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Más de una veintena de seísmos, uno de ellos de 4,1 grados en la escala de Richter, se han registrado desde anoche en el Golfo de Valencia, en el entorno del almacén subterráneo de gas natural Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón).

Según datos del Instituto Geográfico Nacional, desde las once de la noche de ayer se han producido un total de 23 seísmos en esta zona, el último de los cuales ha quedado registrado a las 05.07 de esta mañana. El más intenso se produjo sobre las once y media de la noche con una magnitud de 4,1 grados, mientras que poco después de las once se había registrado otro terremoto de 3,9 grados. El resto de seísmos han registrado una magnitud de entre 1,8 y 2,9 grados en la escala Richter, según las mismas fuentes.

El movimiento de tierra más intenso desde que comenzaron a registrarse estos terremotos relacionados con el proyecto Castor se produjo en la madrugada del martes con una magnitud de 4,2 grados, y llevó a activar el plan de riesgo sísmico de la Generalitat valenciana.
Gráfico de los últimos terremotos de más de 1,5 en la zona

El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar para suministrar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días, pero, al parecer, la inyección de gas ha provocado desde el pasado 13 de septiembre centenares de seísmos, la mayoría de baja intensidad.

El Ministerio de Industria ordenó el pasado 26 de septiembre el cese temporal de la actividad de extracción de gas en la planta para investigar las causas del aumento de la actividad sísmica en la zona.

Expertos geólogos han afirmado que los numerosos seísmos registrados en la costa de Castellón y Tarragona se deben a la “sismicidad inducida” por el proyecto Castor, provocada por la inyección de gas en la roca, aunque no hay consenso acerca de sus riesgos y evolución.

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Las agencias advierten de que la indemnización del Castor es incierta

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Nacho martín castelló Las agencias internacionales de evaluación (tales como Fitch Ratings) han advertido a los inversores que sobre el papel las cláusulas del Gobierno con la concesionaria del almacén de gas Castorobligan al Estado a indemnizar a Escal UGS en caso de cierre por el riesgo de terremotos, pero advierten que hay posibles interpretaciones aún inciertas que podrían retrasar o incluso abortar el pago.
Además, consideran que existen altas posibilidades de que el Gobierno español inicie un litigio judicial para evitar pagar dicha compensación que podría demorarse más de 2 años. Ante este panorama, las agencias creen que la única solución más rápida y garantista para los inversores sería que el Gobierno y Castor lograran disipar el riesgo de nuevos terremotos y acordaran la reapertura de la planta, cerrada desde septiembre debido a un episodio sísmicosupuestamente inducido que ha generado 540 seísmos de hasta 4.2 grados en la Escala de Richter. Pese a ello, el Ministerio de Industria sigue negándose a entregar al Congreso los informes técnicos sobre los terremotos del Castor y admite que sigue esperando nuevos informes complementarios (al menos de cinco entidades diferentes) antes de decidir si pueden haber opciones de reapertura sin riesgo sísmico; o si por contra finalmente se decanta por el cierre definitivo del almacén, ubicado a 22 kilómetros de Vinaròs y a 1.700 metros de profundidad bajo el subsuelo marino.
Mientras tanto, las agencias internacionales de evaluación (tales como Ficth Ratings) siguen situando los bonos de Castor en «estado negativo de vigilancia» los activos del almacén de gas –repartidos en bonos valorados en 1.400 millones de euros–.
Fitch Ratings devaluará de nuevo la valoración de los bonos si antes de junio no se ha resuelto la reapertura de Castor y advierte que, en dicha fecha, la empresa (y sus socios) tendrán que hacer frente al segundo pago a los inversores que adquirieron bonos.

Expertos dudan del estudio que aporta Castor para reabrir

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efe castelló La empresa concesionaria del almacén submarino de gas Castor, Escal UGS, pretende basarse en el informe de una consultora privada para reclamar al Gobierno que autorice la reanudación de la inyección de gas; e insiste en que la infraestructura es «segura y fiable» a pesar de los 538 terremotos inducidos.
Este estudio fue presentado por Escal en una jornada técnica en el Colegio de Geólogos de Catalunya, pero se encontró con la respuesta de otros dos ponentes –ambos geólogos– que pusieron en duda la conveniencia de reabrir la planta y advirtieron que persiste un serio riesgo de seísmos incluso superiores a 5 grados en la escala de Richter.
Los argumentos de Escal UGS se habían basado en una auditoría de la consultora privada DNV, que supuestamente defiende la viabilidad del proyecto ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castelló) y que Escal ya ha remitido al Ministerio de Industria.
A este respecto, el presidente de Escal, Recaredo del Potro, manifestó que la compañía –propiedad del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez– «ha actuado como operador prudente en referencia a los problemas geomecánicos y de posible sismicidad inducida». Además, aduce que el almacén «necesitó hasta 42 autorizaciones diferentes y se encuentra en una de las zonas de menor peligrosidad sísmica del Mediterráneo». Según los datos de la misma auditoría, el proyecto Castor habría costado 1.461 millones de euros.
En el auditorio, fueron varios los expertos que mostraron su disconformidad con las explicaciones de la promotora y, al respecto, el geólogo José Giner afirmó que el modelo geológico de Escal «es erróneo, y la estructura no sería apta para albergar un depósito».
Por su parte, la doctora Eulàlia Massana también puso en duda la explicación, ya que, a su juicio, «los datos de que se disponen actualmente no permiten descartar actividad sísmica futura».
En la misma línea, el jefe del área de sismología del Instituto Geológico de Cataluña, Xavier Goula, subrayó que no se descarta que otras fallas del entorno de la conocida como Falla de Amposta –identificada con un potencial para generar seísmos de hasta 7,2 grados en la escala de Richter– «pudieran provocar terremotos de hasta 5 grados en la escala de Richter».
La jornada contó con la presencia de una nutrida delegación del Ebro formada por la alcaldesa de Ulldecona, Núria Balagué; el concejal de Urbanismo de Alcanar; Manuel Martín; y miembros de la Plataforma Ciudadana en Defensa de les Terres del Sénia, que exigen el cierre definitivo de la plataforma.