Desmantelar el Castor: 143 millones

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RAMON OLIVARES RUIPÉREZ 29/06/2014

La renuncia de Escal UGS a gestionar el almacén de gas subterráneo Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs, abre la puerta a una posibilidad hasta ahora prácticamente insospechada, aunque largamente demandada por muchos sectores sociales: el desmantelamiento de la instalación. Esto tendría un coste de al menos 143 millones de euros, según se recoge en el Real Decreto 855/2008, aprobado el 16 de mayo de aquel año y firmado por el anterior ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.

Esta provisión podría ser insuficiente para llevar a cabo el desmantelamiento, habida cuenta del incremento de costes que registró la construcción de la infraestructura. Esta es una hipótesis en medio de un proceso de renuncia que todavía está dando sus primeros pasos, pero en el cual el actual ministro de Energía, José Manuel Soria, ya ha reconocido que el Estado deberá pagar la indemnización.

Castellón denunciará a los ex ministros socialistas por la tramitación del Proyecto Castor

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jueves 03/10/2013

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha anunciado este jueves que la corporación provincial emprenderá acciones legales “contra los ex ministros responsables de la tramitación y la adjudicación de la concesión de almacenamiento subterráneo del proyecto Castor en el caso de que haya indicios de negligencia en el proceso llevado a cabo por el Gobierno de España entre 2008 y 2010”.

Moliner ha apuntado a Cristina Narbona, Elena Espinosa, Miguel Sebastián y Joan Clos por sus distintas responsabilidades en el proyecto.

Así lo ha hecho público el presidente de la Diputación tras conocer que existe una “relación directa” entre los seísmos que se están produciendo frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y la inyección de gas en la zona.

“La Diputación exigirá responsabilidades legales a los ministros responsables de las autorizaciones si los inspectores que están examinando las instalaciones determinan que no se daban las garantías suficientes, ni las condiciones, para la autorización concedida por el Gobierno en 2010″, ha asegurado Moliner.

La Diputación ha subrayado que el informe de impacto ambiental “no tenía ningún condicionamiento sobre problemas sísmicos”, según ha apuntado en un comunicado. El presidente de la corporación ha asegurado que la obligación es “estar al lado de los vecinos de los municipios afectados por los seísmos, especialmente si la situación de tensión que están viviendo es fruto de la negligencia del Gobierno que impulsó y autorizó este proyecto”.

La corporación ha indicado que el procedimiento administrativo que llevó a la concesión de la licencia, que era de competencia “exclusiva” del Gobierno Central, “fue iniciado en 2007, bajo la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y con los ministros Joan Clos y Cristina Narbona al frente de las carteras de Industria y Medio Ambiente respectivamente”.

Asimismo, ha añadido que las primeras concesiones y licencias “llegaron con el visto bueno del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa, desde el 16 de mayo de 2008 hasta el 10 de junio de 2010, también bajo el Gobierno del presidente socialista Rodríguez Zapatero”.

‘Me parece gravísimo’

A juicio de Moliner, “me parece gravísimo que no se tuviesen en consideración las posibles afecciones sísmicas y que ahora estemos sufriendo decenas de terremotos cada día. Son los técnicos los que están investigando el problema y los que tienen que decidir cuál es la solución, pero que nadie dude que exigiremos todas las responsabilidades penales que pudiesen derivarse de la mala gestión de esta concesión”, ha advertido.

La Diputación también ha recalcado que el procedimiento administrativo del Gobierno entre 2008 y 2010 incluyó la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo Castor mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que dirigía Miguel Sebastián, el 16 de mayo de 2008.

El 11 de noviembre de 2009, la Secretaría de Estado de Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, entonces encabezado por la ministra Elena Espinosa, publicó la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental favorable.

Asimismo, ha añadido que el Ministerio de Medio Ambiente concedió en abril de 2010 la Ocupación de Dominio Público Marítimo Terrestre para las instalaciones marítimas. Tras ello, en junio de 2010, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publicó la Autorización Administrativa y el Reconocimiento de Utilidad Pública del almacén subterráneo, con lo que dio “plena validez al almacén subterráneo frente al litoral castellonense, durante la pasada legislatura”.

“Todo este procedimiento administrativo impulsado desde el Gobierno de España fue auspiciado con el reiterado apoyo y visto bueno de la Subdelegación del Gobierno, bajo la dirección de Antonio Lorenzo, y con el apoyo decidido del Ayuntamiento de Vinaròs, gobernado por el tripartito conformado por el PSOE, los independientes de PVI y el Bloc, que pese a no asumir competencias propició con su voto la alcaldía del socialista Jordi Romeu“, ha recalcado.

¿Quién está detrás del proyecto Castor?

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Los movimientos de tierra que ponen el proyecto Castor contra la pared retumban también bajo los pies de sus propietarios, la española ACS y el grupo canadiense Dundee Energy. En juego hay una inversión millonaria avalada por una gran emisión de ‘project bond’ de 1.400 millones que en estos momentos está al borde de la vía muerta. El 66,7% de Castor pertenece al grupo constructor y de servicios que preside Florentino Pérez -está prevista la venta de la mitad de esta participación a Enagás- y el tercio restante está en manos de Dundee.

Escal UGS es la empresa que se hizo con la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, antiguo yacimiento de petróleo y con capacidad para guardar el equivalente al consumo de gas en España en tres meses. Esta empresa  tenía 1.518 millones de activos en 2012, según consta en la memoria de ACS.

El exministro de Industria, Miguel Sebastián, fue quien concedió la explotación a Escal UGS Castor por un plazo de 30 años en 2008. La construcción del gaseoducto submarino se hizo en principio gracias a un préstamo sindicado liderado por Banesto en julio de 2010 por 1.285 millones. La filial de Banco Santander invitó a participar en la línea de financiación al propio Santander, a Bankia, a Crédit Agricole y a Société Générale, bancos todos ellos de cabecera de ACS. El tipo de interés se fijó en Euribor más 300 puntos básicos.

Este verano, en plena mejora de la prima de riesgo y con la ventana de liquidez en Europa abierta de par en par, Escal UGS salió al mercado con una emisión de bonos con garantía del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para sustituir al préstamo liderado por Banesto tres años antes. La colocación por 1.400 millones fue un éxito. Los nuevos bonos, respaldados por el BEI con una aportación de 200 millones, sustituyeron la deuda bancaria.

Dos meses después de la operación, el proyecto Castor está totalmente en entredicho. La agencia de calificación Fitch ha puesto en perspectiva negativa los 1.400 millones emitidos -de los cuales un 80% están en manos de inversores extranjeros- y tanto ACS con Dundee se plantean renunciar a la concesión a cambio de recibir una indemnización equivalente al valor neto contable.