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Explayarse de la CRISIS SÍSMICA DEL PROYECTO CASTOR DE VINARÒS

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Explayarse es desconectar dels terràtremols

La Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo ha lanzado esta semana una campaña de promoción bajo el nombre ‘Explayarse’ que pretende fomentar el turismo en el norte de la provincia, y especialmente en las ciudades de Vinaròs, Benicarló, Peñíscola y Alcossebre. 

La campaña ‘Explayarse’ busca trasladar una imagen de relax y de playas idílicas, destinos con mucha luz, tranquilos y seguros, idóneos para el turismo familiar y para poder relajarse y disfrutar de unas vacaciones de descanso, como es el caso de Vinaròs. De este modo, además, se persigue contrarrestar la posible imagen negativa que se haya podido generar con motivo de los movimientos sísmicos ocasionados por la plataforma Castor de almacenamiento de gas.

Desde la Generalitat, ya se han puesto en marcha acciones dirigidas al público en las autonomías que mayor número de turistas emiten hacia Vinaròs, como la propia Comunitat Valenciana, Cataluña y Madrid así como también el sur de Francia, con la finalidad de continuar atrayendo a nuestro territorio a un gran número de visitantes durante todo el año. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 205.700€ y permanecerá activa hasta finales del verano de 2015.

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Vinaròs, Elísabet Fernández, ha valorado positivamente esta campaña desarrollada por la Generalitat porque “para Vinaròs es muy importante que la Generalitat apoye a las ciudades del norte de la Comunitat en un aspecto tan fundamental para nuestras economías como es el turismo”.

Además ha destacado que “es necesario continuar promocionando el turismo en el norte de Castellón porque tenemos un enorme potencial” y añadió que “gracias a este tipo de campañas Vinaròs está considerado uno de los principales destinos turísticos de nuestra provincia”.

 El ministro de Industria, José Manuel Soria, se mostró de nuevo evasivo sobre el futuro del proyecto Castor al ser preguntado en el Senado por el cierre de la plataforma gasista.

Y es que Soria todavía no ha aclarado qué decisión tomará al respecto y no contestó de manera directa a las preguntas que le formuló la senadora de Esquerra Republicana Ester Capella al respecto. El ministro se limitó a defender las acciones del Gobierno en esta cuestión y recordó que la actividad “está paralizada desde el 26 de septiembre del 2013, cuando se emitió la resolución estatal”, ya que “cada una de las decisiones que toma el Gobierno están encaminadas a garantizar la seguridad ciudadana y ambiental”. A pesar de ser interpelado sobre la posible indemnización millonaria a la empresa Escal UGS o la opacidad a la hora de “esconder informes sísmicos durante cinco meses”, Soria insistió en poner de relieve la actuación del PP en los dos últimos años y medio con “la reducción de la retribución para la mercantil en el sistema gasista y la modificación de la autorización, que pasó de definitiva a provisional”. LÉALO INTEGRO EN MEDITERRÁNEO.

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Desmantelar el Castor: 143 millones

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RAMON OLIVARES RUIPÉREZ 29/06/2014

La renuncia de Escal UGS a gestionar el almacén de gas subterráneo Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs, abre la puerta a una posibilidad hasta ahora prácticamente insospechada, aunque largamente demandada por muchos sectores sociales: el desmantelamiento de la instalación. Esto tendría un coste de al menos 143 millones de euros, según se recoge en el Real Decreto 855/2008, aprobado el 16 de mayo de aquel año y firmado por el anterior ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.

Esta provisión podría ser insuficiente para llevar a cabo el desmantelamiento, habida cuenta del incremento de costes que registró la construcción de la infraestructura. Esta es una hipótesis en medio de un proceso de renuncia que todavía está dando sus primeros pasos, pero en el cual el actual ministro de Energía, José Manuel Soria, ya ha reconocido que el Estado deberá pagar la indemnización.

Soria diu que tancarà el Castor si els experts independents confirmen la seva relació amb els sismes

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El ministre d’Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, ha assegurat aquest dimarts que el magatzem subterrani de gas Castor es tancarà si els experts independents confirmen que hi ha relació entre les injeccions de gas i els sismes registrats a la zona, com ha apuntat l’informe de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN).

En una entrevista a EFE, Soria ha dit que la decisió de reprendre l’activitat està pendent d’un estudi que estan portant a terme experts de la Universitat de Stanford i del MIT i que “si ho confirmen (que hi ha relació amb els sismes) per descomptat no” es tornarà a obrir.

El ministre ha explicat que en aquest informe, que coneix des del mes de desembre de l’any passat, deia que era necessari comptar amb alguns experts internacionals per poder completar la visió del mateix institut.

Per això el Govern central va sol·licitar la informació d’experts a final del mes de gener, “i encara no hem rebut resposta, per això hem sol·licitat al propi institut que sigui l’òrgan que monitoritzi la recollida d’aquest tipus d’informació també a nivell internacional”, ha dit.

Sòria ha descartat detallar si, en cas de tancament, hauria d’indemnitzar a l’empresa constructora Escal UGS perquè “no estem en aquesta situació”.

El ‘pelotazo’ de ACS y Escal en Castellón

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El ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, ha anunciado este martes en Valencia que su departamento “frenará” la puesta en marcha de infraestructuras gasísticas como el almacén submarino Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), para no incrementar la tarifa del gas natural.

A preguntas de elEconomista sobre los sobrecostes del Proyecto Castor, operado por ACS y Escal, y su posible impacto en la factura del gas, Soria ha explicado que las infraestructuras gasísticas en España están ahora mismo sobredimensionadas debido a las inversiones realizadas en los últimos años y la caída de la actividad industrial.

“El grado de utilización de las infraestructuras de gas está por debajo del 50 por ciento“, ha subrayado, y ha añadido que a los inversores “hay que retribuirles se utilicen o no” estas infraestructuras.

Por ello, el Gobierno aprobó el pasado viernes unas medidas que, según Soria, van en la línea de “retribuir el valor del capital de estas instalaciones, pero frenando su puesta en marcha”, de manera que el coste, que se repercute en la factura del gas, sea más asumible.

El ministro no ha entrado a valorar el sobrecoste que, en concreto, ha tenido el proyecto Castor, hasta los 1.300 millones de euros cuando estaba presupuestado en 500 millones.

Soria ha hecho estas declaraciones antes de participar en el almuerzo posterior a la asamblea de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que preside el naviero Vicente Boluda, al que también han asistido el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo

¿Por qué tiembla Castor?

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En el último mes se han registrado más de 300 seísmos en la costa de Castellón y de Tarragona. Entre la 1.00 horas y las 8.00 de este jueves, se registraron los (hasta ahora) 25 últimos, dos de ellos de una magnitud 4,1 en la escala de Richter y, en la madrugada del miércoles, uno de ellos alcanzó los 4,2 grados.

Los expertos geólogos afirman que se deben a la “sismicidad inducida” por el polémico proyecto Castor. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado que se paralizarán nuevas inyecciones de gas mientras no se garantice la “seguridad total” de la población y la Diputación de Castellón ha anunciado que emprenderá acciones legales contra los ex ministros socialistas, a los que hace responsables de “la tramitación y la adjudicación” de la concesión de almacenamiento subterráneo del proyecto Castor.

¿Qué es?

El proyecto Castor es un almacén subterráneo de gas natural situado a 22 kilómetros de la costa, frente a Vinaroz, en Castellón, que aprovecha un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar. El gas se recoge de la red nacional de gasoductos en una planta costera y llega a través de un conducto hasta la plataforma marítima, desde la que se bombea hasta la cavidad natural submarina que hace de depósito y donde permanecerá hasta que precise ser utilizado.

¿Para qué sirve?

La finalidad del almacén es contribuir a regular el suministro de gas y asegurar las existencias mínimas en el país. Permitiría almacenar el equivalente a un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días o, lo que es lo mismo, el suministro necesario para abastecer a cinco millones de valencianos durante tres meses. La capacidad de almacenamiento es importante para garantizar el suministro en un país como España, que importa prácticamente la totalidad de su consumo. Este tipo de almacenamiento permite al sistema gasista español hacer frente a puntas de consumo o a interrupciones en el suministro, entre otras eventualidades, explican desde Enagás.

El proyecto

Con un coste máximo reconocido de 1.272 millones de euros, el desarrollo de la infraestructura se concedió a Escal UGS, propiedad en un 66,6% del grupo ACS. Esta cantidad irá con cargo a la tarifa del gas durante 20 años a partir de su entrada en funcionamiento. Si el proyecto no sale finalmente adelante, en Escal advierten que “el Estado tendría que asumir el coste completo auditado del proyecto, funcione o no”.

En julio de 2010 ‘desembarcaba’ la plataforma en la costa de Castellón. En octubre de ese mismo año se perforaban los primeros sondeos para la construcción del almacén y entre enero de 2011 y febrero de 2012 se construía el gasoducto que une la planta terrestre con la plataforma marina.

¿Qué impacto tendrá en los precios del gas?

Según fuentes del sector, una vez que el almacen entre en funcionamiento su coste comenzará a reflejarse en la factura del consumidor, con un impacto estimado próximo al 6% anual.

¿En qué punto está el proyecto?

Se necesitarían unos seis meses seguidos para inyectar los 1.300 millones de metros cúbicos del gas denominado de trabajo o útil, que se puede extraer cuando la demanda lo requiera. Junto a este, existe un denominado ‘gas colchón’ que queda atrapado entre los poros y que, aunque no es útil, es necesario para que la instalación funcione. El pasado 14 de junio comenzaron los trabajos para el llenado de este ‘gas colchón’ y se han inyectado ya 100 millones de metros cúbicos del total de 600 millones de ‘gas colchón’ necesario, con casi un año de retraso sobre los plazos previstos inicialmente.

El 13 de septiembre comenzaron a registrarse temblores y el 26 el Ministerio de Industria orden la paralización de esa actividad, aunque desde la planta se informó de que desde el día 16 ya había cesado debido a su planificación normal de trabajo.

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¿Cuál es el problema?

Desde el pasado 13 de septiembre se han experimentado más de 300 seísmos en la costa de Castellón y Tarragona, la mayoría de baja intensidad con un pico máximo de una magnitud de 4,2 en la escala Richter. Expertos geólogos afirman que se deben a la “sismicidad inducida” por el proyecto Castor, provocada por la inyección de gas en la roca, aunque no hay consenso acerca de sus riesgos y evolución.

El almacenamiento se realiza inyectando el gas en “una roca caliza”, que acumula energía de manera natural por los procesos de dinámica de la Tierra y que se libera a través de ondas sísmicas, explica Luis Suárez, presidente del Colegio de Geólogos, por lo que hay “indicios racionales” sobre la relación entre la inyección de gas y los temblores, un vínculo sobre el que “no hay ninguna duda”, denuncia Ecologistas en Acción. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha admitido también que podría haber una relación entre las inyecciones de gas y los terremotos.

Según el mapa geotectónico del Instituto Geológico y Minero, la plataforma de inyección de gas está situada justo sobre una falla activa de más de 50 kilómetros de longitud.

Reacciones

Los grupos ecologistas manifestaron su oposición al proyecto en 2008 ante las carencias del informe de impacto ambiental. Ecologistas en Acción han pedido la paralización del proyecto. A nivel político, IU ha reclamado la “paralización inmediata” de la actividad del Proyecto Castor y ha pedido la comparecencia urgente en el Parlamento del ministro de Industria, José Manuel Soria, mientras que CiU ha pedido la comparecencia en el Congreso de los secretarios de Estado de Medio Ambiente y de Energía. Por su parte, la diputada de EU en las Cortes Valencianas Marina Albiol ha pedido a la Generalitat que inicie “acciones legales” contra la empresa Escal UGS.

Otros almacenes subterráneos

En España hay otros cuatro almacenes subterráneos de gas: Serrablo, en Huesca, en funcionamiento desde 1989; Gaviota, frente a la costa de Bermeo (Vizcaya), activo desde 1994; Yela, en Guadalajara, inaugurado en 2012; y Marismas, en Huelva.

*Con información de Miguel G. Corral y Víctor Martínez

La factura del Castor deberá incluir otros 200 millones por el desmantelamiento

 

Cerrar el almacén gasista de Castor será caro. Mucho más de los 1.700 millones que el ministro José Manuel Soria cuantificó en el Congreso. Esa cantidad es el valor residual de la instalación, pero fuentes del sector energético y expertos científicos en geología han señalado que la referida cifra no incluye el sellado de los pozos, el desmantelamiento de la plataforma marítima y de la infraestructura en tierra, además de la monitorización posterior para controlar posibles fugas de gas. Por ello, el cierre ordenado de la instalación supondrá otros 200 millones.

Este incremento, de más del 11%, es importante porque se incluiría en la repercusión para el conjunto del sistema gasista, es decir, se reflejaría en una futura subida del gas como manera para financiar el fiasco del almacén gasista, que debería integrar un sobrecoste de más de 1.900 millones. 

Y eso sobrentendiendo que ACS y sus socios canadienses no reclamen el lucro cesante, lo que dejarían de ganar, que se situaría en otros 3.000 millones. El decreto de concesión no les reconoce este derecho, pero existiría esta posibilidad legal.

Fuentes de Escal UGS, la sociedad explotadora de Castor que está controlada en un 66% por la constructora ACS, han declinado hacer comentarios sobre los posibles costes de desmantelamiento de la plataforma para inyectar y extraer gas del subsuelo marino en la costa castellonense.

La diferencia es que los 1.700 millones serían para compensar a ACS y sus socios canadienses de Dundee Energy, mientras que los otros 200 millones supondrían únicamente el coste del desmantelamiento, ya que no se puede dejar una infraestructura de ese tamaño cerrada sin más en medio del mar.

Intención de mantenerlo abierto

Sin embargo, en este momento la intención del presidente de ACS, Florentino Pérez, es mantener Castor abierto y operativo, alegando que la inyección de gas no ha tenido nada que ver, que los terremotos han sido un fenómeno natural que hubiera acontecido igualmente.

La estrategia legal de Escal UGS se centrará en defender que no se han producido daños materiales por la oleada de terremotos en el norte de Castellón y el sur de Cataluña y que, por tanto, se debe retomar la actividad del almacén, tal y como muestra el documento legal con el que la empresa ha informado a los bonistas, a los que ha colocado títulos por valor de 1.400 millones.

La decisión final la ha de tomar el Ministerio de Industria, que espera que en breve el Instituto Geológico y Minero Español le presente un dictamen al respecto. En todo caso, la oposición del territorio juega en contra, ya que tanto el Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón) como la Generalitat Valenciana han solicitado formalmente que se cierre el almacén de gas.

Consultora noruega

El único informe que se ha entregado al Ministerio por ahora es el de la consultora noruega Det Norske Veritas, pero fuentes del sector han señalado que es sólo una evaluación financiera para determinar los costes de la instalación de Castor. Se trataría de establecer si el presupuesto del proyecto ha sido el adecuado y de validar si los costes declarados corresponden a la realidad. Es un estudio solicitado antes de los terremotos, a pesar de que Escal UGS se ha referido al mismo en su informe respecto a la clausura temporal de la instalación.

Estas mismas fuentes aseguran que el informe de los noruegos es favorable a los intereses de ACS y avala que desde el punto de vista económico todo se ha llevado a cabo de manera correcta, sin entrar en las causas geológicas que hayan podido producir la inestabilidad sísmica en la zona.

Francia ha suprimido los permisos de hidrocarburos en el Mediterráneo. Oceana pide que España haga lo mismo

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La apuesta de España por la explotación de petróleo y gas en el mar es totalmente contraria a los objetivos energéticos de la UE para 2030

Febrero 7, 2014
Madrid
Contact:
Marta Madina ( mmadina@oceana.org )

Oceana solicita al Ejecutivo de Mariano Rajoy que adopte una postura similar a la de Francia, que durante el mandato de Nicolas Sarkozy eliminó todos los permisos para la exploración de petróleo y gas en sus aguas del Mediterráneo. Francia ha pasado de tener casi un millón de hectáreas abiertas a las actividades de búsqueda de hidrocarburos a cero por simple voluntad política, lo que demuestra que España puede hacer lo mismo.

“Pedimos al Gobierno presidido por Mariano Rajoy que, al igual que hizo Nicolas Sarkozy en Francia, rechace todas las perforaciones petrolíferas en el Mediterráneo, señala Xavier Pastor, director ejecutivo de Oceana en Europa. “El líder conservador francés explicó que no se trata de elegir entre protección del medio ambiente y crecimiento, sino de optar simplemente por un desarrollo sostenible. Estas palabras muestran que explotar hidrocarburos es una decisión política. La única disyuntiva es hacer política a corto plazo o a largo plazo”.

Francia tenía abiertas a la exploración petrolífera un 11,25% de sus aguas mediterráneas, lo que asciende a 996.700 hectáreas. En 2012, el entonces presidente Sarkozy declaró que no aceptaría perforaciones petrolíferas en el Mediterráneo, pues “el Mediterráneo es el corazón de nuestra identidad”. Con esta decisión, dejaba de lado un recurso energético por ser fuente de daños al ecosistema y contaminación.

En una línea parecida, la Unión Europea aprobó hace unas semanas un nuevo plan energético que establecía una disminución de un 40% en las emisiones de gases por parte de combustibles fósiles y un 27% de aumento en el uso de energías renovables para el año 2030.

España camina en dirección contraria a la Unión Europea. La actitud del ministro José Manuel Soria, dando todo tipo de facilidades a las empresas petroleras, contrasta con la guerra abierta contra las energías renovables, las cuales podrían estar tocadas de muerte con las nuevas decisiones del ministerio. Miles de puestos de trabajos en turismo, pesca y energías limpias podrían verse afectadas por la fiebre del oro negro”, añade Pastor.