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Vinaròs y Peñíscola apoyan a Fabra por el Castor y Benicarló pide el cierre ya

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YOLANDA CLARES 07/06/2014

El anuncio del Gobierno sobre la dilación en el tiempo para tomar una decisión sobre el futuro del Castor hasta no tener todos los informes de los expertos ha gozado de la comprensión de los ayuntamientos de la zona afectada o, al menos, de casi todos.

Y es que mientras Vinaròs y Peñíscola, como el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, entienden que el Ministerio de Industria debe actuar “con cautela” antes de ordenar el cierre definitivo de la planta, Benicarló se postula a favor de clausurarla cuanto antes. Esta es la tesis que defendió la oposición durante el debate en Les Corts. En este se aprobó la moción en la que se solicitaba el fin de la instalación.

Precisamente, su alcalde, Marcelino Domingo, pese a liderar la plataforma de municipios afectados, ha sido el más díscolo en este sentido en cuanto al discurso que está manteniendo el PP, que alude a los estudios de los expertos internacionales y que podrían demorarse “años”. Domingo indicó que mantiene su “postura de siempre, que la instalación debe de desmantelarse ya. Los profesionales ya han demostrado lo que nos temíamos”, destaca.

Sin embargo, sus homólogos en Vinaròs y Peñíscola opinan que la administración central actúa con corrección, aunque también consideran que la infraestructura se debe cerrar. El primer edil vinarocense, Juan Bautista Juan, indicó que “esto no cambia en absoluto la posición del Ayuntamiento. A nosotros, la máxima tranquilidad y seguridad nos la da que el Castor esté en una paralización indefinida. Esto no significa que no nos interese conocer la evolución de lo que se produzca sobre el proyecto y que pueda suscitar cambios de posición o de planteamiento respecto al futuro”.

“Esta instalación la sufrimos en el municipio y el consistorio es lo suficientemente importante como para defender sus intereses allá donde haga falta. Estamos manteniendo continuamente los contactos pertinentes en todo aquello que afecta al programa”, afirmó. Informa J. Flores.

Por su parte, el munícipe peñiscolano, Andrés Martínez, indicó que “gobernar con responsabilidad supone actuar con precaución y con cautela, exactamente lo que el PSOE no ha hecho desde el inicio del plan”. “No vamos a caer es esta trampa, tenemos que garantizar que los españoles no vayan a pagar ni un solo euro por esta nefasta gestión del Gobierno socialista y, por ello, si debemos esperar hasta el último informe, lo haremos”, aseveró.

MÁS REACCIONES // Las reacciones a las palabras del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, sobre el tema no se han hecho de esperar. El diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto señaló: “El Gobierno tiene ya una política consolidada, que es la de alargar la situación, esperar a que vengan unas elecciones y otra administración tome la decisión pese a que los estudios son claros”. H

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Industria auditará el almacén de gas Castor, el ‘pelotazo’ de ACS y Escal

Rubén Esteller / Lorena López
7:00 – 2/04/2012
Florentino Pérez

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El Gobierno no ha podido eludir por más tiempo el embrollo creado con el almacenamiento de gas Castor, en Castellón, operado por ACS y Escal. El Ministerio de Industria, en el marco de la reforma del sector, auditará esta instalación, ya que ha disparado su coste hasta los 1.300 millones cuando estaba presupuestado tan sólo en 500 millones de euros.

“Estamos habilitando los mecanismos necesarios para hacer una auditoria”, así se explicó el secretario de Estado, Fernando Martí, en respuesta a una pregunta del elEconomista en su comparecencia para explicar las primeras medidas de la reforma energética, que busca contener los costes como los generados con Castor.

La Memoria de la Propuesta de Orden para revisar el sistema gasista, a la que ha tenido acceso este diario, incide repetidamente en que los almacenamientos subterráneos de gas, que tengan que entrar en funcionamiento este año, como es Castor, repercutirán fuertemente en el sistema, por lo que es necesario tomar medidas.

Recalcular los costes

Así, el documento explica que una vez se haya realizado la mencionada auditoría, el Gobierno procederá al cálculo de la retribución definitiva de los costes “prudentes” necesarios. Hay que señalar que hace dos años el Ejecutivo fijó por Real Decreto Ley el coste límite a reconocer a los promotores de Castor, fijado en 1279 millones, una cantidad que se superará ampliamente una vez se incluya el coste del denominado gas colchón.

Además, el coste de la realización de las auditorias y estudios técnicos serán asumidos por el promotor, en este caso ACS y Escal, y en su caso se revisará la retribución financiera.

Para más inri, el Gobierno reducirá la retribución de estos operadores en un 10%, al suspender los ingresos provisionales para los almacenamientos subterráneos determinar que no pueda acumularse en el mismo año la percepción de más de una anualidad devengada, lo que golpea de lleno al pelotazo que ha realizado ACS en este proyecto.

Industria justifica que es necesario revisar la retribución de estas instalaciones para articular un esquema que “se acomode al principio de rentabilidad razonable y sostenible”, todo ello, además, “de manera coherente con las nuevas necesidades del sistema gasista”, donde este tipo de instalaciones han dejado ser tan necesarias por la caída de la demanda.

El Ejecutivo también atiende las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que además de solicitar una auditoría, reclamaba que se ampliara el plazo de amortización de 10 a 20 años con el objetivo de laminar su coste en el sistema. Y es que según el sector, si Castor se pone en marcha este año repercutirá con un alza del 8 por ciento en los peajes de la tarifa de gas, un punto sobre el que también ha alertado el regulador energético.

Desajustes

La Orden explica que un periodo de amortización de 10 años tal como estaba vigente “provoca un desajuste entre la vida regulatoria y la vida útil operativa de los activos que es sensiblemente superior” y, además tiene un “impacto especialmente severo” en la sostenibilidad del sistema gasista durante los próximos años en los que entrarán en funcionamiento diversos almacenamientos subterráneos “cuyos costes alcanzan magnitudes muy importantes”.

Con esta modificación en todos los almacenamientos existentes, se logra una reducción considerable de las salidas de caja del sistema durante los primeros ejercicios tras su puesta en marcha, especialmente en el 2013 que puede alcanzar los 124 millones de euros.

El Gobierno argumenta que desde 2005 los peajes de gas han incrementado de media el 30 por ciento. Con la caída de la demanda y el intenso ritmo inversor mantenido en los últimos años, “este incremento es insuficiente para satisfacer los costes”, según el Ministerio, a lo que no ayuda el sobrecoste generado con Castor.

En la propuesta de la CNE remitida al Ministerio para reformar el sector, el regulador avisaba de que había encontrado partidas adjudicadas a dedo en la construcción de Castor que pueden haber supuesto costes adicionales para la factura total del gas. Concretamente, criticaba que hubiera partidas de inversión que no hayan tenido que pasar por ningún proceso de concurrencia.

La CNE proponía además explotar el petróleo que todavía queda en Castor, aprovechando los precios altos, para pagar las actividades reguladas. Por ese motivo, recomendaba analizar jurídicamente la modificación de la concesión. Precisamente sobre este punto y sobre la naturaleza de la licencia de la instalación se libran algunos pleitos en la actualidad.

El socio canadiense de Florentino Pérez le deja solo en Castor

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El socio canadiense de ACS, el grupo Dundee Energy, ha dejado sola a ACS en Castor, el almacén de reservas de gas que el Gobierno tiene paralizado después de los movimientos sísmicos que se produjeron en el norte de Castellón y el sur de Cataluña en otoño de 2013. Dundee Energy ha renunciado a hacerse cargo de las nuevas pérdidas en las que ha incurrido Castor y ha tenido que ser la constructora de Florentino Pérez la que cubra en solitario una nueva ampliación de 40,9 millones.

Así consta en el informe de resultados correspondiente al ejercicio de 2013 que ha hecho público el grupo canadiense y que comenta la situación del almacén gasista submarino en la costa de Castellón. Un punto de vista que coincide de pleno con el de la constructora que preside Florentino Pérez en su visión operativa, pero que deja sola a ACS desde el punto de vista contable.

En la presentación de cuentas se señala que ACS ha tenido que inyectar más fondos en Escal UGS para mantener el equilibrio patrimonial de la empresa. En concreto, una ampliación de capital que llevó a cabo esta filial. Dundee Energy explica que ACS asumió su parte de la ampliación con un préstamo subordinado por valor de 40,9 millones, pero se advierte de que los canadienses han renunciado a suscribir su parte.

En esencia, el informe señala que no hay riesgo en el almacén de Castor, que los volúmenes de gas colchón inyectado se mantienen estables y que la infraestructura gasista ha pasado con éxito todas las auditorías externas, incluidas las de costes, por lo que la puesta en marcha de esta infraestructura depende única y exclusivamente de una decisión administrativa del Gobierno español. Se atribuye la inestabilidad sísmica a una falla secundaria y se asegura que no hay mayor peligro, recordando, además, que hasta ahora los temblores de tierra que se han producido en la zona no han provocado daños significativos.

Pero, a partir de aquí, empiezan las diferencias, en un discurso en el que se apunta que el socio canadiense está marcando distancias con ACS en el polémico almacén.

Pérdidas y riesgos

En todo el informe se recalca la responsabilidad del Gobierno español en la paralización y se alerta de que, si bien el proyecto es seguro, no lo son tanto sus resultados económicos, ya que “los beneficios están sujetos a un número significativo de riesgos e incertidumbres, incluyendo pero no limitado a la conclusión de la puesta en marcha del proyecto y las incertidumbres y el calendario de los ingresos de conformidad con el régimen retributivo”.

La petrolera canadiense también ha dejado sola a ACS en la asunción de las pérdidas suplementarias que ha sufrido Escal UGS en 2013, y que Dundee Energy cifra en 34,1 millones de dólares en su parte correspondiente.

Pacto de salida

Además, este socio minoritario del proyecto explica que tiene un acuerdo para dejar el proyecto, por el cual ACS y Enagás deberían comprar su participación a los canadienses en Escal UGS “durante un período de 180 días posterior a la puesta en funcionamiento del almacén”, en términos y condiciones equivalentes al pacto que tenía ACS para vender un 33% del proyecto a Enagás. Este último pacto se ha suspendido, ya que el Gobierno ha de entregar a los promotores de Castor la licencia de puesta en marcha, pero dicho proceso está en suspenso hasta que se evalúe el riesgo sísmico.

Por último, la petrolera de Canadá señala que la emisión de bonos de 1.400 millones que se llevó a cabo a través de una sociedad luxemburguesa se hizo dejando en garantía los activos de Castor. Y que Fitch ha puesto en perspectiva negativa el rating de esta instrumental, Watercraft Capital, que sitúa en BBB+, mientras que Standard & Poors lo estima en BBB