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Los geólogos avisan de la “elevada incertidumbre” sobre el riesgo de Castor

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Los geólogos alertan de la “elevada incertidumbre” que presenta el proyecto Castor, un almacén de gas submarino, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), cuya actividad se ha relacionado en varios informes oficiales con los más de 500 seísmos registrados en la zona en septiembre pasado. Un nuevo informe, del Instituto Geológico y Minero Español (IGME), señala la “elevada incertidumbre sobre el nivel de riesgo concurrente” de la instalación. Y afirma que ha llegado a esa conclusión tras comprobar la “sismicidad generada hasta el momento” y “la presencia constatada de fallas importantes en el entorno del almacén, susceptibles de generar sismos de cierta magnitud”. Su recomendación es concretar ese riesgo “en lo posible” haciendo nuevos estudios.

El Ministerio de Industria encargó dos informes tras la crisis sísmica del Castor. Uno de ellos, el del Instituto Geográfico Nacional (IGN) se conoció cuatro meses después de haberse elaborado, cuando Industria decidió atender la petición del diputado de IU Ricardo Sixto y enviárselo al Congreso. El otro, el del IGME, lleva fecha del 20 de diciembre pasado, pero Industria no lo remitió a la Cámara hasta este lunes, un día después de las elecciones europeas. Ambos informes constatan la relación entre la inyección de gas en Castor y los temblores registrados en la zona de Vinaròs. El informe del IGME afirma a este respecto: “El origen de la sismicidad acaecida […] está temporalmente relacionado con las operaciones de inyección de gas colchón”.

La crisis del Castor se desencadenó a principios de septiembre pasado, cuando empezaron a sucederse pequeños terremotos en la zona de Vinaròs (Castellón). La empresa que gestiona la plataforma (Escal UGS, propiedad en un 67% de ACS) había empezado en junio a inyectar gas colchón, un volumen mínimo de gas natural que debe existir en un almacén de este tipo para que se pueda inyectar y posteriormente extraer el gas útil. Según el informe del IGME, la sismicidad está relacionada con esas operaciones de inyección de gas y “coincide con un incremento del volumen inyectado, así como del aumento en el ratio de volumen inyectado por día, respecto a los estadios anteriores”.

El 24 de septiembre se produjo el primer seísmo que notaron los habitantes de poblaciones cercanas. Industria ordenó el cese de actividad el 26 de septiembre. La instalación se mantiene paralizada desde entonces y el Gobierno aún no ha decidido si será de forma definitiva. El PP ha rechazado hoy en el Congreso una iniciativa de CiU para paralizar de forma definitiva y permanente el proyecto Castor.

Los geólogos describen dos grupos de temblores. El primer grupo, mayoritariamente de baja magnitud, corresponde a la “sismicidad inducida” y coincide con las actividades de inyección de gas colchón durante el mes de septiembre. El segundo grupo, de “sismicidad disparada”, tuvo lugar una vez paralizadas las actividades de inyección y registró terremotos de magnitud más elevada, de entre 3,5 y 4,2. Se produjeron, añade el informe, “como respuesta al cambio de condiciones tensionales en algunas de las fallas del entorno del almacén”. En ese sentido, el texto explica que los terremotos de mayor magnitud son probablemente “consecuencia de la interacción dinámica entre el movimiento de pequeñas fallas de dirección NW-SE y una falla mayor de dirección NE-SW”. Esta falla, a la que denominan falla Castor, tal y como adelantó este diario, era desconocida hasta entonces.

La documentación remitida al grupo de IU en el Congreso confirma que la peligrosidad sísmica de la zona no se estudió previamente. De hecho, recomienda hacerlo ahora. El informe pide “desarrollar un estudio de peligrosidad sísmica de las fallas activas o potencialmente activas en el entorno del almacén y sus probables prolongaciones fuera del área del estudio de este informe”. Ese estudio debería plantear diferentes “escenarios de riesgo”, añade, bajo los cuales “se estimará el nivel probable de sacudida del terreno en las poblaciones costeras y la posible variación en las condiciones de aptitud del almacenamiento subterráneo”.

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) validó en 2007 los estudios técnicos que presentó al Ministerio de Industria la empresa que iba a construir el proyecto Castor. Las propuestas de la compañía “se estiman procedentes”, concluye el informe, fechado el 23 de enero de 2007, considerado de “carácter confidencial”, pero al que tuvo acceso este diario. El IGME, que realizó el informe a petición de la Dirección General de Política Energética y Minas —entonces bajo Gobierno socialista— determinó que la posibilidad de que la falla de Amposta, sobre la que se asienta el almacén, se reabriera por la presión era “muy pequeña”. Escal UGS acababa de presentar la solicitud para optar a una concesión administrativa y explotar el Castor.

ACS y Escal evitaron que se analizara el riesgo de terremotos en el Castor

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Cambiaron el proyecto del almacén después del informe realizado por el Instituto Geológico. Cataluña pidió en varias ocasiones que se le informara de los riesgos ambientales.

ACS y su socia, la constructora canadiense Escal, eludieron en el primer estudio de impacto ambiental del almacén de gas Castor analizar la repercusión del mismo en la actividad sísmica de Castellón. En apenas un mes, la provincia ha sufrido un total de 220 terremotos, el más alto de 3,6 en la escala de Richter, lo que ha provocado la alarma de las instituciones y la alerta de la población.

Prueba de ello es que el Ministerio de Industria decidió el jueves por la noche suspender con efecto inmediato la actividad de este almacén hasta que tenga un informe completo del Instituto Geológico.

Industria, así como los ayuntamiento de la zona, han reclamado información clara al respecto. Aunque Castellón siempre ha tenido una leve actividad sísmica, el Instituto Geológico tiene obligación de seguir con detalle cuando se producen 10 movimientos seguidos.

Según ha podido saber elEconomista, el Ministerio de Industria emitió el 14 de julio de 2004 una orden para obligar a ACS y Escal a presentar un estudio de impacto ambiental del Castor en un plazo de tres años con la advertencia de que si esta condición se incumplía llevaría aparejada la caducidad del permiso.

En un oficio del 12 de enero de 2006, la dirección general de calidad y evaluación ambiental de la Generalitat -una vez analizado el informe de Castor- dispuso que “se detallarán los efectos del proyecto sobre todos los elementos anteriormente inventariados y cartografiados (…) Entre otros, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: se estudiará la frecuencia de la actividad sísmica en comparación con las tendencias anteriores para revelar posibles cambios introducidos por las operaciones de inyección”, pero el promotor de la instalación no incluyó ningún análisis sobre el asunto hasta casi finalizar el año, según indicaron a este diario expertos conocedores de aquel proceso.

El 2 de octubre de 2006, el Ministerio de Industria pidió un informe al por entonces Instituto Geológico y Minero de España en el que adjuntaban la documentación presentada finalmente por Escal junto a su solicitud de concesión.

El 24 de enero de 2007, el Instituto envió su informe, en el que según fuentes conocedoras del mismo, apenas se limitó a dar por válidos los argumentos de Escal sin realizar pruebas prácticas o una visita de confrontación para examinar los datos.

Cambio del proyecto

Lo curioso del asunto es que después de haberse emitido dicho informe positivo, Escal decidió cambiar el proyecto final y el 25 de mayo de 2007 presentó un escrito para modificar su solicitud de concesión en el que, además de incrementar de nuevo el coste de la instalación -que finalmente casi triplicó el montante presupuestado- revisó las bases de diseño de los pozos e instalaciones del almacenamiento.

Es decir, que el informe que se realizó por el Insituto Geológico no se corresponde con el proyecto finalmente construido en la costa de Castellón.

En julio de 2007, la compañía promotora presentó un documento calificado de insuficiente, tal y como se encargó de destacar la Dirección General de Políticas Ambientales de la Generalitat de Cataluña mediante un informe del 21 de septiembre de 2007, en el que mostró la necesidad de una evalución detallada sobre los impactos de esta instalación que no habían sido tenidos en consideración.

Según indicaron fuentes consultadas por este diario, dicho estudio no contenía una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos sobre la población o el patrimonio artístico y arqueológico.

Este extremo fue incluso denunciado por un empresario de la zona ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo.

Un coste de escándalo

El almacén de gas tenía en un primer momento un presupuesto de 500 millones de euros, hecho por el cual se incluyó en la planificación energética pero finalmente su coste ascendió a 1.300 millones.

Tras haber desvelado este hecho elEconomista, el departamento de José Manuel Soria se comprometió a auditarlo, aunque nada se conoce de los avances de este proceso desde hace más de un año. Según fuentes del sector, esta revisión tiene que producirse antes de que se decida la retribución definitiva de este almacén y que servirá para definir el coste real de la misma. Previsiblemente, los pliegos del concurso, que Industria puede encargar, facilitarán que esta supervisión se realice por una de las empresas especializadas en el sector petrolero, ya que este tipo de plataformas tiene un mayor parecido a los pozos de petróleo que a instalaciones gasistas corrientes.

El Ministerio de Industria preparó una orden ministerial para que fuera la CNE o el propio departamente de Soria quienes decidieran el nombre del auditor.

En 2012, ACS se negó a presentar avales para comprar el gas colchón, lo que supuso que la instalación retrasase su puesta en funcionamiento. Industria, de acuerdo con Enagás, presentaron un año después esos avales, reconociendo y soportando costes y riesgos, para poder comprar el gas colchón en la subasta de 2013. No obstante, la cantidad de gas que se logró no era suficiente y hubo grandes dudas sobre la entrada en pruebas.

Enagás tiene un acuerdo por el que comprará el 33 por ciento del proyecto cuando esté en servicio en una operación que se pretende cerrar el año próximo.

Financiación pública

Por otra parte, ACS ha sido el primer proyecto de infraestructuras español financiado con los llamados bonos de proyecto o “project bonds” y el primero apoyado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), lo que propició que hubiese demanda de inversores institucionales como fondos de pensiones y compañías de seguros en una operación de 1.400 millones de euros, según señaló este verano la agencia de calificación Fitch.

Esta operación supone que parte del riesgo financiero de la instalación pasa a asumirla este organismo europeo y eventualmente una parte del fracaso, lo que ha despertado una profunda preocupación.

Escal, por su parte, indicó ayer que espera poder volver a poner en operación el almacén. En estos momentos, aunque la compañía viene anunciando la puesta en marcha, únicamente se realiza la prueba del correcto funcionamiento de la instalación con el gas colchón.

De Guindos espera un informe internacional para decidir sobre el almacén de gas Castor

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El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado este lunes que el Gobierno va a “primar la seguridad” en el proyecto de almacén de gas Castor en Castellón, después de conocerse el primer informe que relaciona los seísmos de 2013 en la zona con la inyección de gas en Castor, que se paralizó por estas sospechas.

En declaraciones a la prensa antes de ofrecer una conferencia sobre la Unión Bancaria en Esade, ha explicado que el Gobierno todavía está pendiente de “algún informe internacional”, pero que va a ser extremadamente prudente sobre este tema.

Según un informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) conocido este lunes, los seísmos registrados en el litoral norte de Castellón durante el verano de 2013 tienen una “relación directa” con la actividad en el almacén de gas Castor. Según este documento, esta actividad, además, ha acelerado un proceso sismotectónico de acumulación de esfuerzos que ya existía en la zona aunque no estaba caracterizada.

A finales de agosto de 2013, la inyección de gas en el almacén de gas de Castor, a unos 20 kilómetros de la costa frente a Vinaròs, coincidió con una serie de seísmos, uno de ellos de magnitud 3,5 magnitud que motivó que a mediados de septiembre, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo paralizara las actividades para comprobar si existía relación.

El Instituto Geográfico Nacional, comenzó a detectar actividad sísmica el 5 de septiembre de 2013 y se inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto. El ministro José Manuel Soria aseguró en reiteradas ocasiones que la actividad no se reanudaría si no se podía garantizar totalmente la seguridad en la zona, algo que dependería de los informes técnicos detallados encargados el 26 de septiembre

El Gobierno hará un almacén estratégico de gas en un viejo pozo de petróleo en Vinaròs

 

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DE LEVANTE (JOSÉ SIERRA)                             

El consorcio canadiense Eurogas iniciará a partir del próximo mes de noviembre los últimos trabajos previos a la ejecución del «proyecto Castor», que pretende convertir un antiguo pozo petrolífero de Amposta, frente al delta del Ebro y a unos 20 kilómetros del litoral castellonense, en el mayor almacén artificial de gas natural de España.

El gas almacenado en el depósito subterráneo que dejó la extracción del petróleo será reconducido después para su consumo en España a través de un gasoducto marino y una instalación industrial situada en Vinaròs. Se estima que la inversión necesaria para el desarrollo de este proyecto es de unos 350 millones de dólares (290 millones de euros), según fuentes de la empresa Eurogas, que descubrió en 1995 el potencial que tenía el yacimiento como almacén de gas. El proyecto denominado Castor tiene el propósito de convertir la cavidad subterránea que contenía el petróleo en un almacenamiento de gas natural aprovechando el sellado natural que ofrecen las calizas que protegen el yacimiento. Para su explotación comercial se requerirá las construcción de infraestructuras en el mar y también en tierra, donde es necesario construir una planta de compresión y preparación del gas natural que con toda probabilidad se hará finalmente en el término municipal de Vinaròs, el punto costero más próximo al yacimiento Amposta.

Pese a la discreción con la que se ha gestado todo el proyecto, el Ministerio de Industria aprieta para acortar los plazos y una parte de las actuaciones está saliendo a la luz. Jordi Romeu, primer teniente de alcalde de Vinaròs, admitió que el ayuntamiento castellonense ya ha recibido el proyecto en su apartado terrestre. «De momento -afirmó- está siendo elaborado por los técnicos municipales sin que exista todavía una decisión sobre el sentido, favorable o no, de esos informes», aseguró el edil, según informa Juanjo Benito. En noviembre está previsto que se aceleren todos los trabajos previos mientras el consorcio canadiense busca financiación y última el proyecto técnico. Momentáneamente la sede de las operaciones de la empresa, que tiene oficina en Madrid, ha sido establecida en San Carlos de la Rápita, desde donde se prevé que partan dos buques diarios para el suministro de los materiales. Las empresas de ingeniería internacional Amec de Londres y Tri Ocean Natchiq completarán el diseño del proyecto de construcción mientras Eurogas perfora de nuevo la superficie que protege el pozo con un buque semisumergible.

OBRA URGENTE

El crecimiento constante del consumo de gas natural -entre Cataluña y Valencia se proyectan 9 centrales eléctricas abastecidas por este combustible-, la creciente dependencia de España respecto a este combustible, y el riesgo a que se pueda producir un desabastecimiento como consecuencia de una punta de demanda invernal o un conflicto internacional- ahora mismo, en Europa crece la preocupación por la incertidumbre generada en Ucrania, por donde pasan todos los gaseoductos que abastecen a centroeuropa- ha incrementado la necesidad de que España disponga del suficiente gas almacenado para cubrir cualquier contingencia. La ley española obliga a disponer de una reserva de seguridad equivalente a 35 días de consumo. Y el consumo no para de crecer

El yacimiento petrolífero denominado «Amposta» entró en servicio en el año 1975 y produjo 56 millones de barriles de petroleo sobre unas estimaciones iniciales de casi 100 millones que provocaron grandes expectativas en una época de crisis energética y en un país, España, carente de petróleo. El pozo, perforado desde una plataforma situada a 60 metros de altura sobre el fondo marino, fue explotado por la multinacional Shell antes de ser abandonado en 1989, coincidiendo con una época de bajos precios para el petróleo. La simulación realizada por la empresa canadiense Eurogas considera que todavía es posible extraer del pozo unos 15 millones de barriles aprovechando la coyuntura actual de elevados precios del petróleo y empujados también por la necesidad de incrementar la capacidad del depósito. Sin embargo, la cifra definitiva de las reservas disponibles no se conocerá hasta que la compañía acabe las prospecciones que tiene previsto comenzar en unos días y que alcanzarán, según las previsiones, unos 2.000 metros de profundidad.

Lea la información completa en Levante, http://www.levante-emv.com/

-El alcalde de Vinaròs, Javier Balada, desmentía en la Cope que vaya a construirse un almacén estratégico de gas en el litoral de la localidad, tal y como publicaba Levante. Según Balada, de lo único que tiene petición el consistorio es de la solicitud de utilización de unos pozos petrolíferos ya existentes. El alcalde admitía que “el primer sorprendido al leer la noticia he sido yo” y añadía que “vamos a estudiar muy bien en qué consiste la petición realizada por esta empresa y qué posibilidades hay de que se realice la instalación”.

La ubicación de la mayor planta de gas del país se anunciará a mitad de enero

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EMMA BAS EMMA BAS 22/12/2007

El alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, y el primer teniente de alcalde, Javier Balada, han dado a conocer, tras la reunión de esta semana con el secretario general de Energía del Ministerio de Industria, Ignacio Nieto, que este les ha anunciado que la ubicación definitiva de la planta de gas de Vinaròs se dará a conocer a mediados de enero. Nieto tiene previsto visitar Alcanar, donde se reunirá con su alcalde, ya que es el municipio que está registrando mayor oposición a la planta de gas, que se convertirá en la instalación de estas características con mayor capacidad de toda la Península Ibérica.

Asimismo, una operación financiera de alto nivel podría haber dado el impulso definitivo al proyecto Castor de almacenamiento de gas en Vinaròs. Los grupos Eurogas, ACS y Enagás han firmado un acuerdo según el cual ACS aumenta su participación en Escal UGS, la empresa que desarrolla directamente el proyecto. Desde estas compañías implicadas se insiste en que el almacenamiento subterráneo de gas funcionará a partir del 2010.

Asimismo, también recordaron que “el Estado central ha destacado en diversas ocasiones la importancia de los almacenamientos subterráneos para contar con las reservas necesarias que garanticen y aseguren el suministro de gas en España”.

Por otro lado, cuando entre en funcionamiento el proyecto, ACS venderá a Enagás la mitad de su participación en Escal, lo que supondrá que las empresas CLP, ACS y Enagás poseerán un 33,3% de Escal cada una. Será la multinacional ACS la que se responsabilice desde ese momento del desarrollo del proyecto Castor, así como del proceso de financiación hasta la inclusión de Castor UGS en el sistema gasista español. Una inversión que llegará a 1.200 millones de euros.

Hasta la inclusión de Castor UGS en el sistema gasista, el consejo de Escal lo formarán nueve consejeros: seis serán de ACS, dos de CLP y uno de Enagás.

Cuando finalice la obra y se incluya en la red gasista, los puestos asignados a cada parte serán proporcionales a sus participaciones. El Grupo ACS es el mayor grupo de infraestructuras y servicios de España. Enagás es la primera empresa española en transporte, regasificación y almacenamiento de gas natural; y Eurogas Corporation se dedica a exploración de petróleo y gas.

El Proyecto Castor será una realidad en 21 meses

REDACCIÓN

redaccion@ambientum.com

6/4/2011

El pasado mes de marzo el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aprobó la construcción de las instalaciones del gasoducto denominado “Gasoducto de conexión al almacenamiento subterráneo Castor y sus instalaciones auxiliares”, más conocido como proyecto Castor.

En 2004 se anunció de la construcción del macroproyecto gasista Castor, en base a las necesidades y carencias del sistema energético nacional. Prácticamente el 100% del gas consumido en España es importado. Un tercio de este recurso se transporta a través de gasoductos conectados con Argelia y Europa, llegando el resto en el interior de buques metaneros. Además, España es deficitaria en almacenes de gas natural, por lo que necesita un lugar donde guardar las enormes cantidades que se precisan para garantizar el abastecimiento energético.

Años después, en 2008, la empresa Enagás solicitó la aprobación para llevar a cabo dicho proyecto. Tras su aprobación el mes pasado, el proyecto se materializará en 21 meses.

El lugar elegido para la ubicación de este depósito es el antiguo yacimiento natural de Amposta, situado a poco más de 20 km de la costa levantina y del delta del Ebro. Este depósito petrolífero dejó de ser productivo al final de la década de los 80. El proyecto Castor pretende inyectar 1.300 millones de metros cúbicos de gas natural, con un caudal de extracción de 25 millones de m3. El  almacén podrá cubrir del 30% al 40% de la demanda energética nacional diaria durante 50 días. La inversión asciende a 1.300 millones de euros, y constará de una plataforma de proceso y una de pozos, un gasoducto de 24 kilómetros y una planta terrestre, situada en las afueras de la población castellonense de Vinarós. La longitud total estimada del gasoducto es de 11.612 metros, de los cuales, 4.373 metros corresponden a la provincia de Tarragona y 7.239 metros a la provincia de Castellón.

Alegaciones al proyecto

Durante el período de información pública del gaseoducto Castor se recibieron diversas alegaciones de entidades y de particulares.

Una de las más polémicas es la que aseguraba que las instalaciones resultaban incompatibles con el Plan Estratégico Citrícola Valenciano, a lo que Enagás respondió que una vez finalizadas las obras, en la zona ocupada temporalmente (excepto en la franja de servidumbre de cuatro metros) está permitido volver a plantar los naranjos o limoneros arrancados.

En relación con las cuestiones ambientales suscitadas y la evaluación de impacto ambiental del proyecto de instalaciones del citado gasoducto, la Secretaría de Estado de Cambio Climático, del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, ha emitido Resolución, con fecha 5 de noviembre de 2009 («Boletín Oficial del Estado» número 282, de 23 de noviembre de 2009), por la que se adopta la decisión de no someter el gaseoducto a evaluación de impacto ambiental.

El Consejo de Ministros incluyó el proyecto en la «Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016. Desarrollo de las Redes de Transporte» en 2008, al considerarlo como una infraestructura necesaria para la ampliación de la capacidad de transporte y seguridad del sistema gasista.

Fuente: Redacción ambientum.com

El informe del Gobierno desvela que faltaron estudios sísmicos del Castor

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Y. CLARES / R. DANIEL 11/05/2014

Faltaron estudios previos en el proceso de concesión del proyecto Castor. Así lo determina el informe elaborado por el Instituto Geológico Minero y el Instituto Geográfico Nacional, que fue encargado por el Ministerio de Industria después de detectarse sismos de gran magnitud en el Maestrat. El documento indica que la actividad gasista “ha acelerado un proceso sísmico, ya existente en la zona, y que no estaba previamente caracterizado”.

Además, considera que el origen no se halla en la falla de Amposta, como se pensaba en un principio, sino en otra diferente no cartografiada “para la que hubiera hecho falta un estudio específico para su identificación, a cargo de geólogos con experiencia en sismotectónica”. También se hace referencia a la necesidad de elaborar nuevos análisis para profundizar en esta cuestión.

Según el texto, “todo indica que el origen de la serie sísmica tiene una relación directa con la inyección de gas al proyecto Castor”. La conclusión final asegura que “la sismicidad inducida es el resultado de la actividad gasista que, a su vez, ha acelerado un proceso sismotectónico con acumulación de esfuerzos ya existente en la zona”.

En este sentido, según el actual Mapa de Peligrosidad Sísmica de España, la zona en la que está situada la plataforma se corresponde “con el valor más bajo” de peligro. Aunque el mismo informe también afirma que “el impacto de sismicidad inducida no se tiene en cuenta en estos mapas”, por lo que “se debería estudiar para el caso de emplazamientos que puedan generarla”.

TERREMOTOS // Aunque la inyección de gas en el Castor se inició el pasado mes de junio, hasta el 5 de septiembre no se registró ningún seísmo. Pero entre esta fecha y el 15 de octubre se produjeron 512 movimientos, 15 de ellos sentidos y que llegaron a los 4,2 grados de magnitud en la escala de Richter. El dosier reza que “es habitual que en las series sísmicas que se producen en zonas donde la población no está acostumbrada a sentir terremotos, inicialmente se reciben muy pocas encuestas” e incluso “como en este caso, el Ayuntamiento no tenía constancia de que hubieran sido sentidos”. Según el informe, esto se debe “a que las pequeñas vibraciones, balanceos o ruidos se atribuyen al paso de un camión, a un golpe en la casa de un vecino o a problemas de salud”.

Los alcaldes de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola mostraron a este diario su rechazo a que la planta retome su trabajo. Tras la publicación del informe, el Ministerio de Industria todavía no se ha pronunciado. H