos concejales del PP de Vinaròs se reunen con los directivos del Proyecto Castor para tomar contacto e intercambiar opiniones, reunión que como es lógico hacemos pública para dar máxima transparencia ante la ciudadanía. ¿Consecuencia? El lunes 20 de septiembre mediante un SMS enviado desde el Ayuntamiento se nos comunica que la visita ha sido suspendida por el mal tiempo (el 22 de septiembre brilló el sol durante todo el día) y hasta la fecha nada de nada… bueno sí, destacar la actitud huidiza de Recaredo del Potro el día de la Virgen del Pilar, pero eso como Recaredo del Potro es consciente y hoy ya es suficiente… ya lo contaré otro día.

Opacidad y seísmos en el proyecto Castor

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Desde hace aproximadamente un mes, la costa de Castellón y Tarragona ha sufrido alrededor de 400 microseísmos. La semana pasada se registró uno de 4,1 grados en la escala Richter, ya perceptible de forma evidente por la población local. Todo ello cerca de la Falla del Camp, donde se encuentran las centrales nucleares de Ascó y Vandellós. La reciente experiencia de Fukushima demuestra las fatídicas consecuencias que la actividad sísmica puede desencadenar en zonas donde se encuentran centrales nucleares, consecuencias que se están sufriendo todavía hoy, aunque el tema ya no esté tan presente en la agenda mediática.

Los especialistas apuntan que estos seísmos tienen una relación directa con la inyección de gas que se ha estado haciendo en la plataforma Castor, que podría haber desestabilizado el sistema de fallas en el que se encuentra. Además, existen precedentes no muy lejanos ni en el tiempo ni en el espacio que deberían haber prevenido a las autoridades competentes, como es el campo de gas de Lacq, en Francia, donde se registraron 800 terremotos de pequeña magnitud durante el proceso de inyección de gas. La naturaleza no hace nada en vano, decía Aristóteles.

El Colegio de Geógrafos de España indica que, aunque no es una zona de especial riesgo sísmico, no sería la más apropiada para un proyecto de estas características. Incluso el Ministro Soria ha admitido públicamente que los terremotos podrían tener una relación directa con el proyecto Castor, y ha dictado una resolución para paralizar temporalmente las actividades.

Algunos pensarán que el gobierno ha reaccionado rápidamente, y que se están tomando las medidas adecuadas para evitar daños mayores. Sin embargo, ante una instalación de tales características, y dadas la delicada coyuntura del lugar (por la presencia de centrales nucleares) y los precedentes observados en Laq, lo que habría que cuestionarse es por qué no se aplicó el principio de precaución en un proyecto que claramente lo requería. Una adecuada gestión del riesgo tiene que servir justamente para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones expuestas a amenazas naturales. En este caso, poblaciones que además están expuestas al riesgo asociado de dos centrales nucleares.

El proyecto Castor es un proyecto de almacenamiento de gas que permitiría cubrir la demanda de gas fósil de España durante 50 días en caso de problemas de abastecimiento. Se diseñó para prevenir la dependencia energética actual que tenemos de Argelia respecto a este recurso. Sin embargo, el proyecto cuenta con múltiples detractores, no solamente críticos del modelo energético basado en energías fósiles que sostiene, sino también otros sectores que alertan de la presión que el elevado coste de sus infraestructuras añadirá a los costes regulados del sistema gasista, que probablemente provocará un aumento en el precio final del gas. Sin olvidar el impacto ambiental que un almacén de tales características supone.

La concesión de la explotación de este almacén subterráneo la tiene un consorcio privado, Escal UGS, formado por la constructora de Florentino Pérez ACS (66,7%) y la canadiense Dundee Energy (24,6%). A pesar de las críticas al proyecto, parece que este consorcio ya se benefició el pasado mayo de una resolución del Ministerio de Industria, en la que se permitía que terceros puedan adquirir para Escal UGS el gas que hasta ahora sólo podía comprar la empresa titular de la concesión, liberándola así de tener que hacer una excesiva inversión inicial. Además, se han observado algunas irregularidades en la gestión de la concesión, como la modificación del proyecto (triplicando sus costes) con posterioridad a la entrega de los informes del Instituto Geológico y Minero (IGME).

Pero más allá de posibles negligencias de las autoridades competentes o intereses privados, el proyecto Castor debería abrir un debate sobre la transparencia en la explotación de los recursos comunitarios. ¿Cómo puede ser que no se informara debidamente a la población sobre sus posibles consecuencias? Es un proyecto que explota unos recursos y un espacio públicos, y sus habitantes tienen derecho a estar informados de las consecuencias que puede tener un determinado uso de ese territorio. Sobre todo porque estas consecuencias, tanto las económicas como las que podría ocasionar sobre la salud y el medio, las pagaremos todos.

Proyecto Castor y prospecciones en Canarias; paralelismos

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La naturaleza no se elige ni puede cambiar de lugar.

Conviene trazar un breve paralelismo entre lo que está ocurriendo con el Proyecto Castor frente al Delta del Ebro y lo que ha ocurrido o podría ocurrir con las prospecciones petrolíferas en Canarias. Un ejercicio interesante y esclarecedor, realizado a partir de las últimas informaciones aparecidas en prensa, que revela algunas reglas de comportamiento que se repiten con cierta recurrencia cada vez que están en liza proyectos de gran impacto ambiental.

El Proyecto Castor persigue aprovechar como almacén de gas un antiguo pozo petrolífero vacío. El pozo está situado a unos 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar, a unos 22 Km de la costa de Vinarós, en Castellón. El objetivo de la empresa que ejecuta el proyecto, Escal UGS, es rellenar con gas dicho espacio para atender, en caso de desabastecimiento, un tercio de la demanda nacional de gas durante 50 días. El gas se inyecta directamente en las cavernas de la roca porosa que albergaba el crudo, de modo que donde antes había petróleo ahora estará el gas almacenado. Recaredo del Potro, presidente de la compañía declaró en su momento que no había otro emplazamiento que reuniera las condiciones óptimas para el proyecto.

Plataforma del Proyecto Castor frente al Delta del Ebro

El proyecto ha sido posible gracias a una inversión de 1.300 millones de € aportados por un consorcio de 19 bancos, entre los que hay 5 españoles. También contempla una planta de operaciones terrestres y la construcción de un gasoducto que conecte el almacén submarino con la costa. Las obras han generado alrededor de 1.000 empleos y se espera que mantenga una plantilla de unos 100 empleados cuando el almacén esté a pleno rendimiento.

El proyecto comenzó a concebirse durante la década de los 90 y generó una creciente oposición hace unos años. Una de los colectivos contra el proyecto, la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Senia, denunció su viabilidad social, económica y los riesgos de intensa contaminación de un entorno natural libre de grandes industrias. Asimismo, numerosos colectivos de pescadores temen en la actualidad que la industria pesquera de la zona se vea afectada. Estas protestas fueron ignoradas sistemáticamente o, al menos, escasamente consideradas por la empresa promotora y las administraciones públicas que avalan y supervisan el proyecto. A lo sumo la compañía llegó a un acuerdo con el ayuntamiento de Vinaròs para comprar 30 hectáreas donde se ubicaría la planta de tierra, la contratación de trabajadores de la zona y el cultivo de naranjos por parte de una organización de minusválidos en el área no ocupada por las instalaciones de la compañía.

El día 24 de septiembre se detecta un seísmo de magnitud 3,6 en la escala de Richter y el 26 el ministerio de Industria ordena la paralización de la actividad del Proyecto Castor. La empresa argumenta que la inyección de gas se detuvo el pasado día 16 de septiembre y en un primer momento trata de desvincular los seísmos de la transfusión de gas en las profundidades marinas. Sin embargo, los temblores en la zona han persistido durante los últimos días. Con una intensidad máxima alcanzada de 4,2 grados han sido perceptibles desde la costa que va desde Tarragona hasta Castellón. En la terminología eufemística del ministro de Industria se trata de una serie de microseísmos, como si lo de micro restara importancia al fenómeno sísmico.

Algunos expertos geólogos afirman que los temblores percibidos tienen por causa una sismicidad inducida por el propio proyecto. Según ellos, el proceso de encaje del gas puede haber provocado un cambio en las condiciones de elasticidad del subsuelo marino, dando como resultado desprendimientos de los techos de las cavernas submarinas donde se alojaría el gas. Estos derrumbamientos son los que habrían liberado presión y producido los temblores.

Como suele ser habitual, el ministro del ramo, José Manuel Soria, aseguró en su momento que poseía constancia de que el proyecto tenía todos los estudios necesarios que garantizaban su seguridad y su viabilidad. La empresa promotora del proyecto también dejó claro que cumplió con todos los estudios previos antes de la construcción del complejo. Es más, fue el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, entonces en manos del PSOE, el encargado de evaluar toda la instalación en 2009, otorgando una declaración de impacto ambiental positiva. Sin embargo, según ha podido trascender, la evaluación de impacto ambiental no tuvo en consideración los riesgos sísmicos que traen aparejados estos proyectos. De hecho, uno de los tramos del gasoducto contemplado en el proyecto no presentó la evaluación de impacto ambiental pertinente. En consecuencia, la recurrente actividad sísmica en la zona ha obligado al ministro de Industria no solo a paralizar las actividades del proyecto Castor, tal como hemos indicado, sino a reconocer la relación directa entre la filtración de gas en la roca y los temblores sísmicos.

De la sucesión de hechos descrita, llegamos a la siguiente cartografía de la irresponsabilidad medioambiental y democrática. Unas particularidades que se repiten con demasiada frecuencia en muchos proyectos, también con las prospecciones en Canarias:

  • A priori se cuenta con estudios que aseguran la viabilidad y seguridad del proyecto. Estudios divulgados por los medios con el marchamo de inapelables o irrefutables que le otorga la empresa responsable del proyecto y las administraciones públicas encargadas de su vigilancia.
  • Declaraciones de Impacto Ambiental favorables al proyecto, independientemente del color político del gobierno de turno. Un análisis crítico de esas declaraciones revela importantes irregularidades y deficiencias en su gestación, lo que demostraría su fraudulencia.
  • Actuación negligente de los organismos públicos encargados de supervisar el proyecto así como de velar para que no se produzcan afecciones medioambientales sobre el territorio.
  • Escasa o nula asunción de responsabilidades por parte de los cargos públicos encargados de valorar la idoneidad o supervisar el desarrollo de estos proyectos.
  • Caso omiso a las manifestaciones organizadas por plataformas ciudadanas contra el proyecto. Voces ciudadanas que se ignoran completamente, que se estigmatizan y de las que no se tiene en cuenta ni su opinión, ni sus argumentos, ni sus alternativas.
  • Arbitraje de medidas compensatorias al proyecto que solo persiguen ocultar esas críticas y contentar con simples migajas a una población que en caso de catástrofe será la principal damnificada. Unas medidas compensatorias que en muchas ocasiones se imponen, sin debate público previo con los damnificados.
  • Infravaloración de potenciales riesgos ambientales de consecuencias imprevisibles, bien porque se ignoran deliberadamente en virtud de la buena consecución del proyecto, bien porque se desconoce el comportamiento biológico o geológico del entorno donde se ubica el proyecto. En consecuencia se socializan los riesgos.
  • No aplicación del principio de precaución, lo que sería aconsejable en virtud del desconocimiento de los potenciales riesgos inducidos y sus consecuencias.
  • Proyectos de dimensiones colosales, que requieren de una inversión enorme que, sin embargo, no generan gran volumen de empleo. Además, se trata de proyectos que por exigir un gran esfuerzo económico y en un clima de profunda crisis no son sometidos por los poderes públicos a una reconsideración colectiva de su necesidad social, lo que resulta sorprendente en un contexto de recortes en otras áreas vitales para la sociedad.
  • Se traslada a la opinión pública la idea de que no hay otra opción ni respecto a la envergadura de estos proyectos, ni en cuanto a su diseño, ni en cuanto a su emplazamiento. Ideas insuficientemente justificadas.

Muchas de estas características son fácilmente identificables en la problemática de las prospecciones petrolíferas frente a Canarias. Esperemos que no tengamos que lamentar ninguna catástrofe medioambiental.