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El sector del gas da por muerto el almacén Castor y augura una moratoria nuclear estilo Lemóniz

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Han pasado ya casi seis meses desde que Escal UGS, la empresa controlada por ACS, comenzase a inyectar, el 11 de septiembre, gas en el almacén del Castor, desencadenando así la avalancha de pequeños terremotos que provocó el cierre temporal de la instalación.

Poco a poco, el Ministerio de Industria y Energía ha ido dilatando los plazos para la presentación y valoración de los informes tanto técnicos y geológicos como la auditoría financiera del coste de la instalación. El Departamento que dirige José Manuel Soria ha solicitado nuevos informes ante las grandes dudas que despierta un almacén subterráneo que provocó cerca de 550 seísmos en casi un mes.

Son tantas las posibilidades de que la reapertura del Castor y la inyección de gas en el reservorio vuelvan a provocar terremotos que el sector del gas asume ya que la instalación cerrará definitivamente. Fuentes de diversas empresas y expertos del sector confirman que Industria no se atreverá a reabrir el almacén que yace bajo las aguas del Mediterráneo, a unos 30 kilómetros frente al Bajo Maestrazgo castellonense, ante el temor de nuevos seísmos y al coste que esto tendría para un Gobierno que encara las elecciones europeas de mayo como un ensayo preparatorio para las generales de 2015.

“Sería muy arriesgado para el PP prestarse a asumir la responsabilidad política de la reapertura de un almacén que provocase nuevos terremotos, cuando además su entrada en funcionamiento no es necesaria para el sistema ni lo será en la próxima década”, señala una fuente del sector consultada.

“En Moncloa no quieren ni oír hablar del Castor ni quieren volver a verlo en televisión, abriendo todos los informativos y con la ciudadanía, las asociaciones ecologistas y la mayoría de los grupos políticos pidiendo su cierre definitivo”, afirma otra fuente, que no duda de que Industria dejará para después de mayo cualquier pronunciamiento o decisión sobre el almacén.

Pero además, otras fuentes consultadas señalan que ya está sobre la mesa una posible solución salomónica, con precedente en España, que permitiría el cierre definitivo de la instalación impulsada por Florentino Pérez, presidente de ACS, sin que el Estado tuviera que asumir el pago de los casi 1.500 millones de euros que ha costado su construcción en concepto de compensación a Escal por el cese de su actividad.

Es lo que algunos ejecutivos del sector gasista han denominado la “vía Lemóniz” y otros llaman simplemente “moratoria nuclear”. Industria y Florentino Pérez podría negociar un acuerdo que estableciese una moratoria por la que el promotor de la instalación desistiría de su explotación a cambio de recibir, diferida en los próximos 25 años, la indemnización acordada una vez asumida la auditoría de cuentas.

El pago se haría a través de un pequeño porcentaje mensual con cargo al recibo del gas, casi imperceptible para el cliente, como ya se hizo en tiempos de Felipe González. El PSOE, nada más llegar al poder en 1982, anunció, en línea con su programa electoral, la paralización de los ambiciosos programas de desarrollo de la energía nuclear puestos en marcha en la dictadura al calor del desarrollismo de la década de los 60. Posteriormente se paralizaron las obras en 7 centrales ya proyectadas, una de ellas, de las más avanzadas, estaba en Lemóniz (Vizcaya).

Fue el cierre más polémico porque el grupo terrorista ETA también hizo bandera de ello y llegó a asesinar al ingeniero jefe de la central, lo que forzó al Gobierno a acelerar su paralización. Tanto la propietaria de Lemóniz, Iberduero (ahora Iberdrola), como del resto de centrales en proyección fueron compensadas con la moratoria nuclear que entró en vigor en 1997. Las grandes eléctricas cobrarían las inversiones realizadas a través del recibo de la luz durante unos 25 años de moratoria, un pago que todavía hoy sigue cargándose cada mes en la factura.

El de una moratoria para el Castor es un tema que ya está sobre la mesa, pero que no ha sido tratado ni negociado por las partes de forma conjunta, señalan las fuentes conocedoras del proceso. Industria insiste en esperar a que lleguen los nuevos informes para valorar concienzudamente los pros y contras de la instalación, mientras Escal UGS comienza a presionar con la presentación de un contrainforme de la consultora DNV, que cifra en 1.461 millones de euros el coste de la instalación y la considera “segura” y “fiable”, en palabras de Recaredo del Potro, presidente de Escal.

Mientras tanto, los expertos del sector gasista consultados reiteran que España no necesita un nuevo almacén estratégico de gas, “que nunca estaría de más en caso de crisis mundial y falta de abastecimiento, una situación que también se podría afrontar con los cuatro almacenes ya existentes“.

Recuerdan también que su entrada en funcionamiento podría provocar subidas de hasta el 6% en el recibo del gas y un aumento del déficit de tarifa de este sector, como también alertó la Comisión Nacional de Energía en un informe antes de integrarse en la CNMC

Nadal estudia crear un ‘banco malo’ para aparcar el Castor y compensar a Florentino durante 25 años

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Hay un banco malo para los activos tóxicos de la banca, otro para las autopistas de peaje en quiebra y, probablemente, habrá otro para ‘aparcar’ el problemático almacén de gas Castor.

Al menos ésa es una de las ideas que baraja en estos momentos el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, para dar salida a un activo que, previsiblemente, no volverá a entrar en funcionamiento por el alto riesgo de provocar nuevos terremotos.

Según confirman a Vozpópuli fuentes cercanas a Industria, el plan que estudia Nadal seguiría los pasos que se dieron para crear los otros bancos malos. Primero, que el propietario del activo a rescatar acepte una importante quita, que podría situarse en una horquilla de entre el 40% y el 70% de su valor total.

Esta quita se aplicaría sobre el precio final que establezcan las auditorías económicas que se están realizando sobre los costes del Castor, una obra faraónica cuyo presupuesto inicial se fijó en 500 millones, pero que finalmente se disparó hasta casi el triple, unos 1.400 millones de euros.

Si Florentino Pérez, presidente de ACS, la compañía que controla el Castor a través de su filial Escal UGS (66%), acepta esa quita, el proceso se pondrá en marcha. El pasado 30 de abril, el empresario madrileño planteó a Nadal su intención de devolver la concesión de explotación del almacén situado frente a las costas de Vinaroz (Castellón), toda vez que los informes técnicos realizados hasta ahora por el IGN y el IGME no albergan dudas: la inyección de gas en el almacén provocó los 512 terremotos de septiembre y despertó una nueva falla, bautizada con el nombre de “Falla Castor”.

Todo apunta a que si se inyectara, de nuevo, gas en el almacén subterráneo, el riesgo de nuevos terremotos sería muy alto. Así que en Industria estudian ya dónde y cómo aparcar esa infraestructura que su propietario quiere devolver.

Una vez aceptada la quita, ACS tendría que provisionar el activo o apuntárselo como pérdida en sus cuentas, pero a cambio recibirá un bono, con aval del Estado, con vencimiento a unos 25 años y una rentabilidad aún por definir.

Pero si en el caso de la Sareb o en el de las autopistas los activos aparcados en el banco malo en principio generan ingresos para cubrir sus costes de explotación y mantenimiento, el pago de intereses y la devolución progresiva del principal, con el Castor este hecho no se da.

El banco malo solo tendría un activo, que no se puede poner en valor por riesgo a terremotos, con lo que no generaría ingreso alguno. Es ahí donde está la madre del cordero. Según las fuentes consultadas, los ingresos para pagar a Florentino Pérez la rentabilidad del bono a 25 años y la devolución del principal sólo podrían salir del recibo del gas o de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Y es ahí donde entraría la vía Lemóniz, es decir, establecer una especie de moratoria como la nuclear que durante años se ha ido pagando con cargo al recibo de la luz en pequeñas cantidades.

Es eso lo que se haría con el Castor, una moratoria que se cargaría mes a mes en el recibo que los consumidores pagan por el gas.

La otra opción chocaría frontalmente con Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, al que le produce verdadera urticaria cargar a los PGE nuevas partidas que puedan descuadrar su espartana lucha contra el déficit público. De esta forma, todos los españoles pagarían el fracaso del Castor, y no sólo los titulares del recibo de gas.

Mientras en Industria esperan la llegada de los informes nacionales e internacionales encargados para determinar si hubo negligencia en la inyección de gas y si ha habido sobrecostes en el desarrollo del Castor, Nadal y el equipo de Florentino se han emplazado a ir trabajando conjuntamente en el diseño de la solución menos traumática para todos: el cierre definitivo del almacén al menor coste posible.

Castor intenta reabrir ante la presión del pago de sus bonos de financiación

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Nacho martín castelló La presión de los mercados sobre la concesionaria del proyecto Castor aumenta y la empresa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez –Escal UGS– intenta desbloquear el cierre del almacén subterráneo y la financiación del Gobierno antes del 30 de junio, fecha en la que la empresa (y sus socios) tendrán que hacer frente al segundo pago a los inversores que adquirieron bonos del proyecto por valor de 1.400 millones de euros, según informes de la agencia evaluadora internacional Ficth Ratings.
Según la mencionada agencia, más crítico será el plazo de noviembre de 2014, ya que en esta fecha la firma podría verse obligada a comenzar a prepagar los bonos de devolución preferente («senior bonds») en el caso de que el Gobierno no autorice la reapertura y siga sin aceptar su incorporación en el sistema de remuneración gasista español.
Ambos plazos se erigen como una de las pruebas de fuego críticas para un almacén de gas que fue promovido por el Gobierno junto con Escal UGS y que permanece cerrado desde septiembre tras la supuesta inducción de 540 terremotos.
En el caso del pago de junio, incluso aunque no hubiera reapertura, la agencias consideran que Escal UGS puede recurrir a financiación procedente de entidades comprometidas con el proyecto. Así, según los analistas de Fitch Ratings, «se prevé que ACS SCE pueda cubrir la mayoría de los requerimientos de deuda gracias al acuerdo de patrocinio» y también dispondría de otros «200 millones de euros del Crédito del Proyecto de Bonos (PBCE) –aportados del Banco Europeo de Inversiones– para pagos regulares de la deuda».
Pese a ello, Fitch Ratings advierte que ACS está especialmente «incentivada» para desbloquear la planta antes de noviembre de 2014, ya que, según la agencia, ACS habría asumido el compromiso de abonar el dinero de los bonos senior si en esta fecha el almacén Castor no comienza a ser financiado como estaba previsto por el sistema gasista español.
Y en este punto la clave es que el Gobierno se niega a aceptar esta transición si no hay garantía plena de una reapertura sin riesgo de nuevos terremotos. Por su parte, ACS presiona a Industria asegurando que una cláusula del contrato le permitiría devolver la plataforma al Gobierno y cobrar íntegramente su coste de 1.400 millones de euros.

ACS maquilla sus cuentas para reducir artificialmente su deuda en 4.089 millones

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El presidente de ACS, Florentino Pérez, y su equipo se han apoyado en una maniobra contable desde 2011 para presentar ante los mercados un perfil financiero que no se corresponde en nada con la realidad de la compañía. Y por ello, el grupo constructor se ha llevado la reprimenda de la CNMV, que le ha mandado un exhaustivo requerimiento de información para que justifique la jugarreta contable.

Desde 2011, ACS mantiene activos en venta por valor de 7.643 millones de euros (que a cierre de 2012 eran de 6.601 millones), que le han permitido desconsolidar de su balance deuda por valor de 4.995 millones de euros en 2011 y de 4.089 millones en 2012.

Sin embargo, han pasado dos años de la puesta en venta de estos activos y las desinversiones han sido mínimas (23,25% de Clece…). Pese a ello, el grupo los sigue considerando “activos no corrientes mantenidos para la venta” y eso le permite reducirse la deuda asociada a ellos.

El Plan General Contable así se lo permite, pero el supervisor bursátil no parece estar muy de acuerdo con el hecho de que ACS mantenga estos activos en venta durante varios ejercicios sin que consiga venderlos. Y de esta forma pueda presentar en sus cuentas un endeudamiento de ‘sólo’ 5.965 millones de euros a cierre del primer semestre de 2013, cuando en realidad éste ascendería a unos 10.000 millones si se suman los 4.089 millones de la deuda asociada a los activos aún no vendidos.

Según los datos aportados por ACS para justificar esta situación ante la CNMV (ver documento adjunto de respuesta al supervisor), desde el 31 de diciembre de 2011 están en venta activos de Concesiones, Energías Renovables (el apartado de mayor valor, superior a 3.000 millones, y de peor venta por los recortes aplicados por el Gobierno), SPL, Aeropuertos gestionados por Hochtief, Telco y Otros. Un año después, casi todos ellos siguen en venta y sólo en el apartado de “Otros” es donde se aprecia una reducción, mínima eso sí, del valor de los activos por esas pequeñas ventas realizadas.

Y entre diciembre de 2012 y junio de 2013, el valor casi no varía y se mantiene en los 6.550 millones de euros.

ACS explica a la CNMV que “los activos renovables, los aeropuertos gestionados por Hochtief y la mayor parte de las concesiones, que están clasificados como mantenidos para la venta, han mantenido esta clasificación por un periodo superior a doce meses, pero su venta no se ha terminado de realizar debido a circunstancias que en el momento de su clasificación no eran probables, fundamentalmente relacionadas con las incertidumbre regulatorias en el sector eléctrico y la situación de los mercados financieros.

Sin embargo, el grupo sigue comprometido con los planes de venta de esos activos, se están comercializando activamente y existe una alta probabilidad de que se produzca la venta en el corto plazo”.

Pero el supervisor que preside Elvira Rodríguez exige a ACS que detalle uno por uno todos los procesos de venta de esos activos, “así como las formas y plazos esperados para la enajenación o disposición por otra vía”.

El grupo constructor del presidente del Real Madrid presentó el escrito de respuesta a todos los requerimientos de la CNMV el 14 de enero pasado.

En él se incluían también explicaciones sobre cómo controla ACS el poder en la alemana Hochtief con sólo un 49% del capital, cuál es la situación de su desinversión en Clece y los acuerdos con Mercapital o la más polémica de todas ellas, el impacto que tiene la paralización del almacén de gas Castor.

ACS dijo a la CNMV que no tiene el control de Escal UGS, la empresa que explota el Castor, pese a controlar el 66,67% del capital, y trasladó a Enagás parte del impacto negativo de la paralización del proyecto, lo que provocó una dura reacción de la gasista al día siguiente. Enagás alertó a la CNMV de que su posición en el Castor se limita a una posible compra futura del 33% del capital si entra en operación y cuenta con todas las autorizaciones, circunstancias que ahora no se dan.

“Proyecto Castor”, si gano es para mi, si pierdo paga el Estado

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Plataforma en alta mar del “Proyecto Castor”.

En la pasada Eurocopa de futbol realizada en Polonia y Ucrania, me sorprendió leer una noticia en la que dos de las principales constructoras polacas habían presentado concurso de acreedores por las grandes pérdidas derivadas del sobrecoste de la construcción de varios de los estadios de futbol del país. Es decir, ganaron el concurso público pero sus costes de construcción fueron muy superiores a los previstos provocándoles grandes pérdidas y la suspensión de pagos.

Ya no me acordaba que una empresa constructora tenia riesgos en sus proyectos, ya que en España cualquier obra publica adjudicada por el Estado acaba costando mucho más y habitualmente es asumido por el Estado. Eso no quita que estas mismas constructoras estén muy bien consideras internacionalmente por la calidad de sus proyectos, con adjudicaciones de obras en las principales ciudades del mundo. Seguramente esta buena imagen internacional, ha contribuido que el gestor de las inversiones de Bill Gates, Michael Larson posiblemente a través de la sociedad Cascade Investment LLC, con la que suelen invertir en empresas cotizadas, hayan invertido algo más de €110 mill. en la española FCC (6% de la compañía) de Esther Koplowitz.

Vamos a analizar la operación financiera del ya famoso “proyecto Castor” de almacenaje submarino de gas delante de las costa mediterránea, ya que en mi opinión recoge todos los típicos vicios de la estrategia relación entre algunas constructoras y los políticos.

La compañía ACS de Florentino Pérez vio una gran oportunidad la necesidad española de tener suficientes reservas de gas almacenadas. No se si lideró la creación inicial del proyecto pero en cualquier caso si que le dio el impulso necesario y se hizo con la mayoría de las acciones del proyecto.

El pasado 21 de diciembre de 2007 la empresa ACS publicó el siguiente anuncio oficial:

“Por este acuerdo, ACS aumentará su participación en Escal UGS S.L. (la compañía española que desarrolla el proyecto) desde el 5% hasta el 66,67%. Castor Limited Partnership (CLP), de la que Eurogas posee un 73,7%, tendrá el 33,33% de Escal UGS. Cuando entre en funcionamiento el almacenamiento subterráneo de Castor, ACS venderá a Enagás la mitad de su participación d

el 66,67%. A partir de ese momento CLP, ACS y Enagás poseerán un 33,33% de Escal UGS cada una. La inversión total se estima actualmente en más de 1.200 millones de euros”.

Ni ACS ni Enagas han publicado los términos del acuerdo, es decir el precio de la compraventa aunque algunos medios lo cifran en unos €400 mill. para este 33,33%.

mapa zona afectada terremotos por Proyecto Castor_foto La Vanguardia

Mapa de la zona afectada por terremotos cerca del “Proyecto Castor” (fuente: La Vanguardia).

A partir de los datos públicos, puede intuirse que este ha sido el proceso:

  1. La sociedad propietaria del Castor pide un préstamo a siete años, que le conceden 19 bancos para iniciar las inversiones del proyecto.
  2. En julio 2013, la financiación bancaria es sustituida por una emisión de bonos en Luxemburgo a 21,5 años al 5,756% de interés, por una cifra de €1.400 mill., por suerte la mayoría son inversores internacionales, aunque otra vez se resiente la marca España. En esta emisión el Banco Europeo de Inversiones (BEI) invierte directa e indirectamente nada menos que 500 mill..
  3. Al mismo tiempo ACS negocia con la empresa semipública Enagas la venta de la mitad de sus acciones, un 33%, manteniendo a priori el resto, quedando el accionariado final repartido a partes iguales entre ACS, Enagas y CLP.
  4. Para cuadrar el círculo, la empresa de Florentino Pérez firmó una clausula que todo empresario soñaría en cualquier proyecto, en el caso que el “Proyecto Castor” sea un completo desastre económico, incluso aunque sea por negligencia de sus gestores, recibirá una indemnización por parte del Estado.
  5. Florentino consiguió incluso mejorar el valor del proyecto al mejorar el tratamiento del ministerio de energía en un Real Decreto firmado por el ministro Soria en diciembre 2012, aumentando el valor de la misma.

Los costes que debería asumir el Estado español si se cierra el proyecto son de unos €1.700 mill. según ha declarado recientemente el ministro Soria. “Esta cantidad incluye un coste de inversión reconocido de 1.272 millones de euros, 200 millones por la compra del gas colchón ya inyectado y otros 200 millones en costes financieros”. El Estado paga incluso los intereses de la deuda de la operación. No me extraña que todo se financiase con deuda y que como parece ACS no ha aportado un céntimo en la financiación de la operación.

Que gran operación para ACS, coordina un proyecto que lo financia con deuda sin aportar capital, teniendo pactado una salida parcial con una empresa semipública, en la que diversos ministros de todos los gobiernos del PSOE-PP firmaron las distintas fases en el tiempo y que si finalmente el proyecto fracasa, lo paga el Estado. Para desgracia de la compañía constructora, por no realizar los estudios suficientes, por ir a un ritmo de inyección de gas demasiado rápido o por mala suerte, los terremotos en la zona han lanzado el proyecto a la luz publica. De hecho, con estas garantías del Estado, ¿para que necesitas hacer grandes estudios geológicos si no asumes ningún riesgo financiero en el proyecto ni en los escenarios negativos?

Generali aseguró el polémico proyecto Castor sin cubrir riesgos de fuga de gas

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Como asegurar un coche sin cubrir los accidentes de carretera. Generali consiguió lo imposible en el proyecto Castor: cobró por una póliza de seguro del proyecto de un depósito de gas submarino, que impulsaron ACS y sus socios en la costa de Castellón, sin cubrir el riesgo de fugas de gas. Portavoces de Generali se han limitado a señalar que “nunca comentan detalles de las pólizas de sus clientes”. Sin embargo, estos detalles trascienden si se cruza la diferente información pública de la que se dispone.

En el Real Decreto de 2008 en el que se adjudicó Castor a la empresa Escal UGS, controlada por la constructora de Florentino Pérez, y por sus socios canadienses de Dundee Energy ya se marcaba que el proyecto debía tener un seguro de responsabilidad civil, limitada a un mínimo de 30 millones. Sin embargo, en un anexo del folleto de emisión de bonos de 1.400 millones, que se colocó en Luxemburgo y cuyo texto está en únicamente en inglés, se explica que los posibles escapes de gas en el subsuelo del almacén de Castor no estaban cubiertos por el contrato de seguro.

El anexo del folleto lo suscribe el broker asegurador internacional Willis Consulting para explicar que “las pérdidas de reservas están normalmente excluidas, pero es posible negociar la cobertura si hubo un accidente que causó la ruptura de los sellos y la fuga del gas”. El seguro no cubre los terremotos, algo normal en el mundo del seguro. Sin embargo, que en un depósito de gas no se contemple, ni “el flujo espontáneo a otros depósitos”, ni “un reventón” parece sorprendente.

Es decir, en el mismo folleto de colocación de los bonos, por un lado se admite que puede existir el riesgo de fuga de gas y por otro se reconoce que dicho riesgo no está cubierto por la compañía aseguradora.

No se entiende que si Generali no cubrió el riesgo de fuga de gas, ACS y sus socios siguieran adelante con el proyecto. O sí, porque el riesgo para Florentino Pérez y sus aliados era mínimo al haberse asegurado el cobro del valor contable de la sociedad –1.570 millones– en el momento en que el Gobierno extinguiese la concesión.

Tampoco se comprende que el Gobierno aprobase el proyecto. Escal UGS, la empresa explotadora, consiguió pasar 42 aprobaciones administrativas, tanto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) como de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Vinaroz (PP). Pero nadie podía garantizar que el depósito de gas no tuviese fugas. Unas fugas que han despertado la falla de Amposta y han provocado más 500 terremotos, unos pocos por encima de los 4 grados en la escala de Ritcher. La actividad sísmica se ha reducido después de que el Gobierno suspendiese la inyección de gas.

Sin informe sísmico

Tal y como se publicó en el BOE en noviembre del 2009, el Observatorio de las Tierras del Ebro, organismo científico dependiente del CSIC, presentó alegaciones a la aprobación medioambiental de Castor considerando entonces que “se debe estudiar la frecuencia y magnitud de la actividad sísmica incluyendo pruebas que aseguren que las presiones debidas a la inyección no causen fracturas en las rocas”. Ni el Ministerio de Industria ni Escal UGS solicitaron dicho informe, ignorando la petición de los científicos.

En cambio el seguro contratado sí que cubría a ACS y Dundee Energy por posibles retrasos, tanto en la construcción como en la puesta en marcha. Es decir, Florentino Pérez podría cobrar de Generali por la actual paralización temporal de la actividad de Castor.

ACS y sus socios esperan que el Gobierno les retorne la inversión aportada e incluso estudian recibir el lucro cesante. Pero el Gobierno ya advirtió que no debía pagar nada “en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”. De hecho, la intención del Ministerio de Industria, ya para eso ha acudido al Tribunal Supremo es no hacer efectiva una garantía que sólo tiene en España este depósito de gas. Las reservas que aplicó Generali a la hora de contratar el seguro apuntarían a que hubiese sido más prudente no seguir adelante con el proyecto de Castor.

El socio canadiense de Florentino Pérez le deja solo en Castor

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El socio canadiense de ACS, el grupo Dundee Energy, ha dejado sola a ACS en Castor, el almacén de reservas de gas que el Gobierno tiene paralizado después de los movimientos sísmicos que se produjeron en el norte de Castellón y el sur de Cataluña en otoño de 2013. Dundee Energy ha renunciado a hacerse cargo de las nuevas pérdidas en las que ha incurrido Castor y ha tenido que ser la constructora de Florentino Pérez la que cubra en solitario una nueva ampliación de 40,9 millones.

Así consta en el informe de resultados correspondiente al ejercicio de 2013 que ha hecho público el grupo canadiense y que comenta la situación del almacén gasista submarino en la costa de Castellón. Un punto de vista que coincide de pleno con el de la constructora que preside Florentino Pérez en su visión operativa, pero que deja sola a ACS desde el punto de vista contable.

En la presentación de cuentas se señala que ACS ha tenido que inyectar más fondos en Escal UGS para mantener el equilibrio patrimonial de la empresa. En concreto, una ampliación de capital que llevó a cabo esta filial. Dundee Energy explica que ACS asumió su parte de la ampliación con un préstamo subordinado por valor de 40,9 millones, pero se advierte de que los canadienses han renunciado a suscribir su parte

En esencia, el informe señala que no hay riesgo en el almacén de Castor, que los volúmenes de gas colchón inyectado se mantienen estables y que la infraestructura gasista ha pasado con éxito todas las auditorías externas, incluidas las de costes, por lo que la puesta en marcha de esta infraestructura depende única y exclusivamente de una decisión administrativa del Gobierno español. Se atribuye la inestabilidad sísmica a una falla secundaria y se asegura que no hay mayor peligro, recordando, además, que hasta ahora los temblores de tierra que se han producido en la zona no han provocado daños significativos.

Pero, a partir de aquí, empiezan las diferencias, en un discurso en el que se apunta que el socio canadiense está marcando distancias con ACS en el polémico almacén.

Pérdidas y riesgos

En todo el informe se recalca la responsabilidad del Gobierno español en la paralización y se alerta de que, si bien el proyecto es seguro, no lo son tanto sus resultados económicos, ya que “los beneficios están sujetos a un número significativo de riesgos e incertidumbres, incluyendo pero no limitado a la conclusión de la puesta en marcha del proyecto y las incertidumbres y el calendario de los ingresos de conformidad con el régimen retributivo”.

La petrolera canadiense también ha dejado sola a ACS en la asunción de las pérdidas suplementarias que ha sufrido Escal UGS en 2013, y que Dundee Energy cifra en 34,1 millones de dólares en su parte correspondiente.

Pacto de salida

Además, este socio minoritario del proyecto explica que tiene un acuerdo para dejar el proyecto, por el cual ACS y Enagás deberían comprar su participación a los canadienses en Escal UGS “durante un período de 180 días posterior a la puesta en funcionamiento del almacén”, en términos y condiciones equivalentes al pacto que tenía ACS para vender un 33% del proyecto a Enagás. Este último pacto se ha suspendido, ya que el Gobierno ha de entregar a los promotores de Castor la licencia de puesta en marcha, pero dicho proceso está en suspenso hasta que se evalúe el riesgo sísmico.

Por último, la petrolera de Canadá señala que la emisión de bonos de 1.400 millones que se llevó a cabo a través de una sociedad luxemburguesa se hizo dejando en garantía los activos de Castor. Y que Fitch ha puesto en perspectiva negativa el rating de esta instrumental, Watercraft Capital, que sitúa en BBB+, mientras que Standard & Poors lo estima en BBB