Tag Archives: ministro de industria

Desmantelar el Castor: 143 millones

FUENTE

RAMON OLIVARES RUIPÉREZ 29/06/2014

La renuncia de Escal UGS a gestionar el almacén de gas subterráneo Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs, abre la puerta a una posibilidad hasta ahora prácticamente insospechada, aunque largamente demandada por muchos sectores sociales: el desmantelamiento de la instalación. Esto tendría un coste de al menos 143 millones de euros, según se recoge en el Real Decreto 855/2008, aprobado el 16 de mayo de aquel año y firmado por el anterior ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.

Esta provisión podría ser insuficiente para llevar a cabo el desmantelamiento, habida cuenta del incremento de costes que registró la construcción de la infraestructura. Esta es una hipótesis en medio de un proceso de renuncia que todavía está dando sus primeros pasos, pero en el cual el actual ministro de Energía, José Manuel Soria, ya ha reconocido que el Estado deberá pagar la indemnización.

El PSC propone instalar la polémica planta de gas en Tortosa

FUENTE

El ex alcalde de Tortosa y senador socialista Joan Sabaté propuso ayer al ministro de Industria, Joan Clos, que estudie la posibilidad de instalar la polémica planta de tratamiento de gas de Vinaròs (Castellón) en un polígono industrial de Tortosa (Baix Ebre). La propuesta, que desconocía el actual alcalde de la ciudad, Ferran Bel (CiU), fue rechazada ayer mismo por los socios republicanos del PSC en la Entesa Catalana de Progrès que, como grupo, no asumió la iniciativa. Clos se comprometió a consensuar con los entes locales y las comunidades autónomas el polémico proyecto Castor, que prevé un depósito submarino de gas frente a las playas de Vinaròs y una planta para tratarlo a 1,5 kilómetros del casco urbano de la vecina población de Alcanar (Monstià).

Clos justificó la necesidad de construir este complejo por la baja capacidad de España para almacenar gas y alertó de un posible aumento en la tarifa de los precios para los consumidores en “momentos de escasez”. Ante esta situación, el ministro de Industria defendió la idoneidad de utilizar un antiguo pozo petrolífero que estuvo en explotación hasta finales de los años ochenta al sur del delta del Ebro para almacenar gas en una instalación que estaría situada unos 20 kilómetros mar adentro, frente a las costas de Vinaròs y Alcanar.

Impacto visual

Pero no es este depósito submarino el que ha despertado más rechazo social en la zona, sino la planta de transformación del gas, que se prevé construir junto al río Sènia, que divide las demarcaciones de Tarragona y Castellón, en el lado valenciano pero pegado al núcleo urbano de Alcanar. El ministerio, en una reciente reunión con los grupos municipales de esta localidad, se comprometió a estudiar nuevos emplazamientos más al interior, para evitar que las 18 hectáreas que ocuparía tenga un impacto visual negativo para una zona centrada en desarrollar la industria turística. Joan Sabaté aseguró que este impacto no se daría en el polígono industrial Catalunya Sud, a caballo entre las localidades de L’Aldea y Tortosa, a la vez que aseguró que la planta crearía un centenar de puestos de trabajo directos y medio millar más de indirectos.

Ante esta propuesta, que Clos aseguró que estudiará, el alcalde de Tortosa se mostró indignado. El convergente Ferran Bel enmarcó la propuesta de Sabaté dentro del “juego preelectoral y para buscarse un sitio en las listas a Madrid”. “Él ha sido alcalde durante ocho años y sabe perfectamente que si se quiere llevar adelante una propuesta no se plantea así, a escondidas”, añadió el primer edil de Tortosa. Tanto ERC como CiU se mostraron contrarias a esta nueva ubicación del proyecto Castor. “Se ha tirado a la piscina sin agua”, añadió el senador republicano Lluís Aragonès.

¿Por qué tiembla Castor?

FUENTE

En el último mes se han registrado más de 300 seísmos en la costa de Castellón y de Tarragona. Entre la 1.00 horas y las 8.00 de este jueves, se registraron los (hasta ahora) 25 últimos, dos de ellos de una magnitud 4,1 en la escala de Richter y, en la madrugada del miércoles, uno de ellos alcanzó los 4,2 grados.

Los expertos geólogos afirman que se deben a la “sismicidad inducida” por el polémico proyecto Castor. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado que se paralizarán nuevas inyecciones de gas mientras no se garantice la “seguridad total” de la población y la Diputación de Castellón ha anunciado que emprenderá acciones legales contra los ex ministros socialistas, a los que hace responsables de “la tramitación y la adjudicación” de la concesión de almacenamiento subterráneo del proyecto Castor.

¿Qué es?

El proyecto Castor es un almacén subterráneo de gas natural situado a 22 kilómetros de la costa, frente a Vinaroz, en Castellón, que aprovecha un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar. El gas se recoge de la red nacional de gasoductos en una planta costera y llega a través de un conducto hasta la plataforma marítima, desde la que se bombea hasta la cavidad natural submarina que hace de depósito y donde permanecerá hasta que precise ser utilizado.

¿Para qué sirve?

La finalidad del almacén es contribuir a regular el suministro de gas y asegurar las existencias mínimas en el país. Permitiría almacenar el equivalente a un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días o, lo que es lo mismo, el suministro necesario para abastecer a cinco millones de valencianos durante tres meses. La capacidad de almacenamiento es importante para garantizar el suministro en un país como España, que importa prácticamente la totalidad de su consumo. Este tipo de almacenamiento permite al sistema gasista español hacer frente a puntas de consumo o a interrupciones en el suministro, entre otras eventualidades, explican desde Enagás.

El proyecto

Con un coste máximo reconocido de 1.272 millones de euros, el desarrollo de la infraestructura se concedió a Escal UGS, propiedad en un 66,6% del grupo ACS. Esta cantidad irá con cargo a la tarifa del gas durante 20 años a partir de su entrada en funcionamiento. Si el proyecto no sale finalmente adelante, en Escal advierten que “el Estado tendría que asumir el coste completo auditado del proyecto, funcione o no”.

En julio de 2010 ‘desembarcaba’ la plataforma en la costa de Castellón. En octubre de ese mismo año se perforaban los primeros sondeos para la construcción del almacén y entre enero de 2011 y febrero de 2012 se construía el gasoducto que une la planta terrestre con la plataforma marina.

¿Qué impacto tendrá en los precios del gas?

Según fuentes del sector, una vez que el almacen entre en funcionamiento su coste comenzará a reflejarse en la factura del consumidor, con un impacto estimado próximo al 6% anual.

¿En qué punto está el proyecto?

Se necesitarían unos seis meses seguidos para inyectar los 1.300 millones de metros cúbicos del gas denominado de trabajo o útil, que se puede extraer cuando la demanda lo requiera. Junto a este, existe un denominado ‘gas colchón’ que queda atrapado entre los poros y que, aunque no es útil, es necesario para que la instalación funcione. El pasado 14 de junio comenzaron los trabajos para el llenado de este ‘gas colchón’ y se han inyectado ya 100 millones de metros cúbicos del total de 600 millones de ‘gas colchón’ necesario, con casi un año de retraso sobre los plazos previstos inicialmente.

El 13 de septiembre comenzaron a registrarse temblores y el 26 el Ministerio de Industria orden la paralización de esa actividad, aunque desde la planta se informó de que desde el día 16 ya había cesado debido a su planificación normal de trabajo.

[foto de la noticia]

¿Cuál es el problema?

Desde el pasado 13 de septiembre se han experimentado más de 300 seísmos en la costa de Castellón y Tarragona, la mayoría de baja intensidad con un pico máximo de una magnitud de 4,2 en la escala Richter. Expertos geólogos afirman que se deben a la “sismicidad inducida” por el proyecto Castor, provocada por la inyección de gas en la roca, aunque no hay consenso acerca de sus riesgos y evolución.

El almacenamiento se realiza inyectando el gas en “una roca caliza”, que acumula energía de manera natural por los procesos de dinámica de la Tierra y que se libera a través de ondas sísmicas, explica Luis Suárez, presidente del Colegio de Geólogos, por lo que hay “indicios racionales” sobre la relación entre la inyección de gas y los temblores, un vínculo sobre el que “no hay ninguna duda”, denuncia Ecologistas en Acción. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha admitido también que podría haber una relación entre las inyecciones de gas y los terremotos.

Según el mapa geotectónico del Instituto Geológico y Minero, la plataforma de inyección de gas está situada justo sobre una falla activa de más de 50 kilómetros de longitud.

Reacciones

Los grupos ecologistas manifestaron su oposición al proyecto en 2008 ante las carencias del informe de impacto ambiental. Ecologistas en Acción han pedido la paralización del proyecto. A nivel político, IU ha reclamado la “paralización inmediata” de la actividad del Proyecto Castor y ha pedido la comparecencia urgente en el Parlamento del ministro de Industria, José Manuel Soria, mientras que CiU ha pedido la comparecencia en el Congreso de los secretarios de Estado de Medio Ambiente y de Energía. Por su parte, la diputada de EU en las Cortes Valencianas Marina Albiol ha pedido a la Generalitat que inicie “acciones legales” contra la empresa Escal UGS.

Otros almacenes subterráneos

En España hay otros cuatro almacenes subterráneos de gas: Serrablo, en Huesca, en funcionamiento desde 1989; Gaviota, frente a la costa de Bermeo (Vizcaya), activo desde 1994; Yela, en Guadalajara, inaugurado en 2012; y Marismas, en Huelva.

*Con información de Miguel G. Corral y Víctor Martínez

El marido de Cospedal participará en la construcción del cementerio nuclear de Castilla-La Mancha

FUENTE

López del Hierro fue ascendido hace dos meses a la Comisión Ejecutiva de la empresa adjudicataria, filial de Iberdrola. La empresa pública responsable del concurso está presidida por un hombre de máxima confianza de la secretaria general del PP.

ANA PARDO DE VERA Madrid 22/03/2013 22:02 Actualizado: 23/03/2013 09:42

Este miércoles se resolvió una duda y se confirmó una sospecha en Castilla-La Mancha. La primera despeja el nombre de las empresas que se encargarán de la construcción del controvertido Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, finalmente asignado a Villar de Cañas (Cuenca). La segunda da la razón a varios sectores sociales de la región que, como la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, advirtieron hace tiempo de que la presidenta María Dolores de Cospedal quiso traerse el cementerio nuclear a la Comunidad Autónoma por intereses relacionados “con el paso de su marido desde el sector de la construcción al eléctrico; este último, con evidentes conexiones con el cementerio nuclear”, aseguraban responsables de la Plataforma en redes sociales y medios locales. A este punto sumaban el nombramiento de Franciso Gil-Ortega como presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), “entidad pública [20% Sepi y 80% Ciemat] responsable de la gestión de todos los residuos radiactivos que se generan en España”. Gil-Ortega ha sido ex alcalde de Ciudad Real, ex diputado regional del PP y ex vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y es hombre de la máxima confianza de Cospedal. El ministro de Industria, José Manuel Soria, de quien depende el nombramiento de la cabeza de Enresa, le cedió la elección a la secretaria general del PP y presidenta autonómica, principalmente porque la responsabilidad estrella de la entidad pública es el ATC de Villar de Cañas, “que gestionará de forma conjunta los residuos radiactivos de alta actividad de todas las centrales nucleares españolas“, recoge la Sepi. Gil-Ortega carece de experiencia alguna en el sector.

Ascenso raudo en ocho meses

Efectivamente, Enresa anunció el pasado día 20 que ya estaban adjudicados los concursos para la construcción del ATC por un importe total de 23,7 millones de euros, por debajo de los 37,21 millones marcados como máximo. Una de las empresas beneficiarias es Iberinco, filial de Iberdrola y de la que es consejero ejecutivo Ignacio López del Hierro desde el 31 de enero de 2013, tal y como recogió el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORM) el 11 de febrero. Ocho meses antes, había sido nombrado consejero raso de Iberinco.

Concretamente, Iberdrola Ingeniería (Iberinco) participa en dos de los tres lotes del concurso por un importe de seis millones de euros, según informó Europa Press en un teletipo del día 20, citando fuentes cercanas a una elección cuyo resultado se materializará en contratos el 30 de abril: el Lote 2, al que corresponde la Ingeniería del Módulo del Almacén de Bultos de Residuos de Media Actividad (2,8 millones) y el Lote 3, correspondiente a la Ingeniería del Almacén de Espera de Contenedores (3,2 millones), fueron adjudicados al consorcio formado por Iberinco y Gas Natural Engineering.

El lote 1 del concurso, correspondiente a la Ingeniería Principal (17,7 millones), se asignó a otro consorcio formado por tres empresas (Westinghouse, Técnicas Reunidas y Ghesa); se quedó fuera de la construcción del ATC la empresa IDOM, que concurrió en solitario al concurso. Esta compañía construyó el Almacén Temporal Individualizado (ATI) para la central nuclear de Ascó y, en la actualidad, tiene en proceso el ATI de Garoña.

El Gobierno da alas al ‘fracking’

FUENTE

Un proyecto de ley fija el control ambiental del polémico sistema para lograr gas pizarra

Los empresarios anuncian inversiones de entre 700 y 1.000 millones de euros

El Gobierno ya se ha puesto manos a la obra para dar cobertura legal al polémico fracking, nombre con el que se conoce la extracción de gas no convencional mediante fracturación hidráulica. El Consejo de Ministros aprobó el 1 de marzo un anteproyecto de ley sobre sistemas eléctricos en el que incluyó un apartado de control ambiental para esta técnica. Será obligatorio someter esos proyectos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Este viernes, solo 15 días después, el anteproyecto ya era proyecto de ley y empezaba su tramitación.

Medio centenar de Ayuntamientos de Cantabria y Castilla y León escribieron en enero al ministro de Industria, José Manuel Soria, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, para trasladarle su “preocupación” por el impacto que los estudios de fracking podían tener en el medio ambiente de sus territorios y “en la salud de sus vecinos”. Soria contestó a finales de febrero y dejó clara su postura: “Este ministerio considera que esta técnica debe ser permitida” siempre que se cumplan las medidas de protección del medio ambiente y las personas. Para tranquilizar a los municipios, añadía que las empresas deberán constituir seguros de responsabilidad civil “para hacer frente a eventuales incidentes”.

foton

El grupo Popular en el Congreso también ha propuesto recientemente la implantación de un tributo que grave la extracción de hidrocarburos en España para financiar con esos ingresos a las comunidades y Ayuntamientos donde se ubiquen los yacimientos. La oposición y las organizaciones ecologistas lo interpretan como el intento de ofrecer un aliciente económico a los municipios o regiones reticentes.

El fracking es adorado y temido con igual intensidad. Para unos, esta técnica de obtención de gas pizarra (shale gas en inglés), convertirá inútilmente a España en una especie de queso gruyer. Para otros, es la oportunidad de oro de un país que importa el 99% de los hidrocarburos que consume. Emularía así a Dakota del Norte (EE UU), uno de los Estados líder en su explotación. Las mayores críticas al fracking están relacionadas con un aumento de episodios sísmicos, riesgo de filtraciones de gas metano a los acuíferos, dudas sobre la composición de los productos químicos y el excesivo gasto de agua. El documental Gasland, ganador del premio especial del jurado en el festival de Sundance, muestra los efectos en los acuíferos en zonas de EE UU plagadas de pozos de fracking con imágenes impactantes de granjeros que prenden fuego con un mechero al agua que sale de sus grifos.

Los avances de la técnica —que comenzó a usarse en Estados Unidos hace 40 años— y el tremendo interés que demuestran las empresas del sector por usarla a España genera grandes temores medioambientales y muchas expectativas. España tiene, según cálculos del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, recursos de gas no convencional para 39 años de consumo.

Ni si quiera esas expectativas convencen a todos. El diputado socialista Hugo Morán, secretario federal de ordenación del territorio y sostenibilidad, cree la mayoría de los municipios afectados no lo ve el sistema con buenos ojos. “Es muy fácil acceder, a través de Internet, por ejemplo, a estudios rigurosos sobre sus efectos”, subraya. “El lobby ya está actuando”, aporta el geólogo Julio Barea, responsable de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace España. “Los empresarios han creado la plataforma Shale Gas para contraargumentar todo lo que vamos diciendo”, incide. Laia Ortiz, diputada de la coalición Izquierda Plural, critica que el boom del fracking esté paralizando todas las energías renovables: “Es una postura miope, son los últimos coletazos para aprovechar unos recursos finitos”.

Claves de una técnica controvertida

¿Qué es? La fractura hidráulica, o fracking, consiste en romper rocas que albergan los hidrocarburos (gas o petróleo) mediante la inyección a alta presión de un compuesto de agua (99,5%), arena y productos químicos. Se perfora entre los 2.000 y 6.000 metros de profundidad.

Los avances de los últimos años permiten exprimir los restos de la esponja gasística y petrolera. Dentro del gas no convencional, se encuentra el shale gas (de pizarra), el tight gas (se extrae de arenas compactas) y el coal bed methane (metano del manto de carbón).

Expectativas en España.Las zonas con mayor potencial para extraer gas de pizarra son, por orden de expectativas de las empresas: la Cuenca Vasco-Cantábrica (donde ya se han realizado 202 sondeos de exploración y se estima la existencia de 1,08 billones de metros cúbicos de gas no convencional), el Macizo Cantábrico (con dos sondeos y una previsión de 381.000 millones de metros cúbicos), la Cuenca Surpirenaica (en la que se ha perforado 63 veces y se presume un almacenamiento de 263.000 milones de metros cúbicos) y la Cordillera Ibérica (con 18 sondeos y 95.000 millones de metros cúbicos).

Los últimos datos del sector contabilizan 70 permisos de investigación vigentes y otros 75 pendientes de otorgar, 47 de ellos ante las comunidades autónomas. Este interés por el subsuelo español no se había visto desde los años setenta. Los permisos son genéricos, de “investigación de hidrocarburos”, pero la mayoría prevé utilizar el fracking para obtenerlos.

El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas ha presentado esta semana un estudio que aconseja no perder este tren energético. Uno de los dos coautores, el catedrático Fernando Pendás, tiene la doble vertiente de empresario del sector. Las nueve compañías de investigación, exploración y producción de hidrocarburos, agrupadas en la asociación Aciep, han anunciado inversiones privadas de entre 700 y 1.000 millones. El sector insiste en que la sociedad debe conocer “la realidad tecnológica, las medidas de seguridad y los beneficios”. Los cálculos de los empresarios traducen el “espectacular” botín gasístico a 700.000 millones de euros, en función de los precios actuales de mercado. “Si le sumamos las expectativas de petróleo, valoradas en unos 150.000 millones euros, y todo se confirma en reservas, redondeando la cifra tendríamos casi el PIB de España en un año, que es aproximadamente de un billón de euros. Todo potencialmente en nuestro subsuelo”, afirma Juan Carlos Muñoz-Conde, vicepresidente de Aciep.

“Dicen que Europa no es Dakota del Norte —donde se encuentra la formación rocosa Barnett, la de mayor potencial hoy en día de shale gas—, pero si retrocedemos 300 millones de años, vemos que los continentes estaban juntos y que Europa estaba con Dakota del Norte. (…) Geológicamente somos Dakota del Norte, podemos serlo, hay que vencer todos esos prejuicios”, defiende Enrique Hernández, director técnico de la consultora Gessa, especializada en exploración e investigación geológica y geofísica del subsuelo, y autor de un informe encargado por el sector.

El espejo de Estados Unidos ofrece dos imágenes. Por un lado, la extracción de gas no convencional ha logrado dinamizar la economía, crear empleo y disponer de gas al 20% del precio que se paga en Europa. Por otro, varios informes, como el publicado en 2011 por la universidad estadounidense de Cornell, inciden en que la emisión de gases de efecto invernadero en explotaciones de gas pizarra es mayor que en yacimientos convencionales, incluso que en las de carbón.

Los detractores del fracking insisten en que, a pesar de las expectativas geológicas, España no tiene ni la legislación de EE UU —donde el subsuelo es propiedad privada y no del Estado— ni la demografía. “No es casual que la explotación en ese país se concentre en zonas despobladas e incluso desérticas. Encontrar espacios no habitados similares es algo excepcional en España y la mayor parte de la UE”, señala el diputado Morán. Los permisos de investigación concedidos hasta ahora para detectar hidrocarburos en España facultan a su titular para sondear, en exclusiva y en una superficie determinada, la existencia de petróleo o gas. Aún no hay ninguno de gas pizarra en fase de explotación.

El debate sobre el fracking llegó al gran público en 2011 cuando el entonces lehendakari vasco, Patxi López (PSE), anunció por todo lo alto que en Euskadi se había encontrado una reserva de gas pizarra equivalente a cinco veces el consumo anual de toda España. Su Ejecutivo respaldó el proyecto, llamado Gran Enara, a través de la sociedad pública Hidrocarburos de Euskadi. El Gobierno de Iñigo Urkullu (PNV) le puso freno nada más ganar las elecciones. La fuerte contestación social en Álava hizo incluso que varios municipios se declarasen “zona libre de fracking”. Prácticamente cada semana se constituye una nueva organización ciudadana en algún punto del país contra la técnica.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético nació al calor de la protesta del alcalde de Albuquerque (Badajoz), Ángel Vadillo, por la supresión de las primas a las energías renovables. Ahora cuenta con el apoyo de 64 organizaciones y más de 600 personas que, según su portavoz, José Vicente Barcia, se preguntan “por qué España incentiva estas tecnologías en lugar de hacerlo con las energías renovables”. Y apunta: “¿Por qué Alemania, un país con mucho menos sol, tiene un parque de energía solar mucho más extenso que el nuestro?”. La plataforma se presentó en la puerta del Club Financiero Génova, donde la asociación Aciep ofreció su rueda de prensa, “con el fin de mostrar que la sociedad civil rechaza esta práctica porque contribuye al cambio climático, tiene un gravísimo impacto ambiental, contamina los acuíferos y pone en peligro la vida de las poblaciones cercanas”.

Europa carece de una legislación común sobre los requisitos ambientales que requiere este controvertido método de extracción de hidrocarburos, y no parece que vaya a tenerla en breve. La división entre países, e incluso entre comisarios de unas áreas y otras, es evidente. Francia, Irlanda o Bulgaria han impuesto moratorias al fracking. Polonia apuesta decididamente por este método. “Va a ser difícil conseguir una armonización”, pronostica el eurodiputado por ICV Raül Romeva. “El comisario Oettinger, de Energía, es defensor a ultranza con el argumento de la soberanía energética, pero Potocnik, el comisario de Medio Ambiente, dice ‘cuidado’, y alerta de que hay demasiadas incertidumbres y de que no está claro que los beneficios económicos compensen”.

Hasta ahora, los informes pedidos tanto por la Comisión Europea como por el Parlamento han mostrado conclusiones divergentes. Uno de ellos, de enero de 2012, afirmaba que no es necesaria más regulación ambiental. En cambio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en noviembre pasado en la que le dice a la Comisión que debería “complementar y extender la legislación medioambiental europea”. El comisario Potocnik declaró también en noviembre que la UE no tiene competencias para declarar una moratoria en toda la Unión, pero anunció que se abría un periodo de consultas sobre el fracking, aún en vigor, para que organizaciones y particulares puedan hacer sugerencias